Caso Golpe I: Cuatro procesados están prófugos, tres en la cárcel y uno pide refugio

Luego de transcurridos cinco años de la crisis política que vivió Bolivia en 2019, este lunes 14 de octubre se instalará el juicio oral del caso denominado Golpe de Estado I, que indaga los hechos previos a la asunción de Jeanine Añez a la Presidencia del país. En este proceso hay ocho acusados, quienes están presos o prófugos.  

Luis Guillén, abogado de Añez, dijo a Visión 360 que será el mismo tribunal que sentenció a su defendida el que juzgará este proceso, en el que también está la exmandataria.

De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, el principal procesado es  el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien en ese entonces dirigía el Comité Cívico cruceño. Hoy se encuentra detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro, en Viacha, precisamente por este caso. Es acusado de la presunta comisión de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos. 

Según la acusación, con el argumento de la existencia de un  fraude electoral en los comicios de 2019, Camacho supuestamente apuntó a sustraer a Evo Morales de su mandato constitucional que fenecía en enero del siguiente año. Para este cometido, de acuerdo con el Ministerio Público, se rodeó de otras personas, entre ellas Marco Pumari, entonces líder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), además de  efectivos policiales y militares, como también de sus cabezas, que dirigieron sus mensajes a pedir la renuncia de Morales.

Para el presidente del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), Manuel Morales, en 2019 lo que hubo fue una insurgencia ciudadana con parangón a lo que ocurrió en 2003, cuando huyó el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en este caso lo hizo Evo Morales. 

"La protagonista fue la ciudadanía. Camacho no tuvo influencia gravitante luego de dar la carta en Palacio", indicó el activista a Visión 360.

Otro de los acusados es Pumari, quien guarda detención en el penal de Cantumarca, Potosí, por la quema del Tribunal Departamental Electoral (TDE).

Fernando López, exministro de Defensa, es otro de los acusados, quien está prófugo de la Justicia. Él tramita su estatus de refugiado en Paraguay.
Los entonces comandantes de la Policía, Yuri Calderón, y de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, también están en este proceso. Sin embargo, ambos están prófugos y se desconoce su paradero, aunque se presume que el último está en  Estados Unidos. 

Siguen en la lista de los procesados los militares Sergio Orellana, quien era jefe del Departamento III de Operaciones de las FFAA, y Jorge Fernández, quien se desempeñaba como inspector de la institución castrense. Las autoridades desconocen su ubicación.

Añez también está en la lista de los procesados en este caso.Ella cumple una sentencia de 10 años, en el penal de Miraflores en La Paz, por el caso Golpe II, que se refiere al incumplimiento de deberes, y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por su asunción a la Presidencia.
Según la acusación formal de la Fiscalía, Añez  supuestamente colaboró en 2019 para consolidar un gobierno "ilegítimo",  al no poder instalar uno "cívico-militar", que era el propósito inicial.

No obstante, de acuerdo con el presidente del Conade, ambos procesos -Golpe I y Golpe II- no corresponden porque vulneran los derechos de la exmandataria, quien debe ser juzgada, en todo caso, a través de un juicio de responsabilidades.

Además, indicó que tras conocerse las declaraciones del exministro de Justicia Iván Lima y del exjefe de Estado Evo Morales, en sentido de que fue una decisión política ir por la vía ordinaria, ambos procesos deberían anularse.

Guillén explicó que estas declaraciones demuestran que se realizaron actos de intromisión en el Órgano Judicial, que deberán tomarse en cuenta.
Indicó que Añez, además de este atropello, fue también expuesta a extenuantes jornadas de juicio cuando su condición física estaba deteriorada y, ahora, se la sigue sometiendo.

Similar criterio expresó el diputado Pablo Arízaga, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), quien dijo: "Este caso se va a caer en el corto o mediano plazo; este proceso se va a retrotraer y obviamente vamos a asegurar la vigencia de la ley". Agregó que esto ocurrirá a partir de la elección de nuevos magistrados el 1 de diciembre y es más, cuando se cuente con un nuevo gobierno.

Contrariamente, el diputado  "evista" Renán Cabezas, del Movimiento Al Socialismo (MAS),  demandó celeridad en el proceso para sancionar a los responsables del golpe de Estado de 2019. "Ya deberían sentenciarlos, ya pasaron cuatro años y no hay nada, el Gobierno usa ritmos políticos", sostuvo el legislador.

Los procesados en el caso Golpe I:

Luis Fernando Camacho, Gobernador electo de Santa Cruz

Es el principal acusado en el caso Golpe I. En 2019 fue presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, está acusado por terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, y uso indebido de bienes y servicios públicos. Está recluido en el penal de Chonchocoro. El 28 de diciembre de 2022 fue aprehendido por este caso, pero a la fecha ya lleva más de cuatro acusaciones.

Marco Pumari, expresidente de Comcipo

En 2019, cuando ocurrieron los hechos que se investigan, era presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Es considerado autor de los delitos de terrorismo y asociación delictuosa, y uso indebido de bienes y servicios públicos. Junto con Camacho lideró la movilización que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Desde el 11 de diciembre de 2021 está detenido preventivamente en el penal de Cantumarca, Potosí, acusado por participar en la obstrucción del proceso electoral de octubre de 2019.

