11 de abril, día clave para asambleístas de Santa Cruz por las audiencias de Camacho y Piso Firme

El próximo jueves 11 de abril es un día clave para los asambleístas departamentales de Santa Cruz, que tienen que asistir a dos audiencias que comprometen sus intereses. La primera para resolver la acción popular sobre Piso Firme y la segunda para el inicio del juicio en el caso Decretazo, cuyo principal acusado es el gobernador Luis Fernando Camacho.

La Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de Beni reprogramó la audiencia, inicialmente fijada el 9 de abril, para resolver la acción popular planteada por el gobernador beniano, Alejandro Unzueta, para las 9.30 del 11 de abril.

Mientras que un tribunal de sentencia de Santa Cruz notificó a los asambleístas para el inicio del juicio por el caso Decretazo que involucra a Camacho. La audiencia está pautada para el mismo jueves 11 de abril, en la mañana.

El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matcovik, explicó que se solicitó al tribunal de Beni postergar la audiencia para horas de la tarde, pero la respuesta de esta instancia fue que las autoridades cruceñas firmen poderes o habiliten a terceros para que asistan.

“Se le pidió reprogramar para la tarde, así no nos complicábamos con la convocatoria del otro tribunal, una convocatoria ya legal, y dijo que nosotros podíamos dar poder o habilitar a terceros para que asistan a cualquiera de las dos audiencias”, manifestó Matcovik.

El asambleísta consideró que es un “despropósito” la respuesta de la autoridad judicial de Beni, porque los legisladores departamentales tienen todo el derecho de ir a la audiencia a defenderse.

En cuanto al inicio del juicio por el caso Decretazo, Matkovic manifestó que varios asambleístas fueron notificados como sujetos procesales, por tanto, deben asistir a la audiencia, incluido él.

Este caso se refiere a la norma departamental 373, de marzo de 2022, que Camacho firmó cuando viajó a Brasil delegando sus funciones de gobernador a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, cuando correspondía que el entonces vicegobernador Mario Aguilera asuma funciones, lo que vulneró el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Traslado de Camacho

El presidente de la ALD afirmó que “es una pena” que en Bolivia se siga a expensas de que un ministro autorice el traslado de un detenido preventivo para que participe en su audiencia, quien ante los ojos de la ley es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

De esa manera se refirió al titular de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien recientemente dijo que el traslado de Camacho “no ocurrirá” porque también tiene procesos en La Paz.

“Que un ministro diga que no va a trasladar y si quieren que los jueces se trasladen a Chonchocoro, que un ministro esté por encima y dé órdenes judiciales confirma que todos los informes internacionales de que esta justicia no sirve, que la justicia boliviana es manipulada por el poder de turno”, manifestó.