Evo se atrinchera en el Chapare y cierra una semana en la que perdió el estatus de refugiado, pero recibió el apoyo del Grupo de Puebla

El expresidente Evo Morales cierra la semana en medio de una tormenta judicial y política que lo han llevado a atrincherarse en su bastión, el Chapare. Mientras que en Bolivia la Procuraduría del Estado ha tomado parte en las acusaciones por estupro, desde Argentina se le ha revocado el estatus de Refugiado. A nivel Internacional su apoyo se ha concentrado en el Grupo de Puebla.

“Evo Morales está totalmente acorralado, ya tiene menos lugares para escapar. No le quedará más que irse a Chonchocoro o irse a México, porque en Argentina ya no tiene pisada. Empieza a perder el apoyo internacional. Ante un nuevo Gobierno y justicia, Morales no tendrá escapatoria”, afirmó el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga.    

El miércoles 2 de octubre, se filtró una orden de aprehensión en contra de Morales, emitida por el Ministerio Público de Tarija. Sin embargo, pocas horas después, esta fue revocada tras la intervención de su equipo legal, lo que generó controversia y una serie de destituciones en la Fiscalía, incluida la fiscal Sandra Gutiérrez, quien lideraba la investigación. Esto ha puesto en duda la independencia e imparcialidad.

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La medida se debe a que Morales se enfrente a graves acusaciones por trata de menores y estupro, un tipo penal observado por la Corte IDH, por generar impunidad en casos que deben ser considerados como violación. El caso en su contra se encuentra en etapa preliminar y la víctima es una adolescente de 15 años de edad, con quien -fruto del delito contra la libertad sexual- el mandatario tuvo descendencia. 

“Es un proceso político. Es un chisme que da vueltas hace años y que no se comprobó”, afirmó la abogada Cecilia Urquieta, parte del equipo jurídico de Morales que se ha negado a hablar sobre la víctima y su hija.

Su también abogado defensor, Wilfredo Chávez afirmó que el caso no debería ser investigado debido a que el delito en cuestión depende de la denuncia directa de la víctima o un familiar. Pese a ello, el caso acaparó a los titulares y la Procuraduría General del Estado solicitó una investigación de oficio, apoyada en la obligación del Estado de proteger los derechos de los menores de edad y cumplir con la normativa boliviana.

“La Procuraduría observa con atención la investigación de los delitos de estupro y trata y tráfico de personas en contra del expresidente Juan Evo Morales Ayma. En ese orden, esta institución exhorta a la máxima autoridad del Ministerio Público a tomar en cuenta que los Artículos 1(1), 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Artículo 7(b) de la Convención de Belém do Pará. . y los estándares del Sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, establecen que los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, generan la obligación estatal reforzada de debida diligencia que se traduce en una investigación de oficio con medidas de protección a la víctima, antes y durante el desarrollo de las investigaciones del proceso penal”, dice esa entidad en un comunicado.

Morales ha calificado estas acusaciones como parte de una persecución política y ha asegurado que el gobierno del presidente Luis Arce busca extraditarlo a Estados Unidos. Aunque aseveró que ese sería el plan, también admitió que no tenía pruebas para respaldar esta afirmación.

“No tengo pruebas, pero se comenta bastante, es su deseo, es oficial que se dijo 'detener al a Evo aquí (en Bolivia) va a ser insostenible, mejor sería en el exterior'. ¿Qué está insinuando entonces?, será el primer indígena enviado a Estados Unidos por Lucho Arce y compañía”, declaró Morales en una conferencia de prensa desde el Chapare, rodeado de uno de sus abogados y seguidores. 

“Todos los presidentes me procesaron ya toditos les gané, por eso este proceso ya está ganado”, manifestó desafiante. Aseguró que los supuestos juicios que el Gobierno quiere iniciar “no son contra Evo, sino contra el movimiento indígena”.

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Asimismo, dijo que durante la gestión de Jeanine Añez (2020), autoridad opositora a Morales, ya fue procesado por el presunto delito que se le acusa. Agregó que este se cerró el 10 de diciembre de 2020, en el municipio de Yacuiba (Tarija), fecha en la que Arce ya había ganado las elecciones y el MAS estaba al mando del país nuevamente. Esto pone en duda la independencia e imparcialidad en el caso.

“Resolución Fiscal de Rechazo, Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la ciudad de Yacuiba. Estupro agravado, corrupción niño, niña, adolescente. Han investigado todo un año y no hay nada, y no va a haber nada porque es otra mentira más”, dijo el titular del MAS, en conferencia de prensa.

Este no sería el primer caso en el que Morales se ve envuelto por mantener relaciones con menores de edad. De forma pública se conocen al menos dos víctimas más.

En medio de este escándalo, Morales recibió un golpe adicional con la decisión del Gobierno argentino de Javier Milei de retirarle el estatus de refugiado, el cual había obtenido tras su autoexilio en 2019. El exmandatario reaccionó enérgicamente y afirmó que no tiene miedo y que no será silenciado.

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Esta no ha sido la única reacción internacional. En su favor se ha pronunciado el Grupo de Puebla, que denunció que las acusaciones forman parte de una “estrategia de lawfare” que entra en una guerra política.

“El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación por la campaña de lawfare que se está comenzando a desarrollar contra el compañero Evo Morales en Bolivia”, señala un comunicado que publicó este bloque. “Hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Evo Morales”, añade.

Ante la presión, Morales ha decidido atrincherarse en el Chapare, su bastión político, desde donde ha lanzado varias acusaciones contra el gobierno de Luis Arce, alegando que existe una traición dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). En septiembre Morales lideró una marcha para exigir se acepte el congreso en el que se decidió su candidatura a las elecciones 2025 y mayor control sobre el Gobierno, lo que, según él, habría precipitado las denuncias en su contra.

Asimismo, el gobierno de Arce adoptó una postura clara en torno al caso. El Presidente subrayó que no se permitirá la impunidad en delitos que involucren a menores y ha pedido que el proceso judicial se mantenga bajo reserva para proteger a la víctima ya su familia.