Gobierno pide al TCP un pronunciamiento sobre la ley que cesa funciones a los magistrados

El ministro de Justicia, César Siles, dijo este viernes que el Gobierno remitió una solitud al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que emita un pronunciamiento sobre la “ilegalidad” de la ley 075, de cesación de funciones a los magistrados prorrogados, que promulgó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

“El máximo intérprete de la Constitución debe pronunciarse sobre la solicitud del senador de publicar esa ley en la Gaceta Oficial de estos dos proyectos de ley”, dijo el ministro a los periodistas.

Rodríguez, en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea, promulgó el martes las leyes 075, referida al cese de funciones de los magistrados prorrogados, y 079, sobre un contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital-Bombeo-Colomi. 

“La publicación que nos pide el senador Andrónico Rodríguez es totalmente inconstitucional, por esa razón se está enviando al TCP para que emita un pronunciamiento. No necesito ser adivino ni experto en derecho constitucional, el razonamiento del Tribunal sin duda será de anular este acto de promulgación y por tanto no hay ninguna obligación de publicar leyes que en su procedimiento legislativo han nacido muertas y eran nulas de pleno derecho”, dijo el ministro a los periodistas.

Siles advirtió, el pasado miércoles, que Rodríguez podría ser procesado por “resoluciones contrarias a la Constitución, usurpación de funciones e incumplimiento de fallos judiciales”, tras la promulgación de la ley 075, de cesación de funciones de los magistrados “autoprorrogados”.

Este viernes, Siles declaró: “Es evidente la intencionalidad política de la tramitación y promulgación de estos proyectos de ley, especialmente el antiprórroga, seguramente la intención es dejar sin efecto otras sentencias constitucionales que en su momento han definido la posibilidad de reelección de Evo Morales y la que define la situación del Movimiento al Socialismo (MAS)”.

Siles recordó que una sentencia del TCP suspendió la competencia de Rodríguez para convocar a la sesión (en junio pasado) en la que fueron tratados y sancionados los dos proyectos de ley.