Piden enjuiciar a magistrados por beneficiar a la familia Marinkovic con la titulación de 21.000 hectáreas

La Fundación Tierra pide a la Asamblea Legislativa una investigación y un juicio a los magistrados que avalaron la Sentencia Agroambiental No SCP 1016/2023-4 que da  la tutela a la  empresa Laguna Corazón S.A, que pertenece a la familia del exministro Branko Marinkovic, sobre 21.000 hectáreas en San José de Chiquitos.

La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en cuestión deja sin efecto la Sentencia Agroambiental Nº S2 61/2022, así como todos los actos posteriores emitidos en ejecución de la misma. Este fallo favorece a la empresa Laguna Corazón S.A. en su demanda de titulación de 21.000 hectáreas del predio “Tierras bajas del norte” que se encuentra en el municipio de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.

Según la Fundación Tierra, la Sentencia del TCP ordena la vigencia de la Resolución Administrativa Nº 0143/2020 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fue emitida durante el gobierno de Jeanine Añez (2020).

Añade que, con esto, lo que hace el TCP es respaldar una resolución que favorece con 21.000 hectáreas a la familia del entonces Ministro de Estado, Branko Marinkovic, desconociendo de esa manera todos los trabajos técnicos y jurídicos llevados a cabo por el INRA durante más de 17 años (2002-2019).

“La resolución del gobierno de Añez que ahora hace valer el TCP es, además, resultado del uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, acciones tipificadas en el Código Penal”, advierte la Fundación Tierra.

Los magistrados firmantes de la Sentencia son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navía, quienes de acuerdo con la Fundación Tierra, están cuestionados por dictar otros tres fallos durante el último mes de su mandato (diciembre de 2023): 1) La Resolución constitucional 0049 que viabilizó la autoprórroga de todos los magistrados, 2) La Resolución de 29 de diciembre que paralizó el funcionamiento del Senado y quitó competencias a su Directiva, y 3) La Sentencia 1021 que ordenó que el vicegobernador de Santa Cruz asuma el cargo de gobernador en suplencia.

Para la entidad especializada en el análisis de la tierra en Bolivia, la actuación de ambos magistrados despierta razonables dudas y objeciones, porque no se limitaron a ordenar la vigencia de la resolución cuestionada, sino que además determinaron no “invocar nuevas nulidades”.

“Prácticamente, están obligando a titular las 21.000 hectáreas. También despierta susceptibilidades porque la sentencia salió en tiempo récord desde que llegó a manos de los mencionados magistrados el 4 de mayo del 2023 hasta su emisión el 28 de diciembre del mismo año”, alerta.

Por todas estas razones, Tierra ratifica la denuncia documentada del año 2020 sobre el tema en cuestión, y pide a la Asamblea Plurinacional iniciar una investigación parlamentaria para identificar los posibles delitos, enjuiciar a las autoridades judiciales y establecer las sanciones correspondientes.