Bono y becas de estudios, entre los beneficios que plantea un proyecto de ley para proteger a los hijos de víctimas de feminicidios

Un bono equivalente al 20% del salario mínimo nacional, becas de estudio y facilidades de inscripción y apoyo psicológico son algunos de los beneficios que plantea el proyecto de ley "Protección integral y reparación para hijas e hijos huérfanos de feminicidio". Este viernes, la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia presentó la propuesta a las diputadas Betty Yañiquez y Paola Alurralde, de la Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Representantes de las organizaciones que conforman la alianza dialogaron la mañana del viernes con las legisladoras. Al finalizar el encuentro se llegó al compromiso de que se buscaría que la norma entre a la Cámara de Diputados el 12 de abril, Día del Niño Boliviano. 

"El proyecto tiene varias aristas importantes para garantizar el bienestar y desarrollo de los menores de edad que perdieron a sus madres. En primer lugar, propone un bono económico, equivalente al 20% del salario mínimo nacional. Plantea también  una provisión regular de alimentos e ingreso a las universidades, de apoyo para quienes quieran ser maestros, militares o policías, entre otros", explicó a Visión 360 la abogada Mercedes Cortez Álvarez, integrante de la Alianza.

Durante el encuentro del viernes en la mañana, representantes del grupo, conformado por varias organizaciones de La Paz, Cochabamba y Oruro (entre otras regiones) y familias de víctimas de feminicidios presentaron el proyecto a las legisladoras. La abogada Norka Chambi dijo que se busca que "el Estado se haga cargo de los pequeños, ya que en el país no logra frenar los casos de feminicidio, pese a tener una de las mejores leyes al respecto".

Según los datos que maneja la alianza, en el periodo de 2013 y 2022, al menos 1.080 menores de edad quedaron huérfanos por este crimen. Sin embargo, Cortez advirtió que este número es un estimado basado en un estudio realizado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Por su parte, Chambi mencionó que otras fuentes apenas detectaron 700 niños, niñas y adolescentes.

"El problema es que es muy pequeño el porcentaje de casos que realmente son tipificados como feminicidio, o que llegan a ser investigados. Este es uno de los problemas que enfrentamos al momento de cuantificar los estragos de este delito", dijo Cortez.

El proyecto de ley también indica que los beneficios se apliquen desde el momento que el Poder Judicial toma el caso. "Los afectados no pueden darse el lujo de esperar a que haya sentencia. Sabemos que eso toma mucho tiempo".

Chambi adelantó que las organizaciones trabajarán paralelamente en otras iniciativas, como la de modificar la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente, para que permita analizar casos de agresiones cometidas por menores de 14 años.