Posturas
Industriales y agropecuarios rechazan disposición del PGE 2025 que prevé confiscación de productos a empresas y piden eliminarla
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazaron la disposición del proyecto de Presupuesto General del Estado 2025 que prevé confiscación de productos a empresas, y piden retirarla. En el caso del agro piden que no se incluya en el PGE “la intervención indiscriminada de las distintas cadenas productivas”.
La CNI, en un comunicado, expresó su profunda preocupación y alarma por la disposición de “confiscación y/o decomiso de productos” a empresas que dispone, como se dispone en el proyecto de PGE 2025.
“La disposición adicional séptima del PGE 2025 se convertirá en un instrumento de carácter discrecional, arbitrario y represivo y extorsivo, puesto que facultará a entidades públicas competentes a activar acciones de control fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los industriales legalmente establecidos”, precisó.
La entidad advierte que la confiscación y decomiso de productos generará incertidumbre entre las empresas y microempresas, que preferirán dejar de producir para evitar la arbitrariedad de funcionarios públicos, generando un efecto de desabastecimiento alimentario, caída de la inversión, desempleo, y descenso de las recaudaciones tributarias.
Además, considera que la citada disposición adicional en el PGE 2025, constituirá un incentivo al contrabando y a las actividades informales, debido a que el control y regulación solo se aplica a empresas formales.
“Los industriales en forma categórica solicitan al presidente Luis Arce eliminar la citada disposición adicional, para evitar un clima de total inseguridad jurídica para la iniciativa privada y plantea al Gobierno adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio”, se indica.
En otro comunicado, la CAO, señala que la producción y la oferta de productos no está en función de amenazas, restricciones e intervenciones. “Por el contrario, la realidad nos muestra que dichas intimidaciones generan mayor inseguridad y desánimo en el productor, además los resultados en producción de cualquier actividad son desastrosos”, subraya.
La CAO recuerda que desde que se restringieron las exportaciones, se implementaron cupos y se aplicaron bandas de precios en algunos rubros, el crecimiento de estos, se desaceleró a tal punto que, de ser exportadores, hoy para cubrir el consumo interno se debe importar de otros países en grandes cantidades, como ser de arroz y maíz, entre otros.
“No somos partidarios de la especulación y todo lo ilegal se debe combatir, así como por años venimos pidiendo que se controle el contrabando que afecta a la producción nacional y nunca se hizo nada”, sostiene la CAO.
La CAO asegura que la especulación se combate incrementando la oferta, pero si no hay condiciones para producir, las amenazas no harán aparecer más producto de un momento a otro.
Según la Cámara, para los productores pequeños, medianos y grandes que, junto a sus familias son más de la mitad de la población y dependen de esta actividad, no es correcto que vivan en una incertidumbre permanente, con normas que solo se prestan para la presión y la extorsión.
Al igual que los agropecuarios, miles de familias de transportistas, comercializadores de productos agropecuarios, agroindustriales y otros dependen de la actividad. Añade que bajo ningún argumento es correcto que la población tenga que pagar un alto costo de vida, por el manejo irresponsable de las políticas públicas.
“Pedimos a los legisladores, no permitir que se incluya en la ley del presupuesto general del estado, la intervención indiscriminada de las distintas cadenas productivas, porque puede marcar un punto de inflexión destruyendo las misma, en desmedro de la población”, manifiesta la CAO.