Contra los asentamientos ilegales
Integrantes de la marcha indígena duermen en la plaza y exigen la atención del alcalde de San Ignacio de Velasco
Los cerca de 700 representantes de más de 20 comunidades indígenas protagonistas de la marcha indígena que duró 10 días, durmieron en la plaza del municipio de San Ignacio de Velasco y anunciaron que permanecerán ahí hasta lograr la atención del alcalde y de otras autoridades.
Hoy iniciaron debates en mesas técnicas, con el objetivo de que el documento final, sea enviado con su pliego petitorio dirigido al Gobierno de Luis Arce, luego de haber recorrido 160 kilómetros en rechazo a los asentamientos ilegales en la Chiquitanía, Alto y Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz.
“Haremos llegar la nota al Ministerio de la Presidencia, lastimosamente debemos seguir ese camino burocrático para ser atendidos. Marchamos por 10 días sin recibir atención por parte de ninguna autoridad. Decíamos que queríamos diálogo sin condiciones, pero ahora tendremos que tomar alguna determinación, con medidas de presión, ya que estas autoridades no se dignan en atender nuestro pliego petitorio”, declaró a Visión 360 el cacique de la comunidad San Simón, Lordy Suárez.
Desde la Defensoría del Pueblo, cuyos funcionarios acompañaron el último trayecto de la marcha, se informó que realizan un trabajo de asesoramiento técnico legal, hacia los líderes indígenas, para que sus demandas se canalicen de forma adecuada antes los diferentes niveles de gobierno.
La marcha partió el 14 de octubre de la comunidad San José de Campamentos con 170 representantes, durante su recorrido hacia el municipio capital de la provincia Velasco, se sumaron más autoridades originarias y ayer arribaron con más de 700 personas de 20 comunidades.
La marcha inició luego de que los incendios forestales, provocados por avasalladores de las áreas protegidas, devastaron gran parte de su territorio, en Alto y Bajo Paraguá. En ese contexto, una de las principales demandas esa la expulsión y sanción contra los responsables de los asentamientos ilegales.
Los indígenas señalan como protagonistas de los desmontes y asentamientos ilegales a los agroindustriales, menonitas, pero principalmente a los denominados Interculturales, organización de campesinos migrantes, parte del Gobierno del MAS. Los comunarios piden que los responsables sean obligados a restaurar el daño provocado a su territorio y así no quede impune los delitos forestales.
El pliego petitorio con el que la marcha indígena inició, con 8 puntos y diferentes propuestas de solución, fue entregado el 16 de octubre ante los ministerios de la Presidencia, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua. El documento fue enviado por la diputada María René Álvarez.
Además de solicitar que se emitan leyes para preservar la cuenca del río Paraguá, el pliego petitorio indígena pide la reestructuración institucional y normativa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), para que esta se constituya en una verdadera entidad de protección de sus recursos, con la capacidad operativa de control.
En esa línea, también piden la abrogación del 100% de las multas impuestas por la ABT, a las comunidades originarias de Alto Paraguá; “que se realicen las auditorías ambientales, forestales u otras medidas que correspondan, para que no solo se sancionen los asentamientos ilegales, desmontes y la afectación a nuestros recursos hídricos, sino también se garantice la restauración del ecosistema y el resarcimiento de daños, en el área protegida municipal y todo Alto Paraguá”.