"Hay normas que flexibilizan quemas y una incapacidad estatal para aplicar la ley y fiscalizar el uso del bosque"

El director ejecutivo de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, explica que el  modelo del agronegocio, además de otras causas articuladas y actores productivos en general, provoca la quema del bosque y de miles de hectáreas que este año pueden batir récords.

Advierte que se están quemando áreas de vocación forestal, producto de asentamientos en tierras fiscales, territorios indígenas, áreas protegidas, ya que en los últimos años más de 1.500 comunidades han recibido tierras en la Chiquitanía.

Según Chumacero, es necesario cambiar el paradigma productivo, porque no se puede seguir manteniendo un modelo tan devastador del medio ambiente. Al desaparecer los bosques se pierden lluvias y fuentes de agua para otras regiones del Altiplano y los valles. Esta es la entrevista que el especialista compartió con Visión 360, en la que habla sobre la problemática que enfrenta el país.

¿Cuál es el problema que está detrás de las quemas cada vez más descontroladas de los últimos años?

No siempre hubo incendios. Se comienza a ver esta tendencia desde finales de los años 90, con la presencia de incendios anuales en tierras bajas. Esto coincide con la instauración del modelo del agronegocio, agroexportador ligado al monocultivo, principalmente soya.

A medida que se expande la frontera agrícola para producir soya y otros cultivos se van generando incendios con ciertos ciclos. Pero en los últimos cinco años, desde 2019, estamos encontrando situaciones donde los incendios son críticos, con millones de hectáreas quemadas.

Quizá este año sea más grave, equiparable a las quemas de 2019 pero la causa es clara: el agronegocio, es la búsqueda desesperada de ampliar la frontera agrícola para sembrar soya, sorgo, maíz, caña de azúcar, a costa del bosque, ese es el gran problema.

¿Qué otras causas  hay?

También hay causas articuladas, tradicionalmente el sector agroindustrial, ha contado con el apoyo del Estado no solo ahora sino ante y esto se traduce en bajos impuestos, beneficios con la apertura de mercados especiales, disminución de aranceles, facilidades en la importación de insumos, semillas, agroquímicos. Entre esas facilidades, los últimos años, está la aprobación de normas que flexibilizan el desmonte. Con el desmonte que puede ser mecanizado, vienen las multas. Hasta hace unos días, la multa por hectárea quemada de forma ilegal era de 20 centavos de dólar y eso se mantuvo desde hace 20 años, ahora recién subió entre unos 2.000 a 2.200 bolivianos  por hectárea en UFV.

También hay políticas articuladas, ligadas al uso forestal o ambiental. En los últimos años, más de 1.500 comunidades han recibido  tierras en la Chiquitanía, bajo la figura de asentamientos dentro del marco de políticas de distribución de tierras, y estas comunidades y autorizaciones de asentamientos se dan en áreas  de vocación forestal permanente inclusive. Son bosques, pero el INRA se compromete a verificar que una vez entregada la tierra, en dos años, se cumple con la función económica y social. Pero cómo se demuestra esto, tumbando y  quemando, entonces una política de corte agrario, termina cambiando el uso de suelo y fomentando al deforestación y la quema.

Además se tienen avasallamientos, tenemos presencia de campesinos e interculturales en lugares donde no debería existir asentamientos, es decir tierras fiscales, territorios indígenas, áreas protegidas. Todos habilitan tierra mediante la quema. Ahora no solo queman los interculturales y pequeños campesinos, sino también loe medianos y grandes propietarios, indígenas. Todos son culpables, todos tienen algún grado de involucramiento en este tipo de prácticas y que se ven agravadas por el cambio climático, hay sequía, porque en la medida que llueva menos, el bosque pierde humedad, y por lo tanto es más fácil que se queme. Por eso es que vemos los tremendos incendios sin control del fuego,  pero es un círculo vicioso, porque la ampliación de la frontera agrícola, genera menos bosque y eso genera menos humedad y por lo tanto cualquier incendio se expande con una mayor severidad.

Se nos escapa de control, son varios años que venimos con enormes cantidades de hectáreas quemadas, claramente no tenemos las capacidades para enfrentar estos incendios. Hay esfuerzos de los gobiernos municipales, departamentales, nacional, voluntarios, ONG, pero es insuficiente, por eso es el primer año que se declara situación de emergencia, eso es un reconocimiento  de que  no se tiene capacidad y se necesita ayuda del exterior, equipamiento y facilitar manejo de fondos.

Esto nos lleva a pensar que si no tenemos capacidad para enfrentar situaciones así,  deberíamos pensar en prevenir los incendios, no en enfrentarlos. Eso pasa por hablar de las causas estructurales que generan los incendios y cómo hacer para que desde lo estructural dejen de suceder. Claro, ahí estamos hablando de expansión de la frontera agrícola, acciones ilegales de pequeños y grandes productores quemando tierras, procesos de distribución de tierras en zonas donde no corresponde el uso agrícola, de tomas de tierras, de estas normativas que permiten y facilitan la quema y la deforestación o que flexibilizan y vulneran la normativa ambiental y forestal. Además de enfrentar el incendio, tenemos que hablar de las causas estructurales y pensar desde la política pública y acción ciudadana. La sociedad civil tiene que organizarse y exigir cambios estructurales, en cómo estamos pensando el desarrollo agropecuario y forestal en el país, para evitar la deforestación y los incendios. No podemos seguir viviendo así.

