¿Menos burocracia? El dilema de reformar el Tribunal Agroambiental

Uno de los componentes fundamentales de cualquier propuesta de reforma constitucional es, sin duda, la transformación del sistema judicial. En este ámbito, la propuesta presentada por Tuto Quiroga, a nombre de la alianza LIBRE, plantea modificaciones que, en varios aspectos, suponen un retorno a criterios de organización institucional anteriores a las reformas constitucionales de 1994.

Entre las principales medidas propuestas destacan la eliminación de la jurisdicción agroambiental, la supresión del Consejo de la Magistratura y la eliminación de la elección de magistrados mediante voto popular. Se trata de cambios relevantes que merecen un análisis que vaya más allá de la simple reducción de estructuras administrativas y examine sus consecuencias sobre la independencia judicial, la eficiencia institucional y el acceso a la justicia.

En su exposición de motivos, LIBRE cuestiona la utilidad del Tribunal Agroambiental a partir de sus resultados durante la gestión 2024. Según los datos consignados en la propuesta, este tribunal recibió 850 causas y resolvió 439, por lo que aproximadamente el 49 % de los procesos quedó pendiente al cierre de la gestión. Asimismo, señala que su presupuesto anual ascendió a Bs 19.505.609 y que 790 de las causas ingresadas, equivalentes al 92,94 %, estaban relacionadas con conflictos de tierras.

A partir de estas cifras, la propuesta plantea revisar la pertinencia de mantener una jurisdicción especializada cuya carga procesal estaría concentrada, fundamentalmente, en controversias sobre tierras.

El argumento merece consideración, pero sus alcances deben evaluarse con cautela. La cantidad de causas recibidas, el porcentaje de procesos resueltos y el presupuesto asignado constituyen indicadores relevantes de desempeño; sin embargo, por sí solos no permiten determinar si una institución es innecesaria o si su eliminación produciría una administración de justicia más eficiente. Para llegar a esa conclusión sería necesario examinar, entre otros factores, la complejidad de los procesos, los tiempos de resolución, los recursos humanos disponibles, los resultados comparativos y el costo que implicaría transferir sus competencias a otras instancias.

La creación del Tribunal Agroambiental, en sustitución del Tribunal Agrario Nacional, respondió precisamente a la intención de ampliar el ámbito de protección jurisdiccional más allá de los conflictos agrarios y de tierras. Su diseño incorporó competencias vinculadas con materias ambientales, forestales, hídricas, agropecuarias y de biodiversidad.

No obstante, la propuesta de LIBRE sostiene que, en la práctica, la actividad del tribunal continúa concentrándose principalmente en controversias sobre tierras. Desde esta perspectiva, cuestiona la justificación de mantener una jurisdicción especializada separada del Tribunal Supremo de Justicia, con la estructura administrativa y los costos que ello supone, si sus funciones efectivas no reflejan la amplitud de competencias que motivaron su creación.

Sin embargo, incluso si se demostrara esa concentración de funciones, todavía sería necesario establecer si la respuesta adecuada consiste en eliminar el tribunal, redistribuir sus competencias o reformar su organización interna. La eficiencia administrativa es un objetivo legítimo, pero no debe confundirse con la supresión de la especialización jurisdiccional. Una reforma rigurosa tendría que demostrar que la alternativa propuesta puede garantizar una protección igual o superior de los derechos agrarios y ambientales.

A estas consideraciones se suman los cuestionamientos relacionados con los conflictos de competencia entre la jurisdicción agroambiental y la justicia indígena originaria campesina, así como con la falta de independencia judicial, un problema que afecta al conjunto del sistema. También existen críticas a determinadas decisiones judiciales en materia de protección ambiental, particularmente respecto de medidas cautelares vinculadas con ecosistemas estratégicos de la Amazonía, la Chiquitanía y el Pantanal, cuyo levantamiento habría ocurrido antes de conocerse determinados informes agroambientales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Estos cuestionamientos exigen un examen específico de las resoluciones adoptadas, su fundamentación jurídica y sus consecuencias ambientales. No obstante, ponen de relieve una cuestión esencial: la discusión sobre el diseño institucional no puede separarse de la responsabilidad de los jueces, la calidad de sus decisiones y las garantías efectivas de independencia e imparcialidad.

En definitiva, la propuesta de LIBRE plantea una cuestión fundamental: ¿la eliminación del Tribunal Agroambiental constituye una verdadera solución a los problemas de la justicia o supone sacrificar una jurisdicción especializada en nombre de la eficiencia administrativa? Que la mayor parte de sus causas esté relacionada con conflictos de tierras no demuestra, por sí sola, que el tribunal sea innecesario ni que su supresión garantice mejores resultados.

Si el problema radica en la concentración de sus funciones, los costos administrativos o las deficiencias en su desempeño, corresponde evaluar alternativas que permitan corregir esas falencias sin debilitar la protección de los derechos agrarios y ambientales. Eliminar una institución puede reducir estructuras, pero no necesariamente resuelve los problemas que justificaron su creación. La cuestión decisiva es qué ocurrirá con sus competencias, quién las asumirá y si podrá garantizarse una protección judicial igual o superior.

Por eso, la reforma del Tribunal Agroambiental no debería evaluarse únicamente en función de cuánto cuesta mantenerlo, sino también de las consecuencias jurídicas, institucionales y ambientales de su desaparición. La verdadera reforma no consiste en eliminar un tribunal para reducir la burocracia, sino en demostrar que la alternativa propuesta puede administrar justicia con mayor eficiencia sin debilitar la protección del medioambiente ni el Estado de derecho.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.