Conflictos sociales
Gobierno inicia una ofensiva jurídica y diplomática contra Evo Morales y afines, desde varios flancos
Tras la marcha encabezada por Evo Morales, que finalizó en La Paz el lunes, el Gobierno inició una contraofensiva legal, desde diferentes flancos, contra el exmandatario (2006-2019), exautoridades y seguidores por hechos suscitados durante las movilizaciones.
Por un lado, las autoridades denunciaron ante la comunidad internacional a Morales por intentos de desestabilización; por otro, iniciaron una denuncia penal contra el exprocurador Wilfredo Chávez, abogado de Morales, por los daños en la contratación de abogados externos; mientras que desde Obras Públicas y Vías Bolivia se anuncian demandas por daños a la carpeta asfáltica y perjuicios económicos en la recaudación de pesos y acciones legales; Finalmente, de parte del Ministerio de Gobierno se anunciaron términos legales por los desmanes provocados por los seguidores "evistas" durante la movilización.
Morales lideró la marcha que partió el 17 de septiembre y luego de siete días, y tras recorrer 190 kilómetros, llegó a la ciudad de La Paz para exigir la respuesta del Gobierno a un pliego de 16 puntos.
Denuncia internacional
En el ámbito externo, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció ante la comunidad internacional que el expresidente Evo Morales "ha amenazado con interrumpir la continuidad del orden democrático al dar un ultimátum al presidente Luis Arce para que en 24 horas cambie su gabinete de ministros si quiere seguir gobernando”, según señala la denuncia.
“El Gobierno legalmente constituido ha demostrado su vocación democrática convocando al diálogo de manera reiterada en una semana y manifestando expresamente que esa es la mejor vía para resolver los conflictos”, dijo la Cancillería en un comunicado.
La Cancillería rechazó las declaraciones realizadas por el expresidente, “así como cualquier tipo de extorsión o condicionamiento en contra de la voluntad del pueblo expresada en las urnas”.
El Gobierno acudió, además, a tres instancias internacionales para denunciar lo que considera actos de desestabilización desde la marcha liderada por Morales.
Envió cartas a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU); a Volker Tünk, alto comisionado de la ONU para los DDHH; ya Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nuestro Gobierno tiene un firme compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos y tiene la convicción de que el diálogo es la mejor vía para afrontar las diferencias”, escribió Celinda Sosa, ministra de Relaciones Exteriores, en la cuenta de Facebook de la Cancillería.
En las misivas, el Ejecutivo expresa que “Desde nuestra perspectiva observamos una amenaza y asedio de una violenta marcha encabezada por el expresidente Evo Morales que se dirige a la ciudad de La Paz. Esta movilización no tiene como fin una reivindicación social, su objetivo primordial es interrumpir el actual mandato constitucional”.
Denuncia contra exprocurador
El martes, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia penal contra el exprocurador Wilfredo Chávez por privatizar la defensa del Estado al contratar abogados externos – nacionales y del extranjero - para 10 casos, en muchos de los cuales éstos no fueron de utilidad, lo que habría generado un daño económico de algo más de 5,4 millones de bolivianos (Bs 5.433.603,9) a Bolivia, informó la estatal Abi.
El procurador César Siles informó que Chávez fue denunciado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución ya las leyes; incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, que tienen una pena de 10 años de privación de libertad, según el Código Penal.
“El delito de conducta antieconómica está presente en estos 10 contratos. El delito de conducta antieconómica exige un sujeto activo, que es una máxima autoridad ejecutiva, en este caso era el Procurador General del Estado”, explicó y agregó que en los cerca de tres años de gestión de la exautoridad hubo “una mala administración, decisión y gerencia”.
De acuerdo con el director Jurídico de la Procuraduría, Aldo Torrez, la denuncia se centra en 10 de más de 30 contratos que se firmaron en la gestión de Chávez y que fueron sometidos a una auditoría.
El monto global de los contratos suma 11,9 millones de bolivianos (Bs 11.953.800,00), de los cuales se ejecutaron o pagaron 5,4 millones de bolivianos.
Entre las irregularidades identificadas está la firma de contratos, porque no “se tenían la justificación necesaria” debido a que la Procuraduría cuenta con la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con más de 20 abogados, que debía asumir esta labor. La Procuraduría cuenta con una planta de 200 funcionarios.
Ministerio de Gobierno: demanda por desmanes
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la presentación de una demanda penal contra seguidores de Evo Morales por los desmanes provocados durante el recorrido y llegada de la marcha a La Paz.
De acuerdo con un informe presentado por la autoridad hubo también daños al ornato público, por lo que anunció la presentación de una denuncia penal, para investigar y sancionar a quienes protagonizaron los desmanes durante el recorrido y final de la movilización de los afines a Morales.
“Esta marcha ha dejado cinco puntos de conflictividad, 87 personas heridas, se logró la aprehensión de 10 personas y una arrestada. Cuatro vehículos destruidos, cuatro entidades públicas y espacios públicos (registraron daños)”, dijo Del Castillo, en una rueda de prensa.
Obras Públicas: Daños a carpeta asfáltica
El lunes el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció que se formalizará una denuncia contra los marchistas afines a Evo Morales por dañar la capa asfáltica de la carretera a La Paz con quema de llantas.
En conferencia de prensa, la autoridad explicó que el domingo por la noche se evidencia que los marchistas, que tienen como líder a Evo Morales, quemaron llantas encima del asfalto de la carretera, informó ABI.
“Vamos a hacer también la denuncia porque al final se ha dañado la capeta asfáltica de las carreteras y alguien tiene que repararlas y entonces nosotros vamos a hacer la denuncia y será la justicia la que tengan que ver”, dijo Montaño.
Vías Bolivia: daño económico por pesos
Este miércoles, Vías Bolivia informó que en nueve días de bloqueo de los autodenominados “Ponchos Rojos”, liderados por el exdirigente David Mamani, y en siete días de marcha de Evo Morales en el altiplano, la estatal cuantificó una pérdida de 2,8 millones de bolivianos (Bs 2.806.675) en las recaudaciones que se dejaron de percibir en el cobro de peces.
“Hay un total acumulado en esos días que equivale a 2.806.675 bolivianos. Esas son las pérdidas que se han realizado en estos siete días de marcha y nueve días de bloqueo”, informó el director general de Vías Bolivia, Germán Veliz.
Anunció que iniciarán acciones legales, pues en esas manifestaciones se causaron daños a la capa asfáltica de las vías, con quemas y promontorios de piedras y tierra.
Explicó que las vías afectadas en el departamento de La Paz son Viacha, Viacha II, Corapata, Huarina, Sica Sica, Patacamaya A, Patacamaya B, Vilaque, Autopista y Achica Arriba. En Oruro están Vila Vila, San Pedro y Caracollo.