Elecciones judiciales en Bolivia y México ¿Se garantiza la independencia judicial?
En 2009, la Constitución Política del Estado implantó la elección popular de los altos tribunales de justicia, en una Bolivia lastimada por un sistema judicial degradado. De acuerdo con nuestra normativa, se determina que el proceso de preselección de los candidatos a los cargos judiciales está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, un filtro que eminentemente -de entrada- tiene un fuerte sesgo político-partidista.
El artículo 178 de nuestra Constitución establece que “…la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, lo que nos permite presumir que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y los consejeros del Consejo de la Magistratura, al ser elegidos directamente por la ciudadanía, nos deben garantizar eficacia en el cumplimiento de estos principios constitucionales. Pero la realidad, después de casi 15 años, nos permite refutar independencia e imparcialidad en la administración de justicia.
Lo cierto es que, luego de tres elecciones (2011, 2017 y otro proceso por realizarse en 2024, el Órgano Judicial, como poder del Estado, continúa con nota cero y su imparcialidad está cuestionada. Por ejemplo, es común que entre los ciudadanos exista pánico, sólo con pensar en la posibilidad de que se encuentren involucrados en un proceso judicial, que es lento, costoso y venal. Asimismo, diversas mediciones y encuestas, difundidas en 2023 y 2024, muestran que cerca al 85 por ciento de la población considera que la administración de justicia no es independiente y es poco o nada confiable.
A la par, desde la primera experiencia de 2011, este tipo de comicios judiciales registraron el mayor índice de abstención y escepticismo electoral, con mayoría de votos blancos/nulos y desconocimiento cuasi total de los candidatos. Si nos remitimos a las elecciones de 2011 y 2017, es paradigmático lo mucho que se ha comentado sobre la incidencia en las posiciones de los candidatos en la papeleta, y no en sus plataformas, que finalmente fueron factores fundamentales para el resultado de las elecciones. Específicamente, en 2011, los candidatos que aparecían primero en la papeleta, y en 2017, aquellos candidatos que estaban en el cuadrante superior izquierdo fueron los que recibieron más votos.
A pesar de esta experiencia frustrada, el México de Morena nos calca el experimento, pues entró en vigencia, en ese país, una polémica reforma constitucional, que establece que los futuros jueces serán elegidos por voto popular. Durante este año, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con el control de la Cámara de Diputados, una mayoría estrecha en el Senado y el dominio en la mayoría de las gobernaciones y legislaturas estatales, logró aprobación de estos comicios, para que su actual sucesora, Claudia Sheinbaum, asuma el reto de este tanteo electoral en junio de 2025.
Se ha establecido que los mexicanos votarán para elegir a 1.500 nuevos jueces, desde magistrados de la Suprema Corte hasta jueces de distrito. Esta elección, de acuerdo a las expectativas del gobierno mexicano, debería iniciar una transformación judicial significativa, con hasta 7 mil jueces que serán elegidos por voto popular para 2027.
Desde el gobierno populista mexicano, estos comicios se presentan como una importante reforma democrática, sin embargo, al igual que lo sucedido en nuestro país, en México, la elección de jueces podría intensificar la influencia política y erosionar la confianza pública en el sistema judicial, con grave riesgo para su independencia. No es un dato menor, que la experiencia boliviana, debe servir de cauteloso antecedente para México.
En su momento, López Obrador y su partido, Morena, argumentaron que la elección directa de jueces y magistrados federales terminaría con la corrupción y el “elitismo” en los tribunales, lo que daría curso a un sistema de justicia independiente, sin influencia de intereses privados. Frente a esta afirmación, los críticos a la reforma judicial, señalan que esta medida es un acto de venganza, al ser la Suprema Corte de Justicia la instancia legal que declaró inconstitucionales, muchas acciones simbólicas de AMLO sobre energía, instituciones electorales y control militar de la Guardia Nacional civil.
La reforma en México estuvo precedida por masivas protestas y huelgas de jueces, magistrados y funcionarios judiciales, que duraron hasta el 11 de septiembre, cuando el Congreso mexicano aprobó por un estrecho margen la controvertida reforma judicial, con apenas un voto de diferencia en el Senado. Se acompaña a la elección judicial, cambios como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de México (de 11 a 9), así como su periodo en el cargo (de 15 a 12 años).
Asimismo, se crea un nuevo Tribunal de disciplina judicial -similar al Consejo de la Magistratura que rige en Bolivia-, que, de acuerdo a especialistas, puede ser un instrumento de control político sobre los jueces y la organización judicial en su conjunto.
Se debe señalar que desde los años 90, el Estado mexicano, a través de la Suprema Corte de Justicia, dictaminó sentencias de manera independiente, de acuerdo con los principios de su Constitución, y no por intereses políticos. Sin embargo, a pesar de este avance, la democracia mexicana sigue siendo vulnerable a presiones, y el propio sistema judicial sufre de altos niveles de impunidad, retardación de justicia y trabajo inadecuado, siendo incierto, si este panorama será resuelto mediante elección popular de jueces.
A nivel mundial, en los últimos años, ha surgido una tendencia global que puede socavar la independencia judicial, con supresión de mecanismos de control, así como contrapesos. En Israel, antes del ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas, sus ciudadanos salieron a las calles para protestar contra una reforma al sistema judicial que permitía una mayor influencia política en el proceso de selección de jueces y limitaba la revisión de leyes por parte de la Corte Suprema.
En Polonia y Hungría se aprobaron reformas similares, que otorgaron más poder al Legislativo para designar a los magistrados. Asimismo, en El Salvador, recientemente se designaron para conformar cortes locales a dos ex jueces electorales, que favorecieron la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele.