Lima versus Chávez: fuego cruzado por la autoprórroga de magistrados

Visón 360 / La Paz

El ministro de Justicia Iván Lima y el exprocurador del Estado, Wilfredo Chávez, se enfrentan con insultos y hasta sindicaciones. Ambos plantean argumentos jurídicos, citan artículos y afirman tener razón sobre el tema la autoprórroga de magistrados.

“No es verdad que tengamos algún interés o algún afán de que alguien se quede en el cargo”, aseguró el ministro Lima, ante quienes lo señalan como el principal responsable de la crisis en las elecciones judiciales y el Decreto Constitucional 0049/2023, que establece la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial.

Lima califica de “opositores” a los masistas que respaldan al expresidente Morales y con discretas, pero claras alusiones, al exprocurador Chávez dijo que hay abogados que se caracterizaron por hacer perder millones al país en tribunales internacionales. “Sí, lamentablemente, la oposición tiene juristas que se han caracterizado toda su vida por perder litigios, por hacernos perder millones de dólares en tribunales internacionales, o como el exviceministro y excandidato a vicepresidente (de Carlos Mesa) Carlos Alarcón, por perder todos los juicios, no les echen la culpa a los abogados del Estado”, sostuvo Lima en entrevista con el programa Noches Sin Tregua, el 4 de marzo.

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“La autoprórroga (de magistrados, establecida por el Decreto Constitucional 049/2023), por donde se vea es inconstitucional, tiene nombre y apellido, un beneficiario, que son los que actualmente están ocupando el edificio del Ministerio de Justicia. La autoprórroga es política, ilegal y revisados los antecedentes no tiene ningún tipo de legitimidad”, subrayó Chávez en su respuesta a las alusiones de Lima, en una rueda de prensa.

Fue más incisivo y en conferencia de prensa acusó por segunda vez a Lima y a la firma de abogados particulares que creó antes de asumir el cargo de incurrir en un consorcio ilegal junto a los magistrados que componen la Sala Cuarta del TCP, a cargo de Gonzalo Hurtado e Iván Espada. “Los vamos a investigar cuando se vayan, en estos días”, aseguró Chávez.

Advirtió que lo primero que se hará es una auditoría a la forma de sorteo de los casos y al contenido de los fallos, que asegura favorecen a la firma de abogados de Lima, en casos relacionados a tierras. Sin dar detalles de los beneficiarios de esas resoluciones, aseguró que los magistrados de la Sala Cuarta emitieron resoluciones en tiempo récord, cuando litigantes de otros casos se ven obligados a esperar una sentencia por años.

Chávez, que es afín al ala radical del MAS que respalda la candidatura de Morales para las elecciones de 2025, aseguró que tanto Lima como el entorno del presidente Luis Arce no son masistas.

Los argumentos legales

El tema de debate son los proyectos de ley 073 y 075 en relación a terminar con la autoprórroga de los magistrados del TCP, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, además de disponer la suspensión de los plazos procesales en esas instancias superiores y que los expedientes queden en custodia de los subalternos.

“Ambas normas (los proyectos de Ley 073 y 075) en opinión del Gobierno son inconstitucionales, porque no se puede dejar sin efecto, por una ley, una declaración constitucional, lo mismo que nosotros (el Ejecutivo) no podemos emitir leyes y la Asamblea (Legislativa) no puede dictar sentencias por división (de poderes) de los órganos, por ningún motivo la Asamblea puede aprobar una ley que deje sin efecto una declaración constitucional”, aseveró Lima.

Lamentó que tanto opositores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) y el ala radical del MAS insistan en tratar dichos proyectos. Acusó a los mismos de haber desperdiciado todo el 2023 sin asumir medidas para cumplir con los plazos para las elecciones judiciales. Sin embargo, omitió que el principal motivo de dilación en el Legislativo está relacionado con las cuatro resoluciones emitidas por el TCP, en respuesta a amparos presentados por aspirantes a magistrados.

En el caso del proyecto de Ley 075, que suspende los plazos procesales, Lima aseguró que es ilegal “y no puede pasar” el dejar en manos de subalternos los expedientes, cerrar tribunales por decreto o elegir “por sorteo” a jueces para reemplazar a los magistrados, como fue la propuesta del diputado de CC, Carlos Alarcón.

“El único camino posible es que venga una persona (aprobada) por dos tercios de la Asamblea y voto popular, por lo tanto, ni 073 ni el 075 son proyectos reales. Son claramente una falacia, una vulneración a la CPE y no son admisibles”, declaró Lima.

