En la gestión de Arce, personalidades fueron encarceladas sin que se escuchen sus denuncias de injusticias y maltratos

En los cinco años de gestión del ahora expresidente Luis Arce, ahora detenido en la cárcel de San Pedro, fueron detenidos la expresidenta Jeanine Áñez; los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, todos ellos acusados de participar en el Golpe de Estado, después de la renuncia del exmandatario Evo Morales.

Otros dirigentes que corrieron la misma suerte, por diferentes acusaciones, fueron: el representante de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina; el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, quien perdió la vida en la clandestinidad; el presidente del Comité de Movilizaciones de Comcipo, Marco Subía; y el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza. Uno de los casos más emblemáticos fue el del expresidente del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien denunció hechos de corrupción en esa institución.

Aramayo falleció el 18 de abril de 2022 mientras permanecía privado de libertad. Enfrentaba 126 procesos penales abiertos en su contra por el gobierno de Evo Morales, que continuaron durante la gestión de Arce.

Los familiares, abogados y allegados a estas exautoridades y exdirigentes denunciaron hechos de violencia, arbitrariedades del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Régimen Penitenciario, que no fueron consideradas por las autoridades de ese Gobierno.

En la actualidad, el expresidente Arce, quien fue aprehendido el 10 de diciembre del pasado año y remitido al penal de San Pedro, está acusado de presuntos actos de malversación de recursos del ex Fondo Indígena, en su calidad de ministro de Economía y Finanzas Públicas.

A pocos días de cumplirse los cuatro meses de su detención preventiva, Arce difundió una carta dirigida a la población, en la que se queja de que: “todas las solicitudes presentadas por mi defensa han sido rechazadas, incluso la petición reciente para realizarme los exámenes médicos requeridos por un cardiólogo, poniendo en riesgo mi salud y mi integridad física”.

El 13 de marzo de 2021, después de cuatro meses de asumir la presidencia del país, el Ministerio de Gobierno realizó un operativo en el departamento de Beni para aprehender a la expresidenta Añez, quien fue trasladada a La Paz. La denuncia fue presentada por la exdiputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

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El ministro de Gobierno de esa gestión, Eduardo del Castillo, informó que la exmandataria fue aprehendida por los presuntos delitos de sedición y terrorismo en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en medio de denuncias de haber cometido fraude en las elecciones generales de ese año.

Las informaciones difundidas sobre ese hecho mencionaban que Añez fue vista muy afectada por su aprehensión. Según el Gobierno de Arce, era investigada por las muertes en Senkata y Sacaba. Un día antes, el 12 de marzo, también fueron aprehendidos los exministros de Energías, Guzmán, y de Justicia, Coimbra, quienes fueron trasladados desde Beni a La Paz y, después de prestar sus declaraciones informativas, el juez de la causa determinó su detención preventiva por seis meses.

Ambas exautoridades, después de permanecer tres años en el penal de San Pedro, se sometieron a un procedimiento abreviado y admitieron su culpabilidad por los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa en el caso "Golpe de Estado I". Fueron sentenciados a dos años de cárcel en diciembre de 2023, buscando su liberación tras casi tres años de detención preventiva.

Del Castillo, a través de sus redes sociales, expresó su felicitación al trabajo de la Policía Boliviana, a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), por “esta histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”, informó el diario Opinión.

En la madrugada del 14 de marzo, Añez denunció a través de sus redes sociales que: “en un acto de abuso y persecución política el Gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos".

La exmandataria intentó suicidarse en la madrugada del 21 de agosto de 2021 mientras estaba encarcelada en el penal de Miraflores, en La Paz. Sufrió heridas superficiales en las muñecas y antebrazos, tras lo cual fue atendida y declarada fuera de peligro.

Fue condenada a 10 años de prisión en junio de 2022 por el caso "Golpe de Estado II". Sin embargo, en noviembre de 2025, el Tribunal Supremo de Justicia anuló esta sentencia y ordenó su liberación inmediata al reconocer vulneraciones al debido proceso.

El 10 de diciembre de 2022, en un operativo realizado en la ciudad de Potosí, 2.000 policías fueron desplegados para aprehender al exdirigente cívico y excandidato a la vicepresidencia por Creemos, Marco Antonio Pumari. Previamente, la Policía realizó el allanamiento de las instalaciones de Comcipo para aprehender al presidente de esa entidad cívica, Juan Carlos Manuel.

