Bolivia llega al operativo con 74 conflictos por límites

Bolivia llegará al Censo Nacional de Población y Vivienda pautado para el 23 de marzo de 2024 con 74 conflictos limítrofes municipales y departamentales, estos últimos entre  Oruro y La Paz, Cochabamba y Beni, y Santa Cruz y Cochabamba, de acuerdo con datos del Viceministerio de Autonomías.

Según Mario Galindo, integrante de la organización Ruta del Censo, en 2000, cuando se realizó el Diálogo Nacional, en el país se registraban 120 conflictos de límites intermunicipales y 53 interdepartamentales. Posteriormente, en 2018, de acuerdo con un estudio de la Fundación Unir, al que hizo referencia Galindo, los primeros subieron a 500 y los segundos a 120.

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Esta situación denota que el tema limítrofe no fue atendido,  tal como se evidencia, por ejemplo, con el conflicto entre los municipios Cabezas y Charagua, del departamento de Santa Cruz, que ya se planteó como problema en el censo de 2012 y persiste a la fecha sin solución. Las autoridades de la primera población no iniciaron ni los trámites, según se verifica en una reunión que tuvo el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, y los comunarios de esa región en enero de este año.

En el censo de 2012, las autoridades determinaron utilizar la denominación Código Cero para aquellas regiones que mantenían un conflicto de límites, explicó Ricardo Laruta, exdirector del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuando según sus datos el 95% de municipios tenía problemas limítrofes, con excepción de Pando; sin embargo, en el actual censo,  la entidad a cargo de Humberto Arandia descartó su utilización.

Laruta dijo que un problema con la indefinición de los límites en el censo es la retención de cajas con la información estadística, situación que también ocurrió en anteriores operativos.

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM - Bolivia), Flavio Merlo, explicó que durante el período que antecedió a la encuesta estadística se entablaron conversaciones con los municipios que tienen este problema para establecer acuerdos que consisten en respetar el territorio ocupado hasta la actualidad por cada población.

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Indicó que hay que tomar en cuenta dónde esa población desarrolla sus actividades y qué gobierno municipal asigna los recursos para la ejecución del Plan Operativo Anual (POA).

“Si todavía no hay acuerdo en límites, cada comunidad, municipio, ya tiene establecidos los espacios de donde son; en ese sentido, se respetará lo que hasta el momento se ha ido viviendo y concibiendo como territorio de cada municipio”, aseguró el también alcalde de Tiahuanaco.

La autoridad, debido a la celebración de estos acuerdos, no considera que haya conflictos en el censo por asuntos de límites.

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La idea es compartida por Galindo, quien afirmó que la falta de resolución de límites no se presenta como un conflicto para la consulta censal porque las demarcaciones son perfectamente modificables en función a resoluciones de los entes responsables. En el caso de los líos municipales, son las gobernaciones las responsables y en el caso de los departamentos, la Asamblea Legislativa.

“Temas de límites ha habido en todos los censos, no me parece que sea un tema que conflictúe el censo. Yo creo que eso están levantando con una finalidad política, especialmente comunidades que pertenecen a municipios pequeños que pierden población y recibirán menos coparticipación tributaria; eso no está bien, tiene otra intencionalidad, debe resolverse en tema, en el ámbito correcto”, precisó.

El especialista explicó que si una vez conocidos los resultados del censo existe  algún municipio que está en desacuerdo y que considera “injusto”, puede presentar una demanda para que se modifique. De esos casos hubo muchos en el proceso censal de  2012, concluyó.

Experto advierte que este tema es “sensible”

Los conflictos limítrofes carentes de solución en el país repercuten cuando se asignan recursos económicos a las regiones; por este motivo los límites jurisdiccionales son un “tema sensible”, que requiere solución inmediata, aseguró Rodrigo Fernández, exmiembro de la organización Ruta del Censo, que en 2012 hizo seguimiento a la encuesta estadística.

Fernández, desde su experiencia, recordó que en el censo de 2012 se utilizó el Código Cero para identificar a las zonas de conflicto limítrofe; sin embargo, como en el actual censo se prescindirá de ese denominativo, consideró que  los municipios afectados deben estar incluidos en otro, aunque advirtió que pueden surgir cuestionamientos.

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“Asumo que deben estar siendo incluidas en algún municipio, no sé bajo qué criterio, pero corren el riesgo de ser observadas por el municipio afectado y que eso empiece a generar cuestionamientos sobre fiabilidad y credibilidad de los resultados del censo”, indicó el especialista.

El experto observó también que a más de 10 años de la realización de la anterior encuesta censal no se hayan resuelto los problemas de límites territoriales, más aún cuando un año después -el 2013- se aprobó la Ley 339 de Delimitación de unidades territoriales, precisamente para acabar con todos los conflictos.