FFAA: Bs 253 MM de presupuesto, cinco privilegios y una larga data de violación a los DDHH

Un presupuesto anual de más de 250 millones de bolivianos, una normativa que abre paso a cinco beneficios y una larga historia de abusos y violaciones a los derechos humanos al interior de sus filas marcan la situación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Bolivia. Analistas observan que los altos mandos militares se politizaron y dañaron la institucionalidad.

“No son todas las FFAA en general, son los cargos jerárquicos que lamentablemente se han politizado, sobre todo desde que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está al mando del país. Eso ha roto la institucionalidad”, manifestó el jurista y exmilitar Omar Durán.

Para el miembro del servicio pasivo del Ejército y analista en seguridad y defensa, Jorge Santiesteban, hay malos elementos que no han sido depurados y que son quienes por intereses políticos han comprometido a todas las FFAA. Añade que no es algo exclusivo de los gobiernos del MAS, sino de la misma Transición.

“Lo que pasó el pasado 26 de junio fue un movimiento político (...). El problema es que la clase política ha politizado al mando militar y el mando militar no son  las FFAA. El problema es que crean fenómenos como Zúñiga o Kaliman”, indicó.

Un presupuesto millonario

Las FFAA del Estado Plurinacional de Bolivia están compuestas por cuatro instituciones castrenses: el Comando en Jefe, el Ejército de Bolivia, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Armada de Bolivia. Todas estas,  encargadas de la defensa nacional, dependen del Ministerio de Defensa, representante legal de la Institución Armada, ante los Poderes Públicos del Estado.

Según la Rendición Inicial de Cuentas de 2024 del Ministerio de Defensa, el total del presupuesto destinado al conjunto de las instituciones mencionadas, para esta gestión, fue de más de 3.256 millones de bolivianos. De ese total, 253,3 millones de bolivianos están destinados al Comando en Jefe, al Ejército, a la FAB, a la Armada, al Registro Internacional Boliviano de Buques y al Instituto Geográfico Militar.

La cifra es menor a la presupuestada para 2023 para todo el ministerio, cuando llegó a casi 3.639 millones de bolivianos, de los cuales se ejecutó el 95%. Los entes castrenses tuvieron un presupuesto de 433,9 millones de bolivianos.

En 2005, previo al primer mandato de Evo Morales, el presupuesto destinado a la defensa del Estado, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security, fue de alrededor de 1.141 millones de bolivianos. Este presupuesto, para 2019, año del conflicto postelectoral por el que Morales dejó la Presidencia, casi se triplicó.

Según las rendiciones de cuentas inicial y final de 2019, el presupuesto que empezó en 3.288 millones de bolivianos cerró con 4.112,6 millones. Aunque el crecimiento en cifras, de 2005 a 2019 es sustancial, si se observa el porcentaje del gasto militar en relación con el PIB, no hubo gran diferencia. Se mantuvo entre los 1,4 por ciento y 1,5 por ciento.

“El presupuesto tuvo un crecimiento muy pobre, es bastante vago. Esto pese a que las FFAA producen muchos recursos para el Estado y de los que este se beneficia. El recurso retorna al Gobierno”, dijo Durán.

Beneficios por norma

Tanto la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA) como la Ley de Pensiones y Jubilaciones, abren para los miembros de las FFAA al menos cinco beneficios sociales y económicos de los que el trabajador común no goza. Mayor número de días de licencia, viáticos, dotación de viviendas o la jubilación al 100% son algunos.

“No son privilegios, son beneficios a los que se accede por la disciplina, estructura y organización interna de la institución”, afirmó Santiesteban.

De acuerdo con el artículo 91 de la LOFA, todo militar tiene derecho a una licencia de 10 días hábiles por el fallecimiento de un familiar, en primer grado de parentesco. Un permiso que en el sector público o privado solo llega a tres.

Como otro beneficio, en caso de “desastres o calamidades que le afecten en el orden personal”, la licencia sube a 15 días, sin que estos sean descontados de los días de vacaciones que le corresponden. En ese tiempo los militares tienen “derecho a percibir los haberes y las bonificaciones que le corresponden”.

Si se revisa el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) se puede hallar las compras hechas por las instancias castrenses. Entre ellas hay compras de uniformes, vestimenta deportiva, alimentos y otros que forman parte de las dotaciones para los miembros de las FFAA.

Estas forman parte de los derechos económicos contemplados en el artículo 113 de la LOFA.  Entre estos contempla los “haberes, bonos, viáticos, dotaciones, repatriación por fallecimiento, gastos de instalación para el personal militar con destino y cargo en el servicio exterior”.

