Fuero Parlamentario
Dos parlamentarias de CC fueron procesadas tras denunciar corrupción y fiscalizar obras
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, denunció persecución política y jurídica, tras haber denunciado corrupción al interior del Consejo de la Magistratura (CM), y responsabilizó al Gobierno por lo que le ocurra a ella o a su familia. Con este caso, ya son dos asambleístas que tuvieron que enfrentar procesos luego de ejercer su rol fiscalizador y denunciar irregularidades.
“Estamos denunciando a la comunidad internacional que hay una persecución política inminente en contra mía y alertamos a la comunidad internacional, plataformas de mujeres, que hay una persecución sin consideración, en contra mía por la fiscalización permanente en contra la corrupción judicial, y contra el Gobierno", dijo Barrientos en una conferencia de prensa.
La asambleísta aseguró que teme por su seguridad y por la de su familia "Si algo me pasa, si me meten presa, si hacen daño a mi familia, yo culpo directamente al Gobierno nacional y al fiscal que instruye desde su oficina, que se mantengan abiertos mis procesos, a pesar de que no existe una sola prueba en mi contra y que tengo inmunidad parlamentaria”, agregó
Explicó que la Justicia reabrió dos procesos en su contra: uno abierto de 2019, donde es acusada falsamente por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba; y otro, iniciado por el alcalde de Sipe Sipe, por presunta destrucción a los bienes del Estado, cuando en realidad ella fiscalizó el hospital de Parotani, que según detalló, está “totalmente destrozado”.
La senadora Barrientos no es la primera parlamentaria que denunció persecución política al momento de ejercer sus funciones fiscalizadoras como parlamentaria. Por la misma bancada, fue denunciada también Luciana Campero, que en 2023 investigó cobros irregulares por parte de la exdirectora de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Tarija, Dayana Maldonado, y por cometer actos que excedían sus funciones.
En contacto con Visión 360, la legisladora recordó que su proceso continúa activo en el Tribunal Departamental de Justicia de esa región, pese a que Maldonado ya fue destituida de sus funciones y de presentar los descargos respectivos a su denuncia. Campero fue procesada por difamación, injurias y calumnias.
“Mi persona recibió una denuncia por parte de Dayana Maldonado, pese a que hemos recibido un memorial indicando que todas las denuncias que realizamos están protegidas por la CPE y que el proceso en mi contra no debería continuar, el mismo continuó y sigue en el TDJ de Tarija, activado. Me acusaron por difamación, calumnias e injurias. Lo que utiliza ella de pruebas son mis declaraciones ante la prensa, pero olvida que todas estas declaraciones, van acompañadas de pruebas irrefutables, audios con su voz”, dijo Campero a Visión 360, a tiempo de solidarizarse con su colega de bancada.
Ante el reciente caso de Barrientos, el líder de CC, Carlos Mesa, expresó su solidaridad y advirtió mediante su cuenta en la red social “X”, que la justicia quiere “acallar” a quienes ejercen su derecho constitucional de fiscalizar.
“Una vez más, el gobierno manipula la justicia para acallar a quienes ejercen su derecho constitucional de fiscalización. Es inaceptable el acoso judicial constante contra la Senadora Andrea Barrientos. Vulneran principios procesales básicos, rechazando y reabriendo procesos penales fabricados. No podemos permitir que esto continúe”, tuiteó Mesa.
¿Qué dice la normativa?
Cabe recordar que los asambleístas gozan de fuero parlamentario, en tanto cumplen sus funciones de fiscalización, según establece la Constitución Política del Estado (CPE).
De acuerdo con el numeral I del artículo 151 de la Carta Magna, los legisladores “gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”.