ATT: ¿Tarifas técnicas o decisiones políticas?

Las entidades reguladoras fueron creadas para proteger el interés público, establecer reglas y evitar abusos de los operadores. Sin embargo, cuando una institución fiscalizadora adopta decisiones sin publicar la información que las respalda, su credibilidad queda en entredicho. Recibir recursos del Tesoro General del Estado no convierte a un regulador en brazo operativo del Poder Ejecutivo ni le permite justificar favoritismos políticos o empresariales.

El problema no se limita a quién dirige estas instituciones, sino a cómo ejercen sus atribuciones y qué información ofrecen de manera oportuna a la sociedad. Una regulación seria exige estudios verificables y cálculos revisables. Con informes incompletos o datos desactualizados, la ciudadanía debe aceptar medidas que afectan su bolsillo sin conocer sus fundamentos. La transparencia es una condición indispensable para rendir cuentas de manera pública y efectiva.

Uno de los asuntos que requiere explicación es la situación financiera de las cooperativas de telecomunicaciones. Durante años solicité información mediante diez cartas dirigidas a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). ¿Qué información recibieron los socios sobre sus aportes, que en muchos casos rondaron los 1.200 dólares por certificados? También corresponde saber qué fiscalización se aplicó y con qué resultados concretos para los socios.

Si los estados financieros no estuvieron disponibles de manera pública, completa y actualizada durante años, no basta con alegar que las cooperativas son autónomas y deben resolver sus problemas internamente. Los socios tienen derecho a conocer el patrimonio, las pérdidas, las obligaciones y los riesgos de una entidad que presta un servicio esencial. Si hubo deterioro patrimonial, su magnitud debe establecerse con documentos auditados y aclararse qué autoridades tenían competencia para supervisar cada aspecto. La falta de información no prueba encubrimiento, pero exige respuestas institucionales.

Otro antecedente que merece evaluación documentada es la competencia aérea. Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, empresas privadas como AeroSur y, posteriormente, Amaszonas enfrentaron dificultades en un mercado nacional donde también operaba Boliviana de Aviación (BoA), empresa estatal. Cabe preguntar si la competencia fue equilibrada y si la regulación protegió el interés público. El capital estatal puede alterar las condiciones financieras, pero probar una ventaja desleal exige datos de costos, financiamiento y las condiciones reales del mercado.

El conflicto por las tarifas del transporte terrestre vuelve a poner a la ATT bajo escrutinio ciudadano. Según información pública difundida el 7 de octubre de 2026, la institución propuso un incremento transitorio del 15% en los pasajes interdepartamentales, mientras los transportistas plantearon un ajuste mayor. El diésel pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro: Bs 8,15 más, equivalentes al 83,16%. La pregunta es qué cálculo permite considerar técnicamente adecuado el 15%.

El combustible no representa necesariamente la totalidad de los costos de una empresa de transporte; por tanto, el aumento del 83,16% no debe trasladarse automáticamente al pasaje. Pero anunciar un 15% sin publicar sus fundamentos técnicos y económicos tampoco basta. La ATT debería precisar qué proporción del costo operativo corresponde al combustible, qué rendimiento por kilómetro y ocupación del bus consideró, y cómo calculó mantenimiento, neumáticos, salarios, depreciación, seguros y otros gastos. Sin esos parámetros, los usuarios no pueden evaluar la tarifa ni su efecto en el servicio.

La comparación con diciembre de 2025 también necesita explicación. Entonces se acordó un incremento transitorio del 40% en las tarifas interdepartamentales, después de que el diésel pasara de Bs 3,72 a Bs 9,80 por litro: un aumento de Bs 6,08, equivalente aproximadamente al 163,44%. Ahora el combustible vuelve a encarecerse y la propuesta es del 15%. Los periodos difieren, y los porcentajes no prueban por sí solos un error; aun así, las diferencias deben explicarse con cifras comparables y criterios consistentes.

La ATT no debería limitarse a anunciar una cifra y pedir que el sector la acepte. Debe examinar las estructuras de costos, contrastarlas con datos verificables, escuchar a las partes y justificar públicamente su decisión con argumentos técnicos claros y accesibles. Debe publicar sus criterios, no limitarse a invocar su autoridad. Las referencias internacionales pueden orientar el análisis, pero no trasladarse mecánicamente a Bolivia: varían las carreteras, los precios, la antigüedad de los vehículos y las condiciones de operación.

También debe aclararse cómo incide la diferencia entre los precios de los combustibles. Si ciertos operadores pagan Bs 17,95 por litro de diésel y otros adquieren gasolina a Bs 6,96, la brecha es de Bs 10,99. Eso puede alterar los costos relativos, pero no demuestra por sí solo competencia desleal ni una infracción regulatoria. Hay que comparar vehículos, consumo, capacidad, recorridos, abastecimiento y normas aplicables. Las conclusiones deben derivarse de datos comprobables, no de declaraciones generales.

La calidad de una tarifa depende también de los supuestos empleados: ¿se calcula con un bus moderno o con uno de veinte o treinta años? ¿Qué consumo se asigna a cada ruta, cuántos kilómetros duran los neumáticos y qué frecuencia de reparación se estima? ¿Cómo se incorporan depreciación y costos fijos? ¿Se distingue entre empresas que compran repuestos al por mayor y operadores pequeños? Cada variable modifica el costo por kilómetro y la tarifa final. Una metodología pública permitiría comprobar los cálculos y detectar errores.

La solución no consiste en favorecer al transportista ni en impedir aumentos para proteger al pasajero. Consiste en fijar tarifas justificadas y fiscalizar a los operadores con reglas transparentes. Si considera correcto el 15%, la ATT debe demostrarlo con datos y cálculos reproducibles; si los costos presentados por los transportistas no son razonables, debe identificar y explicar los errores.. La regulación debe servir al ciudadano, no exigirle un acto de fe.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.