El diésel a Bs 17,95 y la estrategia del shock

El Gobierno de Rodrigo Paz aplicó una decisión económica que debe analizarse por el precio del combustible y por la forma en que fue comunicada. Primero apareció el anuncio de un diésel de Bs 18 para grandes consumidores y, cuando todavía se esperaba que el ajuste general llegara en enero de 2027, el Decreto Supremo 5716, del 18 de septiembre, llevó el precio a Bs 17,95 para todos. La sorpresa amplificó el impacto.

El incremento desde Bs 9,80 hasta Bs 17,95 representa alrededor de 83%. No es una modificación menor, sino un shock sobre un insumo transversal. El nuevo esquema incorpora el Precio de Paridad de Importación y una banda vinculada al mercado internacional. El precio deja de ser solamente una decisión interna y queda más expuesto a variaciones externas. Puede corregir distorsiones, pero también introduce incertidumbre económica.

Lo llamativo ocurrió después. En un país acostumbrado a responder con bloqueos, marchas y paros frente a los combustibles, inicialmente no apareció una movilización nacional de la magnitud esperada. Esto no implica aceptación. Puede existir cansancio social, temor al costo económico, fragmentación de intereses o espera de resultados. La reacción todavía está en construcción y sería prematuro confundir silencio con conformidad social.

Bolivia viene de una conflictividad excepcional. Entre mayo y junio se registraron 53 días de bloqueos, con efectos sobre circulación y actividad económica. La Defensoría documentó afectaciones a derechos fundamentales, mientras el Gobierno estimó pérdidas superiores a Bs 14.000 millones. Después de semejante desgaste, repetir inmediatamente una estrategia de presión puede resultar más difícil. Los sectores conocen cuánto cuesta paralizar Bolivia.

También importa cómo se distribuyó el ajuste. El Gobierno llevó el diésel a Bs 17,95, mientras la gasolina quedó bajo otro esquema. Esta diferencia afecta de manera desigual a transportistas y usuarios. Quienes operan con diésel enfrentan un incremento directo, mientras otros mantienen temporalmente otra estructura. Sin atribuir una intención deliberada de dividir al transporte, el ajuste puede generar intereses sindicales diferentes.

El transporte ofrece un ejemplo claro. Cuando un conductor debe asumir un incremento superior al 80% en su principal combustible, mantener la misma tarifa resulta difícil. Pero subirla tampoco garantiza una solución, porque los pasajeros tienen ingresos limitados. Aparece una tensión entre costos y demanda. Algunos operadores trasladarán parte del aumento; otros pueden absorberlo. La competencia entre modalidades y rutas puede cambiar.

El precio de Bs 17,95 no debe observarse únicamente desde el surtidor. La estructura incorpora importación, transporte, almacenamiento, distribución, tributos y otros costos. La nueva lógica pretende acercar el mercado al costo real interno y reducir la carga fiscal de la subvención. Una ventaja es que futuras variaciones internacionales podrían trasladarse mediante el mecanismo establecido. Dependerá de la banda y evolución externa.

El problema aparece cuando el shock llega a sectores con márgenes estrechos. Una pequeña empresa de transporte en una ruta baja demanda puede no trasladar todo el aumento al pasajero. Si eleva la tarifa, pierde usuarios; si mantiene el precio, reduce su margen; y si los costos superan sus ingresos, puede reducir frecuencias o abandonar. La misma lógica puede afectar a contratistas, distribuidores, ladrilleras e industrias.

La construcción puede convertirse en un canal visible. El diésel encarece el movimiento de maquinaria, áridos, cemento, ladrillos, acero y otros materiales. Pero una obra no puede aumentar indefinidamente su precio porque el comprador también enfrenta restricciones presupuestarias. Si las familias postergan viviendas, las empresas retrasan inversiones y el Estado reduce proyectos, la cadena puede afectar producción y empleo.

En la agricultura el impacto puede ser delicado. En el oriente, productores pequeños deben decidir cuánto sembrar cuando ya enfrentaban márgenes estrechos. En el occidente, donde las superficies son menores, un aumento de la maquinaria por hora puede pesar más. El productor puede intentar elevar su precio, pero no controla el mercado. Si el consumidor no puede pagar, el mayor costo reduce la rentabilidad. La próxima campaña mostrará esta factura.

El Gobierno anunció mecanismos de compensación y apoyo productivo para amortiguar el ajuste. Pueden aliviar hogares y pequeñas actividades, pero no eliminan el aumento estructural. La cuestión será qué ocurre con los recursos destinados a la subvención. Si el ahorro fiscal permite reducir el déficit, mejorar servicios, invertir y transparentar el gasto, habrá retorno concreto. Si solamente cambia quién paga la factura, el conflicto económico continuará.

Existe además una paradoja. Un precio más cercano al costo internacional puede reducir incentivos al contrabando y disminuir la presión fiscal, pero expone a Bolivia a volatilidad externa. Si aumentan las cotizaciones por tensiones externas, el mecanismo podría transmitirla al mercado interno. Si bajan, los consumidores deberían beneficiarse. La credibilidad dependerá de que las reglas funcionen en ambos sentidos y sean aplicadas con transparencia.

Por eso, el silencio de estos días merece una lectura prudente. No demuestra que la sociedad haya aceptado el ajuste, pero tampoco permite afirmar que una explosión social sea inevitable. El país está observando cuánto costará producir, transportar, construir, cultivar y consumir con el nuevo precio. La protesta puede reaparecer cuando los efectos lleguen a los bolsillos, si aparecen alzas, desabastecimiento o problemas de tarifas. Todavía existe una incertidumbre abierta.

El Gobierno consiguió imponer rápidamente dos modificaciones en precios de carburantes en menos de un año, que durante años parecía difícil. Ahora comienza la parte compleja: demostrar que el sacrificio tiene un propósito económico verificable. El diésel a Bs 17,95 no es solamente un precio nuevo; es el traslado de parte de la factura desde el Estado hacia empresas, productores, transportistas y familias. La pregunta no es cuánto cuesta el litro, sino quién absorberá el costo y qué recibirá Bolivia a cambio de este ajuste.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.