domingo 11 de octubre de 2026

Electoral

Día de la Mujer Boliviana: TSE registra 39 renuncias y 12 denuncias por violencia política contra mujeres

Entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026, Santa Cruz reportó la mayor cantidad de renuncias de mujeres en cargos político-públicos, mientras que La Paz concentró más denuncias por acoso y violencia política, según datos del Órgano Electoral.
Una imagen referencial de violencia política. Foto: Fuente Directa
Una imagen referencial de violencia política. Foto: Fuente Directa

En Bolivia, el acceso de las mujeres a los espacios de poder continúa enfrentando obstáculos. Entre el 4 de mayo y la primera semana de septiembre de 2026, se registraron 39 renuncias de mujeres que ejercían funciones político-públicas y 12 denuncias por acoso y violencia política en el ámbito subnacional, informó la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ximena Camacho, en el marco del Día de la Mujer Boliviana.

La autoridad manifestó su preocupación por los datos y señaló que alcanzar la paridad en las candidaturas no garantiza que las mujeres puedan ejercer sus cargos en condiciones de igualdad, autonomía y seguridad.

“No podemos conformarnos con que las mujeres lleguen a los espacios de representación política; debemos garantizar que puedan ejercer sus funciones en condiciones de igualdad, con autonomía y libres de toda forma de acoso, hostigamiento y violencia. La paridad no puede quedarse en las urnas: debe hacerse efectiva en el ejercicio del poder”, afirmó Camacho, según informó Correo del Sur.

Santa Cruz registra más renuncias y La Paz lidera las denuncias

Los datos proporcionados por las secretarías de Cámara de los nueve tribunales electorales departamentales muestran diferencias en la cantidad de renuncias y denuncias registradas en cada región.

Santa Cruz encabeza la lista de renuncias, con 11 casos, seguida de Tarija, con siete; Cochabamba y Oruro, con cinco cada uno; y La Paz, con tres. Beni y Pando reportaron tres renuncias cada uno, mientras que Potosí registró dos. En Chuquisaca no se contabilizaron casos durante el periodo analizado.

En cuanto a las denuncias por acoso y violencia política, La Paz registró seis, la cifra más alta del país. Santa Cruz reportó tres casos, mientras que Oruro, Potosí y Tarija contabilizaron uno cada uno. Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Pando no registraron denuncias.

Estas cifras evidencian que la problemática presenta características distintas según el departamento y refuerzan la necesidad de contar con mecanismos institucionales que permitan prevenir y atender los casos de violencia política contra las mujeres.

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El reto de garantizar la permanencia en los cargos

Camacho advirtió que Bolivia dispone de normas específicas para prevenir y sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres, pero consideró que el principal desafío radica en lograr que estas disposiciones se apliquen de manera efectiva.

En ese sentido, planteó fortalecer los mecanismos de prevención, protección, atención y acceso a la justicia, además de impulsar acciones de despatriarcalización al interior de las organizaciones políticas.

También destacó la necesidad de mejorar los sistemas de registro, seguimiento y monitoreo para identificar oportunamente situaciones de riesgo y facilitar una respuesta adecuada de las instituciones responsables.

La vicepresidenta del TSE remarcó que la responsabilidad de garantizar una participación política libre de violencia no recae únicamente en las autoridades electorales, sino también en las instituciones del Estado, las organizaciones políticas y la sociedad.

En el marco del Día de la Mujer Boliviana, que homenajea a la escritora y educadora Adela Zamudio por su aporte a la defensa de los derechos de las mujeres, Camacho llamó a reflexionar sobre las dificultades que persisten para convertir la igualdad formal en una realidad dentro de la política.

La autoridad sostuvo que la democracia paritaria no puede evaluarse solamente por la cantidad de mujeres elegidas, sino también por las condiciones en las que desempeñan sus funciones y por las garantías que tienen para tomar decisiones sin presiones, hostigamiento ni violencia.

“La democracia paritaria no se mide solamente por cuántas mujeres son elegidas, sino también por las garantías que tienen para permanecer en sus cargos, tomar decisiones y ejercer sus derechos sin violencia”, enfatizó.

Camacho señaló que los avances legales y electorales deben traducirse en oportunidades reales para que las mujeres ejerzan el poder en igualdad de condiciones y sin que su participación se vea restringida por razones de género.