La Policía volvió en diciembre
El Trópico de Cochabamba, la tierra acorralada por la ley de los dirigentes
“Aquí todo es obligatorio”, “Nadie puede hablar mal del MAS, menos del presi” o “La Policía tiene que pedir permiso”. Con esas frases, tres pobladoras describieron el poder y el control de los dirigentes o corregidores en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, cuando fueron entrevistadas por Visión 360 para una nota que se publicó el domingo 3 de noviembre con el título: “El Trópico de Cochabamba es víctima del narcotráfico y la autocracia sindical”.
Entonces transcurría el bloqueo de carreteras instruído por el bloque “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se prolongó por 24 días con casi una veintena de puntos instalados fundamentamente en esa región, donde los sindicalistas cocaleros mostraron su fuerza llegando incluso a tomar instalaciones militares y ahuyentar a los policías, que tuvieron que dejar la zona por seguridad.
La Policía regresó el lunes 16 de diciembre, luego de 49 días de haber dejado esta zona, que es el principal reducto de las actividades del narcotráfico en el país. Pese a ello, mentienen instalado un cordón de seguridad sindical que cuida celosamente a Morales, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el proceso iniciado en su contra por trata y estupro.
La descripción de cómo actua el poder sindical en el Trópico de Cochabamba fue ratificada el pasado sábado en una enrevista del presidente Luis Arce con el diario mexicano La Jornada.
“Hay un desgaste tremendo del compañero Evo en el propio Chapare, porque ha optado de métodos hasta fascistas de sometimiento a muchos compañeros (…) Si no cumplen con el pago de las multas empiezan a quitarles su cato de coca (superficie permitida para cultivar coca), si no le quitan su cato de coca le quieren quitar su propiedad, su tierrita que tienen en el trópico, lo que significa un abuso” , relató, en la misma línea de lo que contaron las mujeres a este medio hace casi dos meses.
“Nos revisan uno por uno, dicen que podemos meter algo en contra del presidente (Morales)”, contó Ofelia, trabajadora del área de salud en Villa Tunari. Pidió guardar su nombre en reserva por miedo a represalias.
Karina, productora de coca que vive en Entre Ríos, también fue testigo de las requisas. Dijo que en los días de conflicto, los pobladores son obligados a dejar todas sus labores para asistir a las reuniones, marchas, cabildos y bloqueos.
“No importa si eres madre sola y no tienes dónde dejar a tus hijos, igual tienes que ir. Obligan a las familias a mandar a sus hijos, a los más jovencitos”, dijo y explicó que si una familia se resiste a obedecer a los dirigentes, primero le cobran multas, luego les quitan parte de sus chacos, hasta que finalmente las expulsan de sus casas.
En Eterazama, en Villa Tunari, uno de los municipios clave del Trópico de Cochabamba, Ely y su familia pagaron esa factura de “la dictadura sindical”: el despojo de su casa. “Nos quitaron, nos amenazaron a nosotros y a nuestros vecinos; les dijeron que si alguien nos ayuda o testifica que nos expulsaron, les darán multas y les quitarán sus chacos”, contó.
Explicó que una vida “tranquila depende de obedecer sin preguntar todos los mandatos de los dirigentes sindicales”. “Aquí todo es obligatorio”, dijo. Por ejemplo, para el bloqueo de 24 días, la multa por faltar un día en uno de los puntos de protesta era de 500 bolivianos. El mismo precio se debe cancelar en caso de no asistir a las reuniones o cabildos. Además, en los encuentros deben dar cuotas de hasta 100 bolivianos para los gastos de organización.
“Hay una multa si no vas, pero si vas igual debes pagar 100 bolivianos para los gastos del Comité Cívico. Hay varias familias que son muy humildes, que venden refrescos o frutas, pero de igual forma tienen que pagar”, contó Ely, quien al igual que las otras entrevistadas pidió guardar su nombre en reserva.
Dijo que además de la dirigencia cocalera, en cada población del Trópico de Cochabamba hay “una especie de subniveles de sectores y dirigencias”. “Es desde las OTB, los mercados, las zonas y los comités cívicos”.
Se comunican y coordinan tareas a través de redes sociales. “Por ejemplo, Eterazama tiene su grupo de WhatsApp, es de todo el pueblo. Entre Ríos, Villa Tunari y todas las poblaciones se organizan por WhatsApp. Ahí se enteran de los bloqueos y de qué deben hacer”, describió.
La región del Trópico de Cochabamba está compuesta de seis municipios: Chimoré, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Shinahota, Colomi y Villa Tunari. Los dos últimos forman parte de la provincia Chapare, de la que también es parte Sacaba.
“Hasta los policías deben pedir permiso”
Según los testimonios de pobladores, la Policía no se puede movilizar con libertad absoluta. “Tienen que pedir permiso para todo, no pueden ingresar a una comunidad sin permiso de los corregidores. Si lo hacen, (los dirigentes) saltan”, contó Karina.
