Apuntan a trabajo de fiscales y jueces como factor que derivó en un doble infanticidio

Visión 360 / La Paz

El mal trabajo de un juez y de al menos dos fiscales serían parte de los factores que derivaron en el doble infanticidio de Daniel y César, así como de la tentativa de feminicidio cometido contra Patricia Quispe, la madre, el hecho que se registró en El Alto el 5 de marzo, según el abogado Miguel Mérida, defensa de la víctima sobreviviente. Sin una investigación de los funcionarios responsables, y por medio de un proceso abreviado, César Guillermo Tezanos Pinto Vargas fue sentenciado a 30 años de cárcel por el doble crimen.

“La señora Patricia presentó una denuncia de violencia familiar (en mayo de 2023) en contra del actual infanticida, su expareja. Le dieron medidas de protección (a Quispe y a sus hijos) pero, debido a un uso de influencias, la fiscal Selma Soledad Yapu Limachi saca un sobreseimiento. La señora Patricia objetó y esto es lo más extraño, solo en dos semanas el fiscal departamental, William Alave, firma la confirmación y se cierra el caso”, informó a Visión 360 el abogado Mérida.

Explicó que la fiscal fundamentó el sobreseimiento señalando que el denunciado no tenía antecedentes penales. “Ese sobresimiento se dio por tráfico de influencias, porque, reitero, ese señor (Tezanos Pinto) tiene familiares militares que, con varios abogados, todo el tiempo estaba acosando a la señora”, remarcó el jurista.

Mérida detalló que el agresor aprovechó que el caso fue cerrado y abrió un contraproceso, señalando a la madre por “denuncia falsa”, además de solicitar la custodia de los dos niños.

Debido a que el agresor ya no tenía ninguna restricción y, al contrario, tenía contra la mujer una denuncia, Tezanos Pinto se presentó en la casa donde Quispe vivía con sus hijos y la madrugada del 5 de marzo les quitó la vida con un arma corto punzante. Luego atacó a su expareja y posteriormente trató de suicidarse.

Quispe logró llamar a un familiar y recibir atención médica, el agresor también fue salvado y ayer fue condenado a 30 años de cárcel por el doble infanticidio y 15 años por la tentativa de feminicidio. En el sistema penal boliviano las penas no son acumulativas.

El abogado concluyó señalando que en la resolución de la sentencia, emitida ayer, se debería instruir una investigación contra todo el personal judicial y de la fiscalía que intervino en el cierre del caso de violencia familiar. Señaló que la fiscal Yapu era la responsable de solicitar valoraciones psicológicas para el denunciado, los niños y la madre, pero esto no se cumplió.