¿Se puede evitar el chaqueo como mecanismo de ampliación de la frontera agrícola, existen otras técnicas en los países?

El problema es regional, hay incendios en Brasil, ocurren en toda la Amazonía, es que el modelo supera los límites nacionales, está claramente instaurado, claro que hay otras maneras y alternativas al chaqueo, hay experiencias de ONG, activistas y la cooperación, pero no se ha logrado hacer que esa información y práctica se vuelva masiva, tal vez por una cuestión de educación, desconocimiento de costos, de promoción desde el Estado.

¿Qué es lo que se podría hacer?

Estamos en ese momento en el país. En este momento, no basta con eliminar las normas incendiarias, o incrementar las multas, es un cambio importante, pero no es suficiente, tenemos que repensar en cómo usamos la tierra, si en algún rato se podría rezonificar la Amazonía y decir por ejemplo en este lugar se permite el agronegocio, pero en estos otros lugares no se permite y si se abre alguna brecha, se habilita una parcela para ello, hay penas, sanción, cumplir la ley. Pero requerimos pensar mejor este asunto y convertirlo en política, en acción clara y contundente.

¿Pero en Santa Cruz el argumento es que se puede hacer una quema controlada?

Es probable que hace 10 o 15 años se podía hablar de quema controlada, pero era una situación donde había bosque, humedad, pero ahora el descontrol está a la vuelta de la esquina, entonces es mucho riesgo la quema. Hay experiencias que demuestran que no es necesario quemar. Es que no solo es ver si se chaquea o no, con esto viene un cambio en el patrón productivo, entonces, dejemos de producir estos cultivos del agronegocio, pensemos en explotación forestal, en sistema agroforestales, en otro tipo de agricultura y ganadería que no se enfrente al bosque, sino que lo aproveche, es un cambio de paradigma incluso.

El argumento en Santa Cruz es que se produce alimentos

Pero eso es debatible. Se cultiva un millón y medio de hectáreas de soya, una parte va al procesamiento de aceite, pero el resto a la exportación y ahora se irá a la producción de biodiésel. Tal vez si una parte va a alimento balanceado de animales y se vuelve alimento a través de la carne, pero lo que pasa es que no estamos probando alternativas.

Bajo el discurso  de que se contribuye a la alimentación del país, por detrás está que con la soya se generan grandes beneficios de manera más fácil que con otros cultivos, porque el modelo agroexportador en la región tiene semillas transgénicas, eso disminuye los costos, las semillas están asociadas a agroquímicos cada vez más potentes y venenosos.

Por el tipo de cultivo que es mecanizado y a gran escala también disminuye costos y encima hay mercados preferentes,  todo está pensado para que la gente que se dedica a esto genere grandes beneficios a costa del bosque, el clima, del agua de la humedad, y encima pretender ser los defensores de la seguridad alimentaria, y tiene respaldo estatal desde los años 90. Hay que cambiar el paradigma y cada quien debe asumir su responsabilidad.

¿Quiénes queman más los empresarios, los interculturales, los campesinos?

Las cifras hay que tomarlas con pinzas. Hay determinadas zonas que se queman cada año, pero hay zonas donde varían los incendios. Hace varios años era el valle de Tucavaca en Roboré, ahora es San Matías, pero también la zona norte de Santa Cruz en las áreas de expansión que se habilitan por las carreteras, estamos hablando de la reserva forestal de Guarayos, la TCO Monteverde, la reserva forestal de bajo Paraguá, todas son zonas de expansión, todas tienen colonizadores campesinos, interculturales, habilitando tierras, pequeños y grandes.

Hacia San Matías está la carretera a Brasil, San Ignacio, la Chiquitania, todas son zonas de expansión. Esto varía, cada año se puede hacer un mapeo y cruzar por tipo de propietarios y el porcentaje de cada uno será mayor o menor en función a por dónde ha ido el incendio.

Hay incendios en áreas protegidas, en tierras fiscales, en pequeñas, medianas y grandes propiedades, en comunidades, territorios indígenas. Quién tiene más culpa que otro es complicado, porque se puede iniciar una quema controlada en 10 hectáreas, pero si se descontrola y quemas un millón, hay esta situación que sale de control.

¿También hay responsabilidad en las  quemas de parte de la gente que políticamente ha sido llevada a Santa Cruz de otras regiones?

A eso me refería con los nuevos asentamientos, más de 1500 nuevas comunidades creadas por la distribución de tierras desde el INRA. Se identifican tierras disponibles para distribuir, la mayoría está en zonas boscosas,  tierras de vocación forestal y se otorgan los derechos y bueno la gente migra y se asienta se habilitan tierras con lo que conocen: chaqueando, quemando.

