Gobierno y PNUD coordinan apoyo técnico para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, se reunió con la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, para coordinar el apoyo y la asistencia técnica del organismo internacional al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 de Bolivia.

El encuentro se realizó en el marco del viaje de la comisión boliviana a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Según el Ministerio de la Presidencia, el plan busca fortalecer la eficiencia del gasto público y acelerar la reducción de la pobreza mediante tres líneas de trabajo.

La primera está orientada a la optimización del Plan de Desarrollo y la eficiencia del gasto público. Para ello, el Gobierno prevé definir metas sectoriales de reducción de la pobreza a partir de la construcción de un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional o del indicador regional elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el PNUD.

A partir de los datos de la Encuesta de Hogares, se proyectará el impacto de las políticas sociales, los recursos necesarios para alcanzar las metas y las alternativas de inversión que permitan obtener mayores resultados con el mismo presupuesto.

La segunda línea plantea una nueva arquitectura social y la sostenibilidad de los avances en la reducción de la pobreza. La estrategia contempla fortalecer las capacidades de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, impulsar la productividad de los sectores de menores ingresos y fortalecer a las micro y pequeñas empresas.

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También se prevé ampliar el acceso a las oportunidades vinculadas con la transformación digital y garantizar que la transición energética no genere nuevas brechas sociales.

La tercera línea tiene como eje la creación de un Registro Social Único (RSU), que permitirá identificar y priorizar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, con el objetivo de orientar de manera más eficiente la oferta social y la inversión pública.

Como punto de partida para la implementación del registro, el Gobierno plantea utilizar la información del Censo de Población y Vivienda de 2024 para identificar y localizar a los hogares que requieren atención prioritaria.