Camacho: “El informe de la CIDH es lapidario contra la justicia”
Visión 360 / La Paz
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo este viernes que el informe sobre Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “es lapidario contra la justicia manejada por el gobierno de Luis Arce porque reconoce que hay persecución judicial por motivaciones políticas”.
“La CIDH reconoce la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia y recomienda un mecanismo internacional independiente para que pueda garantizar que el gobierno del MAS no continúe manipulando los fallos judiciales, persiguiendo y deteniendo opositores por motivos políticos.”, indicó Camacho a través de su cuenta en la red X.
Este jueves, la CIDH presentó el informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, en el que concluye que la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la libertad de expresión se encuentran afectados por el ambiente de polarización política, agravada tras una serie de hechos conflictivos.
El informe dice que los bolivianos “desconfían profundamente del órgano judicial”, percibido como “una herramienta al servicio de intereses políticos de turno, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre en el ejercicio del poder”.
La CIDH aclara en su informe que utiliza el término presos políticos, ante contextos de detenciones arbitrarias mediante el uso indebido del derecho penal para perseguir a las personas con discrepancias político-ideológicas a los gobiernos de turno.
“Si bien estas prácticas son denunciadas en diferentes países del hemisferio, se destaca que son utilizadas principalmente por parte de gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción del Poder Judicial al Ejecutivo en desconocimiento del principio de separación de poderes. Eso no puede confundirse con ineficiencias o falencias del sistema judicial”, especifica el documento.
Destaca asimismo que “el Estado tiene el deber de tomar nota de tales preocupaciones para atenderlas de manera inmediata; ante las demandas de sociedad civil y familiares sobre este tema, se urge al Estado boliviano a garantizar recursos judiciales efectivos que permitan el análisis de cada caso en el que se denuncia persecución por motivos políticos”.