Fernando López, exministro de Defensa

Era hombre de confianza de Luis Fernando Camacho. Según la acusación, durante los hechos de 2019 se trasladó desde Santa Cruz a La Paz donde sostuvo una reunión con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) para consolidar la salida del entonces presidente Evo Morales. Cuando Jeanine Añez asumió la Presidencia del país, López fue nombrado ministro de Defensa. Está acusado por el delito de terrorismo. Fue declarado rebelde. Hoy está en Paraguay donde solicitó refugio político, hecho que frena la extradición que busca el Gobierno.

Williams Kaliman, excomandante de las FFAA

En 2019 era Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA). El 10 de noviembre de 2019 sugirió la renuncia del entonces presidente Evo Morales para pacificar el país, hecho considerado indebido, en la acusación, porque los militares no deliberan. En una posterior entrevista, Kaliman aseveró que lo que se hizo entonces no fue ilegal y estaba dispuesto a ser investigado. Está acusado por el delito de terrorismo. Fue declarado rebelde en el proceso del caso Golpe I. Se presume que está en Estados Unidos. Fue sentenciado a 10 años de cárcel en el caso Golpe II.

Yuri Calderón, excomandante de la Policía

En 2019 fue  Comandante de la Policía Boliviana. Según la acusación de la Fiscalía, en ese rol instó a sumarse al pedido de renuncia del entonces presidente Evo Morales con el objetivo de pacificar el país y respaldó el motín policial que se ejecutó esa vez. Está responsabilizado por el delito de terrorismo. Fue declarado rebelde. En la Policía se emitió su baja definitiva en septiembre de 2021. Cuenta con una sentencia de 10 años en el caso Golpe II. En la actualidad se desconoce su paradero.

Jeanine Añez, expresidenta de Bolivia

Durante los hechos de 2019 fue segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Posteriormente asumió la Presidencia de Bolivia. De acuerdo con la imputación formal está acusada por el delito de terrorismo en grado de complicidad. Actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia de 10 años en el penal de Miraflores, en La Paz, impuesta por el caso denominado Golpe II, que hace referencia a incumplimiento de deberes, y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por la forma en que asumió el poder.

Sergio Orellana, exjefe de Operaciones de las FFAA

En 2019 fue Jefe del Departamento III de Operaciones de las Fuerzas Armadas, encargado de las actividades operativas; por tanto, durante los hechos indagados tuvo conocimiento del movimiento de aviones como el Beechcraft, Learjet y helicópteros del Ministerio de la Presidencia, con lo que contribuyó, según la acusación formal, a los fines de Luis Fernando Camacho de deponer un gobierno legalmente constituido. Está investigado por el delito de terrorismo en grado de complicidad. Cuenta con una sentencia de cuatro años por el caso Golpe II. Se desconoce su paradero.

Jorge Fernández, ex Inspector de las FFAA

Durante los hechos que se indagan se desempeñaba en el cargo de Inspector General de las Fuerzas Armadas (FFAA), cuya obligación era controlar y fiscalizar la adecuada administración de los recursos de propiedad de las Fuerzas Armadas, extremo que, según la imputación, no aconteció y contribuyó a los fines de Luis Fernando Camacho. Está acusado por el delito de terrorismo en grado de complicidad. Fue declarado rebelde. Cuenta con una sentencia de cuatro años por el caso Golpe II.

PUNTO DE VISTA 

"El caso terminará en instancias internacionales"

Por: Franco Albarracín, abogado y activista

Desde el principio el caso, tiene varias irregularidades, desde las notificaciones realizadas de manera incorrecta, de mala fe, hasta las detenciones arbitrarias, como en el caso de Luis Fernando Camacho, inclusive detenciones violentas vulnerando la Constitución y los tratados internacionales. 

En realidad, este caso  está sostenido con base en tipos penales que han sido rechazados por organismos internacionales, específicamente el de terrorismo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ya emitió en varias ocasiones un comunicado indicando que el tipo penal de terrorismo en Bolivia es muy vago y ambiguo, y se lo está utilizando para perseguir por razones políticas. Lo mismo dijo en su último informe sobre Bolivia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo mismo dijo el rector sobre Independencia de Jueces y Magistrados, García Sayán, de Naciones Unidas.

Entonces, el tipo penal de terrorismo es un tipo penal que no se adecúa a los estándares internacionales de protección a derechos humanos y a la propia Constitución Política del Estado, y es el sostén, es el pilar del caso Golpe I.

Entonces, todo este caso está sostenido en un pilar completamente ilegal, irregular. Es un caso que no está adecuado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no solo eso, sino que de acuerdo con la información, que ya todos conocemos, no existen las pruebas suficientes ni contundentes para demostrar que los acusados han incurrido en delitos de terrorismo y los otros tipos penales.

Además de esto, ya varios órganos internacionales han dicho públicamente la falta de independencia del fiscal general, Juan Lanchipa, al igual que la propia estructura del Ministerio Público, por lo que este caso adolece de irregularidades, no tiene ningún sustento legal y claramente va a terminar en instancias internacionales, al final de cuentas siendo sancionado el propio Estado.