Contaminación
Pesqueros de Beni y La Paz: “las actividades mineras causan daño a la reputación de nuestro sector”
Visión 360
11 asociaciones de pesqueros del río Beni (conformadas por los departamentos de La Paz y Beni), se reunieron el 12 y 13 de abril para discutir sobre el impacto que sufre el sector por la minería ilegal y el uso del mercurio. Al respecto, las organizaciones exigieron una serie de medidas para reducir el impacto a la reputación del sector pesquero.
“Expresamos nuestra preocupación por los efectos que tienen estas actividades sobre la pesca y el daño que está causando tanto a las poblaciones en las riberas como a la reputación de nuestro sector pesquero”, indica parte del comunicado emitido por pesqueros de Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz).
Entre las demandas, el sector pide que se cumpla la Ley de pesca y acuicultura sustentable. Además, solicitan suspender “toda actividad minera que se realiza de manera ilegal en los ríos Beni, Tuichi, Quiquibey, Quendeque, Kaka y todos aquellos donde exista esta actividad ilegal de acuerdo con lo establecido mediante la resolución de acción popular N° 05/2023”. También contemplan los ríos Tequeje Tarene, Enapurera y Undumo.
El sector exige también una regulación para que se evite la contaminación por mercurio en las actividades mineras que se realicen en las cabeceras de la cuenca del río Beni. “Paralizar nuevas concesiones mineras que puedan afectar la actividad de la pesca y la calidad de la carne de pescado aprovechada desde el río Beni, por los riesgos que puede llevar a la salud la contaminación generada por el mercurio y otros metales pesados usados por la minería”, señala el pronunciamiento.
En el encuentro se solicitó difundir el estudio realizado por la Central de Pueblos Indígenas del norte de La Paz (Cpilap), sobre los niveles de mercurio encontrados en personas y en la carne de pescado. sobre ese estudio, solicitaron que se resalte el nivel de contaminación, según las especies.
Además destacaron la necesidad de implementar un sistema de monitoreo para “analizar la efectividad de las medidas de control”.
Por último, solicitaron el cumplimiento de la acción popular 05/2023 que concede la tutela a la Cpilap, “para precautelar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, la salud, el medio ambiente y contra la minería ilegal”.