Otro frente de conflicto: Milei veta fondos para universidades

El presidente de Argentina, Javier Milei, logró esta semana, gracias al apoyo de un sector de la oposición, imponer su veto a la ley de financiación de la educación universitaria pública. Los sectores de oposición que promovían el rechazo al veto presidencial no lograron reunir los dos tercios de los votos necesarios en una sesión en el pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el miércoles, por lo que la decisión del jefe de Estado quedó en firme.

Al día siguiente, el jueves, Milei dijo: “Si estuvieran limpios, ¿cuál es el problema que los auditen? Hace casi 10 años que no hacen una auditoría, pero parece que eso es ‘poner en riesgo’ la educación pública. No, todo lo contrario, es valorizar la educación pública. Lo único que estamos pidiendo es auditarlos. Si estuvieran limpios, claramente podrían mostrar los números, pero no lo quieren hacer”.

Durante una participación en la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (Ceal), el mandatario argentino afirmó durante su discurso que “el aumento para las universidades es un mero eufemismo para defender los curros (trabajos) de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robarles a los alumnos y a los profesores”.

“Hemos venido a hacer las cosas que están bien; vinimos a terminar con los curros. Volver a las andadas no es gratis, es perder por lo menos un tercio del PBI”, afirmó el mandatario ante el aplauso de los asistentes.

En Argentina, por ejemplo, la Universidad de Rosario tiene 10.500 empleados, de los que personal docente son más o menos dos mil, para alrededor de 85 mil alumnos.

Al respecto, Milei cuestionó en la red X: “Universidad Nacional de Rosario: Alumnos, 85.000; empleados, 10.500, ¿un empleado por cada ocho alumnos? Se los dejo para pensar...”.

“Nos quedan pendientes 3.200 reformas. Vamos a ser el país más libre del mundo cuando termine el mandato”, dijo Milei ante los empresarios presentes en el citado evento.

Un reporte de EFE señala que casi dos millones de personas estudian en las 57 casas de altos estudios financiadas por el Estado en Argentina, donde el acceso a la educación universitaria pública es gratuito desde 1949 y ha permitido la formación de millones de argentinos que, de otro modo, no hubieran podido solventar su carrera.

La ley de financiación universitaria, aprobada por el Congreso el pasado 13 de septiembre, establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7% interanual.

Asimismo, ordenaba una recomposición de los salarios universitarios, también teniendo en cuenta la inflación. El pasado 3 de octubre, Milei vetó la norma con el argumento de que su aplicación comprometería el objetivo del equilibrio fiscal que busca su gobierno.

Paro y toma

La medida agudizó el conflicto entre los estudiantes y el Gobierno. Los docentes realizaron una huelga de 24 horas el jueves contra este “veto” y tomaron algunas universidades.

“Están maniobrando un ataque terrible a la educación pública y a la universidad pública y eso no se puede dejar pasar”, afirmó una alumna de la Universidad de La Plata, donde los estudiantes tomaron las instalaciones como medida de protesta.

En medio de la huelga, Carlos de Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), expresó: “¿Qué hace el Congreso? En vez de ratificar una ley que había votado, la rechaza, conociendo el clamor popular”. En criterio del dirigente, “el problema no es financiero, sino llevar a la universidad pública a su mínima expresión y arancelarla, de forma que solamente pueda estudiar el que tenga plata; el que no, no estudiará”.

“Vamos a pelearlo”, advirtió el gremialista y adelantó que se va a “organizar la resistencia” y que existen “miles de jóvenes organizados que han tomado las universidades”.

Durante el debate en la Cámara Alta, la diputada oficialista Juliana Santillán justificó la norma. “La aprobación de esta ley generaría un incremento desmedido del gasto público, con un impacto de más de 1,5 billones de pesos (unos 1.500 millones de dólares), lo cual es insostenible en el actual contexto de crisis económica”.

De acuerdo con cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,14% del PIB, por lo que la comunidad universitaria considera que no afectaba sustancialmente a las cuentas públicas.

“No son conscientes de los sueños que se van a frustrar como consecuencia de esta medida. Están haciendo un ajuste sobre una de las pocas cosas que funcionan bien en nuestro país. Están profundizando las tensiones sociales”, advirtió el diputado Leandro Santoro, de la opositora Unión Cívica Radical.

Mientras que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el también opositor Axel Kicillof, dijo que “el vergonzoso voto de los legisladores que convalidaron el ataque de Milei contra las universidades no hizo más que poner blanco sobre negro la verdadera discusión: no les interesa el déficit fiscal, no es una cuestión presupuestaria, quieren un país elitista, donde las oportunidades de progreso sean para unos pocos. Les molesta que haya más universidades porque les molesta que haya igualdad”.

