Víctimas del caso Focssap piden ejecutar la sentencia que se dictó hace 19 años

La primera pregunta que la nueva directiva de la Asociación Arcoíris hizo, luego de jurar al cargo, fue: ¿Por qué no se cumple la sentencia que se dictó hace 19 años en su favor, en el denominado caso Focssap? Ahora su principal objetivo es ser escuchados por las autoridades, para finalmente lograr que ese fallo se cumpla y se les devuelva lo que es suyo, los aportes que hicieron como funcionarios durante años.

Han transcurrido 28 años desde que se destapó la estafa de 21,9 millones de dólares cometida contra miles de funcionaros que aportaban el 5% de su salario al Fondo de Retiro del Empelado Público (Frep) y al Fondo Complementario de la Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap). El hecho fue perpetrado por el “reo rematado” Dante Benito Escobar Plata y otras 10 personas, entre familiares y cómplices particulares.

En su momento, el caso fue catalogado como la más grande estafa cometida en Bolivia, pero hasta la fecha no existe un documento oficial en el que figure la cantidad exacta de víctimas. Aún más importante, tampoco se tiene registro oficial de quienes aún no recuperaron el dinero que, por años, aportaron de su salario.

$us 21 millones fue lo que estafó Dante Escobar a los aportantes del Frep y el Focssap, en 1996. Estuvo prófugo dos años en Argentina, con una identidad falsa luego de operarse el rostro, finalmente recibió tres condenas.

El Frep y el Focssap fueron intervenidos por el Estado en 1996, luego de que se denunció que Escobar había dilapidado los fondos en la compra de varios inmuebles y en transacciones ilegales.

Nueve años después de aquella intervención, el juez Tercero de Partido en lo Penal Liquidador, Aníbal Miranda, dictó la sentencia 109/2005, a través de la cual se dispuso que 10 reos cancelen un resarcimiento de 173,7 millones de bolivianos a las víctimas del Frep y el Focssap.

Pero, según esa misma resolución, de las miles de víctimas, solo 285 lograron cobrar parte de lo que se les debía y el resto no recibió ni un boliviano hasta la fecha. ¿Cuáles son las causas de esta irregularidad?

Asociación Arcoíris

“Un cuerpo (archivo del caso) tiene 200 páginas, en este caso estamos hablando de 437 cuerpos, hay 14 sujetos procesales (partes) en este caso y, ahora que hay una nueva directiva (de las víctimas), vamos a tratar de entender qué ha pasado en estos 19 años de proceso para que no se cumpla esta sentencia”, explicó el abogado y víctima de la estafa, Pablo Pareja Araníbar.

El exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores cita esos detalles a modo de ejemplo, para explicar lo enrevesado que es el proceso. El jurista es el representante de la Asociación Arcoíris, que agrupa a unas 600 víctimas, aproximadamente, quienes han peregrinado, desde hace 19 años, para que se cumpla la sentencia 109/2005.

“Me enteré cuando acompañé a un compañero que hacía el trámite de su jubilación; ahí supe que debía presentar mis documentos”, señaló Enrique Balboa, exfuncionario.

En criterio del presidente de la asociación, Isaac Torrez, el principal problema e impedimento para que las víctimas cobren su dinero radica en la constante oposición que interponen en los juzgados los representantes del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), dependiente del Ministerio de Economía, y la falta de diligencia de las autoridades judiciales.

Pero para la exfuncionaria de Cancillería y secretaria de actas de la Asociación Arcoíris, Ana Peredo, el problema va más en la línea que tiene el abogado Pareja. Explica que, durante estos 28 años, luego de descubierta la estafa cometida por Escobar, hubo desorganización por parte de las víctimas.

El guion

El contexto político-social, laboral y tecnológico de 1996, en Bolivia, cuando se destapó el caso Focssap, dio al crimen un perfil similar al de un guion cinematográfico.

El principal responsable de la estafa fue Dante Escobar, un hombre puesto en el cargo por el Gobierno, señalado por malos manejos económicos, quien se mantenía impune gracias a que había hecho favores económicos a diferentes personajes políticos. Nadie hacía nada por cosas como el pago de salarios a empleados que no existían, por el desembolso de dinero a cuentas particulares de su hermano, su esposa y la compra de varios inmuebles a su nombre.

Cuando actuó la ley, Escobar logró fugar a la Argentina, cruzó la frontera con una identidad falsa, luego de afeitar su característica barba y practicarse una cirugía plástica. Finalmente fue extraditado, luego de ser sorprendido en una cabina telefónica de Mar del Plata, desde donde se comunicaba con sus hijos, que radicaban en Canadá.

