Evo ve en el caso de trata persecución política del Gobierno con respaldo de EEUU

Para el expresidente Evo Morales la denuncia de trata de personas y estupro agravado en su contra no es nada más que una persecución política, montada por el Gobierno con el respaldo de Estados Unidos (EEUU), con el fin de eliminarlo del escenario político e incluso de “matarlo”.

En una entrevista de casi una hora en la radio Kawsachum Coca, ya horas de tener que comparar ante la Fiscalía de Tarija, el mandatario junto al exministro de Gobierno, Carlos Romero, su asesor jurídico, se encargó de justificar la persecución.

Romero indicó que se conoció que se ordenó un gran despliegue de efectivos policiales a la ciudad sureña de Tarija como el acuartelamiento en la región.

“Espero que tantos policías movilizados serán para darme la bienvenida, (será un) buen recibimiento; Esperamos eso”, dijo Morales.

Agregó que “por razones políticas están abriendo el caso, entiendo, hay una exagerada desesperación del Gobierno y su equipo de como llamar al movimiento popular”.

Explicó que en este plan “están metidos no solo la derecha externa, con Estados Unidos, sino la derecha interna, y la nueva derecha de Luis Arce Catacora. Es un plan del imperialismo, que pretende proscribir al MAS-IPSP e inhabilitarlo a las próximas elecciones”.

Reiteró que militares le alertaron que en esas filas castrenses pretendían “bajarlo” lo que significa “matarlo”, entonces le pidieron que se cuide. Agregó que conoció mensajes de gente del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que señalaban: “Hay que matarlo porque es vivo”, “ya ​​no hay tiempo, ajusten cuentas”, “hay que detenerlo”.

Sobre la denuncia en su contra, Morales insistió en que es un caso cerrado por falta de pruebas, que fue planteado en 2020, por lo que no pueden volver a juzgarlo por los mismos delitos nuevamente.

Romero recordó los errores en los que incurrió en el reciente proceso contra Morales, que derivó en una orden de aprehensión que fue desestimada, tras una acción de libertad resultante en la ciudad de Santa Cruz.

Indicó que se emitió la orden de aprehensión sin conocimiento de la autoridad jurisdiccional, argumentaron que no había domicilio del denunciado, no le correspondía a la Fiscalía de Tarija conocer el caso y la investigación de la supuesta denuncia es inexistente.