Veeduría ciudadana busca ser observador del proceso de preselección de candidatos a magistrados y advierte riesgos

Visión 360 / La Paz

Ante el riesgo de manipulación del proceso de preselección de candidatos a magistrados en la Asamblea Legislativa, la alianza Observación Democrática Ciudadana (ODC) busca ejercer su derecho de control social para precautelar la transparencia de este proceso.

Para este cometido la alianza, que aglutina a 24 organizaciones de la sociedad civil y facultades de Derecho y Ciencias Políticas de 12 universidades, remitió cartas al presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas; y al presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, para pedir su acreditación como observador.

El director de la Fundación Jubileo, institución que forma parte de la ODC, Juan Carlos Núñez, citado en un boletín de prensa, aseguró: “El acuerdo logrado para la promulgación de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales y la convocatoria que de ella deriva, luego de varios enfrentamientos y situaciones bochornosas para lograr consensos en la Asamblea Legislativa, aumenta el riesgo de que el actual proceso de preselección designe a candidatos que respondan a los intereses del partido en función de Gobierno”.

Según Núñez, se teme que de esa manera se ahonde la crisis del sistema judicial, pero a la vez la preselección de aspirantes se convierte en el único camino que en este momento puede lograr de manera democrática y en apego a la Constitución Política del Estado (CPE) la elección de nuevas autoridades judiciales y resolver así la autoprórroga de las actuales.

Los magistrados de las altas cortes del país debieron ser elegidos por voto popular el año pasado porque el mandato de las actuales autoridades feneció el 31 de diciembre. Sin embargo, al no haber acuerdo para la preselección de candidatos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prorrogó los mandatos de los magistrados, incluidos los de sus integrantes, hasta que se realicen las elecciones.

“En este momento, el exacerbado presidencialismo que se evidencia en la concentración del poder político en el Órgano Ejecutivo y su peligrosa influencia en el Órgano Legislativo, así como la falta de ética y responsabilidad de los representantes nacionales que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional, constituyen el escenario en el que se lleva adelante el proceso de preselección de magistrados judiciales, con el consecuente riesgo de que éste sea manipulado para conseguir autoridades judiciales que respondan a intereses político partidarios”, insistió Núñez.