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Pumari fue acusado de la quema del Tribunal Departamental Electoral y se acogió al derecho al silencio. Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía General del Estado, confirmó que el excívico fue aprehendido la noche del jueves y trasladado al municipio de Betanzos, en el límite con el departamento de Chuquisaca, según Unitel.

El funcionario informó que Pumari será imputado por cuatro delitos: allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado y obstrucción electoral. Quispe adelantó que se pedirá su detención preventiva. En agosto de 2025 fue liberado, después de estar preso por tres años y ocho meses.

Después, fue el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 por efectivos de la Policía, según confirmó Del Castillo. “Informamos al pueblo boliviano que la Policía Boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, escribió en sus redes sociales, según Erbol.

La Gobernación de Santa Cruz emitió un comunicado donde denunció que la autoridad departamental fue secuestrada en un operativo policial “absolutamente irregular y llevado con rumbo desconocido”. El 26 de agosto de 2025, la justicia dispuso la detención domiciliaria para la autoridad, quien permaneció encarcelado por casi tres años en el penal de Chonchocoro.

Juan Carlos Manuel, presidente de Comcipo, se declaró en la clandestinidad. El Ministerio Público lo acusó de haber participado en la quema de la infraestructura del TED. El 23 de enero de 2023 se informó de su fallecimiento. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denunció que Manuel fue el primer fallecido durante la gestión de Arce.

El representante del Conade, Manuel Morales, denunció que el dirigente cívico era “un perseguido político” y advirtió que no iba a sobrevivir lejos de su familia y peor con sus enfermedades de base, como la diabetes y la presión alta, agravado por el olvido de la población potosina, dijo a Erbol.

En esas circunstancias, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las categorías de “clandestinidad” y “perseguido político” no son admitidas por la legislación boliviana y que tendrían el fin de buscar impunidad para no rendir cuentas ante la justicia.

Otro de los dirigentes que sufrió una situación parecida fue Marco Subía, presidente del Comité de Movilizaciones de Comcipo, por el presunto delito de estorbar el ejercicio de funciones. La denuncia fue presentada por la entonces defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a raíz de las medidas de presión asumidas en 2019, en medio del conflicto social por las denuncias de fraude en las elecciones generales, cuando Subía habría ejercido violencia en las oficinas de la Delegación Defensorial en Potosí.

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Su hermano, Remberto Subía, denunció que enfrentaba varios procesos, entre ellos: por la quema de la casa del expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; otro por la supuesta participación en la quema del edificio del TED; y un tercer proceso por Borda, por presuntas calumnias e injurias.

El representante de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, también fue aprehendido en dos oportunidades: el 13 de marzo de 2021, cuando se encontraba de visita en Quillacollo, y el 17 del mismo mes, acusado por los delitos de organización criminal, portación de armas, vejaciones, torturas, además de haber provocado daños al edificio de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, entre otros delitos. Molina fue sentenciado a ocho años de cárcel. En septiembre de 2025, Molina logró libertad condicional por el caso destrozos en la Fiscalía.

Un juez de Oruro determinó la libertad condicional para Yassir Molina, quien se encontraba cumpliendo una condena de seis años de cárcel por el caso de daños en la Fiscalía General del Estado, ocurrido en octubre de 2020, informó Correo del Sur.

Además de estos dirigentes, la Policía Boliviana aprehendió el 22 de septiembre de 2022 al presidente de Adepcoca, César Apaza, por la protesta que derivó en la destrucción de un mercado paralelo abierto por un sector afín al oficialismo para la venta de la hoja de coca en La Paz.

La Policía confirmó que Apaza fue aprehendido en el barrio paceño de Villa Fátima, en cumplimiento de una orden fiscal, acusado de haber cometido varios delitos que eran investigados por el Ministerio Público, entre ellos: instigación pública a delinquir, organización criminal, incendios, secuestro, lesiones leves, graves y gravísimas, robo agravado e impedir o estorbar el ejercicio de funciones. Después de someterse a un proceso abreviado, fue liberado, tras permanecer en la cárcel.