“Están equivocados si creen que nos vamos a dejar ganar por la resignación. No vamos a abandonar la lucha por nuestra universidad pública”, añadió Kicillof.

Esta es la segunda vez que Milei logra mantener un veto a una ley. En septiembre pasado, la Cámara de Diputados convalidó un veto presidencial a una norma que establecía una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones  y que, a juicio del Ejecutivo, también comprometía las cuentas públicas.

Con el veto presidencial en firme, no queda más espacio para la discusión de los fondos para las universidades que el debate parlamentario del proyecto del Presupuesto Nacional 2025. (Con información de EFE).

“El veto y el voto”, Cristina denuncia “transfuguismo político”

La expresidenta Cristina Kirchner apuntó a los gobernadores peronistas por la votación del Congreso, que dejó firme el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

“Esta realidad que ya es inocultable, nos obliga hoy, más que nunca, a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes y para que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del Pueblo y la Nación”, expresó desde su cuenta en la red X, en un texto que tituló “El veto y el voto”.

Consideró así que el apoyo al Presidente se dio debido a que varios gobernadores de su partido “habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Milei”.

“De los 99 diputados y diputadas que conforman el bloque de Unión por la Patria (UxP) -integrado mayoritariamente por el peronismo, acompañado de otras fuerzas aliadas-, 98 cumplieron con el mandato del voto que los llevó a ocupar una banca en representación del pueblo. Sin embargo, el voto contra la universidad nacional, pública y gratuita prevaleció, y el veto de Milei contra la educación sigue vigente”, dijo la exmandataria.

En su posteo en X, Cristina compartió capturas de distintos medios con la cobertura de la jornada legislativa y apuntó al cambio de postura de varios diputados.

“(Alberto Arrúa) no solo había votado el financiamiento universitario, sino que prometió públicamente rechazar el veto de Milei; sin embargo, por alguna desconocida alquimia, terminó siendo uno de los cinco votos peronistas que, de haber cumplido con su mandato, habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento. Sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes, en clase”, aseguró.

La expresidenta sumó: “Fue así que estos legisladores, junto a Propuesta Republicana (PRO) y algún retazo del radicalismo le permitieron a Milei reunir el número para clausurar las esperanzas de un país que supo reconocer en la educación y, en especial, en las universidades públicas, el camino del ascenso social”.

Evaluó también las razones de este verdadero “transfuguismo político”: “El Gobierno aprovechó las necesidades provinciales y profundizó las fisuras en casi todos los bloques opositores. Esto es lo que está destruyendo las representaciones políticas y sus instituciones. Y todavía hay algunos que se preguntan por qué ganó Milei”.

La expresidenta, que confirmó esta semana sus intenciones de presidir el Partido Justicialista, dijo que “esa realidad nos obliga  a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes”, cerró.

Las claves del conflicto estudiantil en Argentina

El conflicto universitario se inició en los primeros meses de este año, con crecientes protestas por parte de profesores, personal no docente y estudiantes ante la decisión del Gobierno de no actualizar el presupuesto destinado a las universidades públicas, que sufrió un fuerte recorte en términos reales debido a la elevada inflación.

Tras una masiva movilización de protesta el 23 de abril, el Ejecutivo otorgó fondos adicionales para garantizar el funcionamiento de las universidades, aunque los reclamos continuaron por parte de los sindicatos ante la falta de un ajuste salarial.

La Constitución argentina habilita al Presidente a vetar total o parcialmente una ley, veto que el Parlamento puede superar volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas, en las que el oficialismo está en minoría y necesita tejer alianzas con sectores de la oposición.

Milei ya vetó recientemente otra ley, una iniciativa destinada a establecer los aumentos en las jubilaciones, pero logró luego evitar la ratificación parlamentaria mediante el voto negativo de ciertos sectores de la oposición.

En caso de que el Parlamento rechace el veto presidencial, el Gobierno no descarta llevar la cuestión a la Justicia, pues considera que la ley está “viciada” porque no especifica de dónde deben salir los recursos para hacer frente a los gastos estipulados en la iniciativa, lo que contradice normativas relativas a la administración presupuestaria.

La gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en Argentina, donde el peso de la pobreza es mayor a la media entre los jóvenes.  De acuerdo con las últimas cifras oficiales disponibles, en 2022 había 510.221 alumnos matriculados en la educación universitaria privada y casi dos millones en universidades nacionales estatales. (EFE)