Afirmó que el camino para lograr una elección de magistrados más transparente y lo antes posible es ir en la línea que dicta el Gobierno, lo contrario sería ir en la vía del “bloqueo y chantaje”.

“Hablo de Evo Morales y Carlos Mesa (CC), están claramente con una intención de habilitarse el uno (Evo Morales a las elecciones presidenciales) y el otro manejar una propuesta opositora que pretende, mediante el chantaje y el bloqueo en la Asamblea (por votar en contra de la aprobación de endeudamiento del país), frenar el desarrollo del pueblo boliviano”, indicó el ministro, que asegura que el ala radical del MAS y CC están alineados.

Aseguró que el Ejecutivo respeta la CPE y tiene un “argumento jurídico contundente”, pues llevan litigios estratégicos ante el TCP.

Lima explicó que cuando existe conflicto entre poderes del Estado “manda la Constitución” y citó el artículo 203 para afirmar que el TCP es la máxima instancia para interpretar el contenido de la CPE. Afirmó que la polémica por la legalidad de los proyectos de ley 073 y 075 debe ser dirimida con base en la CPE.

“Y es más preciso el (artículo) 203; esa decisión del TCP es definitiva, causa estado, es obligatoria y no admite ningún recurso ulterior. Los principios taxativos de nuestra Constitución tienen que ser respetados”, remarcó Lima. Dijo que la insistencia por tratar estos proyectos de ley lleva a un enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y el TCP.

“No es posible pensar que una ley pueda estar por encima de una Declaración Constitucional, más cuando la Ley 254 (Código Procesal Constitucional) y la CPE señalan que la Asamblea debe respetar la decisión del TCP”, refrendó.

Respuesta de Chávez

Por su lado, el exprocurador Chávez argumentó que la Declaración Constitucional 049/2023, mediane la cual el TCP determinó autoprorrogar el mandato de sus miembros y sus colegas del Órgano Judicial, es inconstitucional y rompe incluso la fuente de la CPE, que es la Asamblea Constituyente.

Chávez mostró archivos de actas y documentos de la Constituyente para recordar que, en 2007, la propuesta que presentaron los partidos políticos de ese entonces (MAS, Podemos y otros) y que finalmente se aprobó por mayoría, fue la de limitar el tiempo de funciones de los magistrados del TCP y el Órgano Judicial, a seis años y de forma “improrrogable”.

Aseguró que en la región de Sur América no existe casos de una autoridad que haya determinado su autoprórroga y que en la historia jurídica de Bolivia solo existe un antecedente, que se dio el año 2000 cuando un magistrado trató de quedarse en el cargo un mes, pero luego fue destituido en medio de un escándalo.

Aseguró que la autoprórroga de magistrados se motiva por intereses personales y apuntó a Lima por tratar de “consolidar una estructura judicial, político delincuencial”, pues existe una asociación de abogados que atiende casos millonarios y que son tratados en el TCP con fallos favorables a sus intereses.

En esa línea, afirmó que se ve a Morales y al MAS como un obstáculo que puede impedir los objetivos de este consorcio de abogados y magistrados afines al Gobierno y al ministro de Justicia. “Por eso quieren inhabilitar a Evo y al MAS-IPSP, porque además no pueden ser candidatos, porque (en el caso de Luis Arce) no cumplen los requisitos y condiciones que establece nuestro estatuto”, remarcó Chávez.

Visión 360 consultó a Chávez por la versión de Lima, que una ley no puede estar por sobre una declaración constitucional, el exprocurador respondió: “Le voy a leer al ministro, porque uno no puedes hacer otra cosa cuando no comprenden, la Ley 027 del TCP (en su parágrafo IV) prevé que ‘el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor de guardián de la Constitución Política del Estado es el intérprete supremo de la Ley Fundamental’, pero qué dice a continuación, ‘sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular’. (Lima) que no nos venga con ese cuento de que la Asamblea no puede interpretar la Constitución”, subrayó Chávez.

Afirmó que dicho texto está vigente y que la ALP debe aplicar su concepto al momento de tratar los proyectos de ley 073 y 075, para terminar con la autoprórroga de los magistrados. “Tengan la certeza de que en la Asamblea van a demoler la Sentencia (Constitucional 049/2023) porque la soberanía popular, por concepto político, reside en el órgano deliberante que es la Asamblea Legislativa, no son esos nueve señores (magistrados del TCP)”, concluyó Chávez.