Caso gases
Oposición ve que Paraguay asilará al exministro López; el MAS pide que rinda cuentas
La suspensión de la extradición del exministro de Defensa Luis Fernando López Julio a Bolivia, para que comparezca ante la Justicia por el caso gases lacrimógenos, generó repercusiones. Desde la oposición ven que el país vecino concederá refugio al exministro de Jeanine Añez, mientras que en el oficialismo llaman a las instancias pertinentes a gestionar que las exautoridades rindan cuentas ante la justicia.
La diputada por la agrupación Creemos, Tatiana Añez, afirmó que Paraguay concederá asilo político a la exautoridad de la cartera de Defensa, en vista de que la justicia boliviana no da las garantías para la legítima defensa de López.
“Si hablamos de un país serio con trayectoria en otorgar estos beneficios a ciudadanos que salen huyendo de su país porque no se sienten con las garantías de presentarse a un Órgano Judicial que realmente vaya a existir una investigación seria, por supuesto que sabíamos que Paraguay iba a continuar, proseguir y conceder asilo político a este exministro”, dijo Añez a DTV.
Desde el MAS, el diputado Evista, Hernán Hinojosa, descartó que exista persecución judicial y que todas las exautoridades asiladas deberían someterse a la justicia nacional.
“En nuestro país no existe de ninguna manera persecución política, se respeta los derechos constitucionales de cada persona (…). Murillo, López, todos los asilados deben venir aquí; no sólo en su momento dijeron que no iban a escapar, pero fueron los primeros en escaparse. Pero ahora que vengan y no sólo eso, las autoridades que están en función deben hacer la representación que corresponda para que ellos vengan acá”, aseveró Hinojosa.
Mediante una nota diplomática, Paraguay notificó a Bolivia de manera formal que el proceso de extradición del exministro de Defensa, Luis Fernando López, está suspendido. Bolivia realiza ese trámite en el marco del denominado caso gases lacrimógenos, que se ventila en el territorio nacional.
López es investigado dentro de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana entre 2019 y 2020. A la par de ello tiene una acusación de comisión de presunto terrorismo, en el denominado caso Golpe de Estado I, impulsado ante la justicia por la exdiputada masista, Lidia Patty.