Entonces una de las causas de la ampliación de la frontera, de la deforestación, de los incendios es también estos procesos de distribución de tierras que suponen llevar gente de un lado a otro. No siempre es de occidente a oriente, en varios casos es gente del Chapare a Santa Cruz o de la antigua zona de colonización, del mismo San Julián, y recorren a San Ignacio, al norte y el este.

¿El objetivo básicamente es producir soya, girasol, ganadería, se chaquea para eso?

Es agricultura y ganadería, y de por medio el mercado ilegal de tierras, en muchos casos la gente no cultiva con su mano, sino habilita el monte y luego lo alquila o vende a medianos o grandes propietarios que se dedican al agronegocio.

¿Mencionaba que hay que cambiar de paradigma, de modelo de producción?

Es que no podemos mantener un sistema, un modelo agropecuario  que sea tan devastador del medio ambiente y de los recursos naturales. Necesitamos encontrar una solución  a la producción de alimentos en el país que sea sostenible, que sea armónica con el medio ambiente, con el bosque y con el agua. A este paso, estamos cavando nuestra propia tumba.

¿La quema qué consecuencias trae, se generan otros problemas verdad?

Claro. La zona nucleo de Santa Cruz donde está instalada la agroindustria, tiene una vocación productiva clara, no por nada ahí comienza el proceso desde los años 60 o 70, pero ahora se está expandiendo hacía bosques que no tienen vocación agrícola y el suelo es muy frágil es el caso del bosque del Chaco, el bosque Chiquitano, áreas del bosque amazónico sur.

Entonces, una vez que desaparece el bosque, sí habrá uno o dos años buenos de soya, pero  luego se vuelve un desierto, entonces por un beneficio de corto plazo estamos sacrificando recursos naturales que traen un montón de beneficios.

La lluvia que recibimos en Valles y Altiplano, la cantidad de agua que alimenta al lago, que alimenta al consumo de las ciudades , toda esa agua se regenera y viene de los bosques que estamos perdiendo cada año en tierras bajas. Llevamos ocho millones de hectáreas de tierras deforestadas, más lo quemado es mucho más en los últimos 20 años.

Entonces, no por nada nos falta agua en los Valles y el Altiplano, se tiene ese serio problema. Además cuando se calienta el clima se derriten los glaciares, Sucre, Potosí tienen ese problema, en el mismo Oriente las fuentes de agua están disminuyendo y es porque se está perdiendo el bosque.

En Santa Cruz llueve el 30% menos de lo que llovía hace 40 años y la causa es el calentamiento de la zona por la pérdida de bosques. Es un círculo vicioso.

¿Qué pasa con las quemas en otras regiones, Cochabamba, los Yungas, ahí no hay agronegocio?

Todo contribuye, la práctica del chaqueo también se da en estas regiones y el mismo Altiplano,  en una situación de sequía con mayor sequedad, ocurre lo mismo pero a menor escala, el pequeño productor que tiene una hectárea, chaquea y el fuego se descontrola, lo mismo se puede presentar en el norte de La Paz y en el Beni donde una buena parte son pastizales y se quema cada año, pero en la carretera a Trinidad y Rurrenabaque hay pequeños productores, ganaderos interculturales y los incendios del año pasado se dieron porque había mucha sequedad en el ambiente y los chaqueos para ampliar la frontera se descontrolaron.

¿Las nuevas multas que se aplican aún son bajas?

La multa es ahora importante, pero habrá que ver cuál es la voluntad y capacidad del Estado para identificar quemas ilegales y aplicar las multas y procesos penales que correspondan.

¿No se conoce de gente encarcelada por quemas, verdad?

No se conoce información pública clara de cuán eficiente es el Estado a la hora de fiscalizar estos procesos y  aplicar la ley y sancionar a la gente que está vulnerando la Ley. Seguro hay uno que otro, pero no es una medida política contundente que pueda frenar las quemas. Lo que prima es la impunidad.

Tenemos estas normas que flexibilizan las quemas y una incapacidad estatal para aplicar la ley y fiscalizar el uso del bosque.

¿Se declara emergencia por las quemas, pero no es tardía la reacción?

De declara emergencia para buscar fondos y luchar contra el incendio y apoyar a las familias damnificadas, se declara emergencia para enfrentar la situación crítica y se declara desastre para ver la manera de encarar los impactos y ayudar a la gente afectada.

¿En Australia, en Estados Unidos y otros países grandes  también hay incendios, cual es la causa ahí?

La verdad es que tradicionalmente los incendios se dan en zonas boscosas y en épocas de calor, en general son incendios de origen natural, pero más allá de eso, lo impresionante es la capacidad de reacción, hay cuerpos de bomberos muy bien equipados, aviones, helicópteros, disponibilidad de agua, equipamiento y conocimiento para enfrentar el reto.

En Bolivia el equipamiento de un bombero es una picota, una pala y debe enfrentar incendios de 30 metros de altura y extensión de 40 a 100 kilómetros, no tenemos las capacidades para enfrentar incendios como estos, es más, por eso es que se pide ayuda. Por eso la importancia de prevenir y atacar las causas.