Denuncia
Caso de trata contra Evo Morales deriva en destitución de tres fiscales, apuntan a Juan Lanchipa
Una denuncia de trata de personas presentada contra el expresidente Evo Morales en Tarija derivó en una orden de aprehensión emitida por tres fiscales, que luego fue desestimada por una acción de libertad presentada en Santa Cruz por la defensa del exmandatario. A raíz de ello, dos de los fiscales, además de la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, fueron destituidos de sus cargos.
Gutiérrez denunció la noche de este miércoles que la destitución fue instruida por el Fiscal General, Juan Lanchipa, próximo a dejar el cargo, quien le habría señalado en un contacto telefónico que el caso “no se toca”.
Hasta pasada la medianoche Lanchipa no se pronunció y los abogados de Morales respondieron que se trata de una orden de aprehensión emitida de manera arbitraria, en el marco de un plan para criminalizar al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) por haber protagonizado la denominada “marcha para salvar Bolivia”.
Gutiérrez, quien además fue ministra de Justicia en la gestión presidencial de Morales, relató que la denuncia por trata de personas fue presentada el 26 de septiembre y que siguió el curso de otras denuncias consideradas “delicadas”, por lo que se conformó una comisión de fiscales que finalmente emitió la orden de aprehensión, en el entendido de que podría existir riesgo de fuga.
La denuncia es por un caso registrado en 2018, cuando en Yacuiba fue inscrita una partida de nacimiento que refiere que el padre es Morales y la madre una joven de 18 años, quien tenía 16 años el momento del nacimiento.
“El equipo de fiscales decidió sacar mandamiento de aprehensión. No queríamos que este caso quede como uno más que ha quedado en las diferentes provincias de diferentes departamentos. Queríamos que se haga justicia por el bien de nuestras niñas”, dijo Gutiérrez durante una entrevista en el programa Que no me pierda, de la red UNO.
Relató que luego la Fiscalía General emitió un instructivo mediante el cual dispuso que las acciones llevadas adelante en este caso quedaban sin efecto y que se designaba a la Directora Nacional de Género, Alejandra Rocha, y a su asistente Ricardo Caballero para hacerse cargo.
Dijo que el lunes recibió un instructivo del Director de Recursos Humanos de la Fiscalía General para que presente renuncia al cargo, pero que ella se negó, por lo que este miércoles se contactó con Lanchipa, quien le habría dicho que el caso “no se toca”. Aseguró que tiene pruebas de ello.
“Me comuniqué con el doctor Lanchipa paraa ver esa situación. El doctor Lanchipa me dio 20 minutos para que presente mi renuncia y en caso contrario llegaría mi memorandum de destitución. Le contesté que lo esperaría, hay pruebas de esto”, relató y agregó: “Me dijo este caso no se toca, así, con estas palabras”.
En el mismo programa, la abogada de Morales, Cecilia Urquieta, dijo que el caso es “armado” y parte de las acciones judiciales iniciadas contra el jefe masista por haber protagonizado la marcha en demanda de mejores días para Bolivia.
“Este es un caso armado, es un caso que no tienen los elementos suficientes (…) yo podría decir que es falso, porque no existe y no ha existido en ningún momento, ni previamente ni ahora, ninguna prueba, ninguna denuncia formal desde las víctimas sobre este caso”, afirmó.
“Se han abierto cinco denuncias en los últimos cuatro días en contra de Evo Morales, y no se ha podido identificar los delitos que quieren imputarlo y esto es algo que está totalmente armado, no hay presencia de las víctimas, no hay presencia de los padres de las víctimas”, agregó.
El 24 de septiembre de 2020, el entonces viceministro de Transparencia Institucional, Guido Gustavo Melgar, presentó una denuncia por estupro contra Morales por un caso también registrado en Yacuiba. Gutiérrez, consultada si se trataría del mismo caso, respondió: “Este caso es por delito de trata y tráfico”.