Una vez encarcelado en Bolivia, Escobar afrontó tres procesos penales y fue sentenciado tres veces. La última condena, por inverosímil que resulte, fue porque, años después, cuando logró beneficiarse de una detención domiciliaria, falsificó documentos para cobrar 350 mil dólares que había logrado mantener escondidos en una cuenta de banco.

Los recortes de prensa de este caso revelan que Escobar volvió a lograr su libertad y que varios de los que fueron sentenciados junto a él siguieron con su vida; algunos de ellos incluso llegaron a ser parte del foro político del país, como asesores o directores de instituciones.

Cosas oscuras

Para las miles de víctimas, la estafa al Focssap es aún una historia lamentable que, a pesar de afectarles mucho, deben poner a un lado para seguir atendiendo sus necesidades.

“Por falta de presupuesto”, varios debieron renunciar al sueño de comprar un bien o usar el dinero de sus aportes para anhelos personales. Una de las víctimas afiliadas a la Asociación Arcoíris, Deysi Quisbert, explica que, por el contexto social y económico, en 1996 gran parte de los afectados tomaron la historia de Dante Escobar como un hecho cercano, pero no personal, porque eran funcionarios en actividad y su principal preocupación entonces, era que debían cumplir con su labor para no perder el empleo.

Al igual que Peredo, Quisbert era una funcionaria de Cancillería que vivió fuera del país por años, cuando no había internet ni redes sociales y los medios de comunicación bolivianos no tenían gran llegada al exterior.

Fue por detalles similares que, por ejemplo, en Bolivia, Enrique Balboa, entonces funcionario del Viceministerio de Transporte, y Ángel Miranda, funcionario administrativo en el Ejército, no le prestaron atención a lo ocurrido con la trama policial de Dante Escobar. La realidad los golpeó luego, a ellos y a otros miles de bolivianos cuando se jubilaron y vieron disminuidos sus ingresos e hicieron cuentas, para concluir que parte del dinero ganado por años en sus trabajos fue dilapidado y el proceso judicial era la única solución.

“En este caso hay cosas oscuras, el anterior abogado de las víctimas y el juez hicieron cobros irregulares y los dos tienen sentencia condenatoria”, afirma Pareja, a tiempo de señalar que la nueva directiva de la Asociación Arcoíris ha identificado varios elementos que han impedido que la sentencia 109/2005 se cumpla, entre ellos, la mala actuación del mismo juez que emitió esa resolución, Aníbal Miranda, y del primer abogado de la asociación, Waldo Molina.

El historial de publicaciones informativas sobre este último punto revela que tanto el exjuez como el abogado Molina fueron sentenciados a denuncia del Viceministerio de Transparencia, por haber actuado en complicidad, para que el jurista cobre un millonario honorario, incluso superior a lo que se pagó a las 285 víctimas.

“En este caso hay cosas oscuras, el anterior abogado de las víctimas y el juez hicieron cobros irregulares y los dos tienen sentencia condenatoria”, dijo el abogado Pablo Pareja.

Comparativamente, entre lo que ganó el abogado de los defendidos y lo que recuperó para sus clientes, Molina obtuvo 3.283.798 bolivianos, en tanto que las 285 víctimas solo lograron 3.247.177,33 bolivianos. Una diferencia de 36.620 bolivianos más que sus 285 clientes.

Para Torrez, el panorama es complicado, porque deben reorganizarse, actualizar sus listas, constatar que la persona está interesada en seguir el proceso, e incluso verificar que aún está viva y de no estarlo, saber qué postura legal asumirán sus posibles herederos. Por ello, convocan a que todo el que se identifique como parte del proceso se una a ellos para reencaminar y terminar de una vez con este martirio judicial que lleva 28 años.

Datos del desfalco de 1996

CONDENA. La resolución de sentencia número 109/2005 señala como “reos rematados” y como responsables principales del desfalco al Frep y al Focssap a: Dante Benito Escobar Plata, Edgar Ricardo Fernández Morato, Israel Veyzaga Atala, Óscar Méndez Ramos, César Ricaldez Paniagua, Gabriel Ríos Lia, Ángel Fidel Pelaez Romero, Edwin Bernabé Hugo Escobar Plata, María Eugenia Espinoza de Escobar, Andrés Krings Fortún y Enrique Vera Cerruto.

VÍCTIMAS. Las víctimas de la estafa son los funcionarios del Estado, quienes además del monto de su jubilación, aportaron el 5% de su salario al Frep y al Focssap, entre 1972 y 1996, cuando se descubrió el desfalco.

CORRUPTOS. El caso Focssap también dio lugar a otros hechos de corrupción. El exjuez Aníbal Miranda y Waldo Molina fueron sentenciados por apropiarse de parte del dinero destinado a las víctimas de la estafa.