De la misma forma , por el Régimen de Vivienda establecido en el artículo 124 de la LOFA, los militares pueden acceder a vivienda cuando son trasladados de destino. En más de una ocasión, Evo Morales entregó bloques habitacionales para las FFAA.

Uno de los beneficios sociales más polémicos es el de la jubilación con el 100% del salario,  que fue mantenido en la nueva ley de pensiones presentada por el Gobierno en 2010. Ya la LOFA establecía, en su artículo 115, que las rentas que debe percibir el personal militar, por seguro de vejez, “de ninguna manera deberán ser inferiores al haber que perciben los del Servicio Activo”. 
Santiesteban afirmó que sí hay un descuento en las jubilaciones y el 100% no es real.

Larga data  de abusos

El pasado 16 de marzo pasado, en el puesto militar de avanzada Dorbigni, del cuartel Regimiento de Caballería “Aroma” en Yacuiba, un conscripto acabó en terapia intensiva. El informe médico señala que tenía lesiones en su cuerpo, pulmones y ojos. Sin embargo, otro examen afirmaba que solo tenía insolación.

Días después, un sargento en estado de ebriedad golpeó a cuatro conscriptos en un cuartel de Porvenir, en Pando. El agresor tenía antecedentes de agresiones en otro cuartel y pese a ello continuaba en funciones.

Estos no son los únicos casos registrados. En Oruro entre el 8 o 9 de enero de este año, en el Regimiento Camacho, un conscripto desapareció. Su ropa fue encontrada enterrada en un cerro, por lo que se creyó que estaba muerto. Semanas después apareció e indicó una serie de vulneración a sus derechos, por parte de los oficiales.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2013 y 2023 se registraron 53 denuncias de muertes en diferentes centros de formación militar de todo el país. El 2016 y 2022 son las gestiones que tuvieron mayor número de casos con siete y seis denuncias.

Durante ese mismo tiempo, también se recibieron 362 denuncias relacionadas a violencia en contra de conscriptos y premilitares, por parte de los instructores u otros militares de mayor rango. En este caso fue el 2014, con 74 casos, el año en que más denuncias hubo.

Cabe resaltar que estos datos corresponden solo a los que llegaron al Sistema de Servicio al Pueblo. En las filas castrenses afirman que los casos que no llegan a ninguna instancia son muchos más.

Con el fin de tener datos más cercanos, la Defensoría del Pueblo movilizó al personal de 13 oficinas para ejecutar un ingreso a nivel nacional a los cuarteles. Se realizó una encuesta que en sus resultados evidenció la vulneración a los derechos humanos al interior.

De 1.500 encuestados, solo 15 señalaron que reciben formación en materia de Derechos Humanos, Violencia de Género o Prevención de la Tortura. Asimismo, un 79 por ciento respondió que no fue objeto de ningún tipo de violencia, un 10 por ciento dijo haber sido víctima de violencia psicológica y/o física.

Aunque parecería que estas respuestas niegan que haya violencia, ante la pregunta de si vieron o conocieron un hecho de violencia en contra de sus camaradas, los resultados cambian drásticamente. 

“En esta pregunta, el 77 por ciento de los encuestados contestaron afirmativamente, es decir  que sí observaron algún hecho de violencia hacia otro compañero. Estos resultados hacen notar que, para los consultados, es más fácil (si vale el término) informar sobre hechos de violencia que ocurren sobre otras personas y no así cuando les sucede a ellos mismos, lo cual puede deberse al temor, miedo o vergüenza de informar sobre hechos como propios”, se explicó desde la Defensoría del Pueblo.

Los resultados mostraron que el principal agresor, en un 30 por ciento es el instructor. En segundo lugar, está la categoría sin respuesta con el 16 por ciento y en tercer lugar, un alumno de curso superior con el 9 por ciento.

Una gran capacidad de adecuarse al contexto 

En su texto Las lealtades cambiantes del poder militar en Bolivia, la investigadora sobre temas de defensa, seguridad y relaciones Estados Unidos-América Latina, Loreta Tellería  Escobar, señala que se puede inferir que las FFAA en Bolivia mantienen una enorme capacidad de adecuación a las circunstancias políticas.

“En la década de los ochenta, supieron usar su impunidad y amoldarse a las reglas democráticas formando incluso sus propios partidos políticos para poder acceder al Gobierno, como lo hizo el general Hugo Banzer. En los noventa, se adecuaron pragmáticamente a nuevos roles como la lucha contra el narcotráfico, el orden público y la seguridad ciudadana, en consonancia con políticas y doctrinas de seguridad foráneas”, dice en su artículo.

Añade que en los 2000 se acoplaron a un proyecto político de izquierda, nacionalista y anticolonial con un enorme fervor discursivo. Además, hace referencia a lo ocurrido en  2019, cuando el Comandante pidió a Evo Morales dejar el Gobierno y apoyó el mando de Jeanine Añez.

“Su capacidad camaleónica de adecuación a disímiles contextos políticos y sociales se explica a través del mantenimiento de una estructura monolítica. Las Fuerzas Armadas fueron las mismas, en forma y contenido, en todas las circunstancias descritas. Ningún gobierno, sea de izquierda o de derecha, fue capaz de llevar a cabo una reforma estructural de la institución, limitándose solo a cambios discursivos, simbólicos o coyunturales”.

Asegura que la ausencia de una reforma estructural que abarque los aspectos normativos, educativos y doctrinarios de la institución, durante el período democrático, constituyó y aún constituye la muestra más clara del poder militar en Bolivia, dada su cualidad conservadora y pragmática.

Politización del mando militar quitó la institucionalidad a las FFAA

Los analistas Omar Durán y Jorge Santiesteban señalan que hay una politización de unos pocos miembros que forman el Alto Mando Militar y no así de todas las FFAA. Señalan que esto generó la desinstitucionalización de la institución.

“De un tiempo a esta parte se ha visto que sus miembros, en especial los de alta jerarquía, se han dedicado a hacer política y eso ha dañado a las FFAA, las llevó a lo que vemos hoy. Pero no son todas las FFAA, son un pequeño grupo, nada más”, afirmó Durán.

Santiesteban señaló que el problema está en que la clase política politiza al mando militar, pero que esta instancia no son las FFAA.

“El problema es que crean fenómenos como Juan José Zúñiga (cabeza de la revuelta militar del pasado 26 de junio) o como Willams Kaliman (que pidió la renuncia de Evo Morales y puso la banda a Jeanine Añez en los conflictos de 2019) y los ponen bajo la cabeza de actores políticos que manosean la institucionalidad, como fue el caso de Juan Ramón Quintana, se destruye la institucionalidad”, explicó.

Indicó que en estos movimientos son estos actores políticos los que se comprometen con el mundo militar,conformado por cuatro o cinco militares que comprometen a todas las FFAA. Aseguró que ahí se juegan las ambiciones de unos pocos.

“No participan todas las FFAA, sino solo ese mando servil que solo busca enriquecerse, ganar ascensos sin merecerlo y tener cargos sin la capacidad profesional, porque no son los mejores oficiales. Todo eso es culpa de la clase política”, sostuvo.

En acuerdo, Durán señala que si hay privilegios no son para las FFAA,  sino para ese pequeño grupo de militares que se benefician de las afinidades políticas.

“Lamentablemente, desde que el MAS tomó el mando del país, en 2006, las FFAA empezaron a perder su institucionalidad y han caído en ese error. Pero no son las FFAA en su totalidad, sino los jefes; el comandante en jefe, el jefe del Estado Mayor y los comandantes de las tres fuerzas”, manifestó.

Santiesteban sostiene que no es un problema solo del gobierno del MAS. Esta relación de los altos mandos con el gobierno se dan con  todos los gobiernos,  incluso -observó- en el de la transición.

“En todos los gobiernos, incluso en la gestión de transición de finales de 2019 y 2020, se cometió el mismo error. El problema es que no se ha depurado a las FFAA. El Gobierno le tiene terror a las FFAA y por eso las dejan en manos de malos militares para que hagan con ellas lo que les da la gana”, indicó.

Purga de los “Pachajchos”

Los Pachajchos son un grupo de poder que opera al interior de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Fue creado durante la última gestión del entonces presidente Evo Morales, en 2015. Su principal función es la inteligencia militar. Está en el centro de la tormenta por su presunta participación en la revuelta militar.

Según Durán, tras los últimos hechos, las FFAA están en proceso de reestructuración con cambios de destinos tanto en las unidades pequeñas como en las grandes.

“Se ha reestructurado todo el Estado Mayor, y el grupo Pachajchos han sido, en un 80 por ciento a 90 por ciento destruidos. Algunos están presos o desarticulados”, sostuvo.

Sin embargo, Santiesteban discrepa. Para el militar en servicio pasivo,  este grupo permanece activo y debió ser depurado para sacar a los malos elementos que politizan el mando militar.

“La cúpula militar no es la misma desde que Zúñiga fue preso, pero el resto está intacto. Están comandando las fuerzas, son la misma estructura, los famosos Pachajchos están ahí dentro. Si fue un golpe por qué no se depuró, porque se ratificó al comandante en jefe”, cuestionó.