Alianza Popular rechaza lista de EEUU y sostiene que se debe respetar la soberanía boliviana

Alianza Popular se pronunció luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una nueva lista de ciudadanos bolivianos “desvisados”, a quienes Washington les restringió las visas. La fuerza política rechazó “la politización y la injerencia” de gobiernos extranjeros. Además, señaló que cualquier denuncia debe respetar la soberanía boliviana.

“En el marco del Estado Social de Derecho y Constitución Política del Estado, nuestra bancada reafirma que Bolivia se rige por sus propias leyes y soberanía jurídica. Por lo tanto, rechazamos la politización e instrumentalización interna de decisiones unilaterales de gobiernos extranjeros incluyendo la revocación o restricción de visados a ciudadanos bolivianos”, se lee en el comunicado de Alianza Popular.

La organización política sostuvo que cualquier denuncia u observación contra un ciudadano boliviano debe ser procesada por las vías establecidas en la Constitución y las leyes nacionales, respetando el debido proceso. Además, aclaró que esa posición no significa eximir de responsabilidad a quienes eventualmente hayan cometido irregularidades.

“Todo ciudadano, sin distinción alguna, está en la obligación de responder por sus actos y asumir sus responsabilidades de manera individual”, señala el pronunciamiento.

Agregó que el frente continuará desarrollando sus actividades dentro de la Asamblea Legislativa y que mantendrá su trabajo de fiscalización. “Nuestra bancada parlamentaria se mantiene trabajando inquebrantablemente en sus responsabilidades legislativas y firmes al servicio de los intereses del pueblo boliviano”, indica el documento.

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La postura se conoció después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundiera una nueva nómina de personas a quienes les restringió las visas. La lista incluye a 15 ciudadanos identificados públicamente, entre ellos el diputado Rolando Santos Pacheco Chávez, legislador de esa alianza.

Estados Unidos informó que las nuevas restricciones alcanzan en total a 40 personas, aunque solo hizo públicos 15 nombres. Según Washington, las medidas forman parte de una política dirigida contra extranjeros vinculados, de acuerdo con sus señalamientos, a hechos de corrupción o narcotráfico.