“Nadie se puede mover sin permiso, tienen que coordinar con los corregidores”, corroboró Ely; explicó que -por ejemplo- un lugar restringido es el pueblo de San Gabriel, en Villa Tunari, donde están prácticamente vetados los operativos antidroga.
“Ahí adentro, en San Gabriel, hay harto narcotráfico, es peligroso. Para que la Policía ingrese, tiene que pedir permiso”, relató Karina.
En septiembre del año pasado, justo en el pueblo de San Gabriel, presuntos narcotraficantes emboscaron a una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural. Según el reporte oficial, un atacante resultó herido por arma de fuego, cinco personas fueron arrestadas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana, además se incautó media tonelada de droga.
En solo esa jornada se identificaron dos laboratorios de cristalización de cocaína y ocho fábricas de pasta base, informó entonces el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.
Las cifras dan la razón a los testimonios. En los últimos tres años, las fuerzas antidrogas destruyeron 3.000 fábricas de droga, la mayor parte ellas ubicadas en el Trópico de Cochabamba, según los datos del registro estadístico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
Según el “mapa del narcotráfico” que maneja el Ministerio de Gobierno, los lugares donde se encontraron más factorías de drogas están entre las provincias Chapare, Ayopaya, Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba.
Durante los casi 50 días que la población vivió sin Policía, tras su repliegue a causa de amenazas, se registró uno de los crímenes más crueles del 2024: cinco personas fueron torturadas y asesinadas en la comunidad de Puca Mayu del municipio de Colomi, que forma parte de la provincia Chapare.
En su informe de 1.500 días de gestión, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que se destruyeron más de 3.800 fábricas de pasta base de cocaína, se aprehendió a más de 13.359 personas vinculadas al ilícito del narcotráfico, se secuestró 217 avionetas y 6 helicópteros; e intervino y destruyó más de 299 pistas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales. La mayor parte en la región del Chapare.
Este año se ratificó que el territorio más afectado por el narcotráfico es, además, víctima de la autocracia sindical.
Conmoción por el cruel asesinato de 5 personas en Puca Mayu
“A todos les hemos amarrado manos atrás y a las señoras manos adelante, sus caras les hemos tapado con trapo. (Los comunarios) decían a qué vienen policías, militares (...) La gente se ha enojado, decía que seguro han participado en (el desbloqueo de) Parotani”. Es parte de la confesión de Ernesto Almaraz Chura, el primer detenido por la tortura y el asesinato de cinco personas en la comunidad de Puca Mayu, colindante con Colomi, en el municipio de Villa Tunari, del Trópico de Cochabamba.
Este crimen se registró el martes 12 de noviembre de 2024 y causó conmoción en Bolivia. El caso sigue en investigación y hasta el cierre de este 2024 se detuvo a una persona por este asesinato.
Según la investigación, Christian Serna, exmilitar y una de las víctimas fatales, se trasladó a Puca Mayu para supuestamente explicar la demora en la entrega de fusiles por más de 27 mil bolivianos. Días antes, según la confesión de uno de los autores del crimen, el exuniformado ofreció este armamento a los comunarios, quienes con el paso del tiempo se sintieron engañados.
Serna acudió a una comunidad en un taxi que conducía Thadhashy Loroña. Al llegar al lugar, fueron retenidos por los comunarios, quienes los acusaron de estafa por no entregar las armas.
Loroña se comunicó con su esposa, Trinidad Muñoz, a quien le pidió conseguir 27 mil bolivianos y llevar ese monto a cambio de su liberación.
Después, Muñoz llamó a la hermana de su esposo, Auristela Liza. En compañía de Carlos Román M., militar en reserva activa y amigo de la familia, las dos mujeres decidieron trasladarse a la comunidad para salvar a Loroña.
Ese martes, los tres ingresaron a la zona y a las 23.30 ya no se volvieron a comunicar. Encontraron la muerte.
Ese martes 12, Christian Serna, Thadhashy Loroña, Trinidad Muñoz, Auristela Liza Loroña M. y Carlos Román M. fueron declarados como secuestrados. Sus familiares llegaron hasta la Policía y clamaron por el rescate de sus seres queridos.
En paralelo, en la comunidad de Puca Mayu, las cinco víctimas vivieron horas de torturas y golpes, según la confesión del primer detenido y el informe forense.
Las cinco personas fueron asesinadas el miércoles 13 de noviembre. Ernesto, uno de los autores, confesó que una de ellas fue enterrada viva, mientras que las otras cuatro fueron quemadas.
Puntos de vista
“Es un enclave donde no entra el Estado”
Jorge Santistevan, militar en reserva
El Trópico cochabambino es un enclave geopolítico donde no entra el Estado y donde se realizan actividades ilícitas, que hacen crecer la fortuna y la organización criminal de los cárteles.
Los cárteles internacionales de droga que operan en Bolivia tienen como uno de sus centros de operaciones el Trópico cochabambino, en el corazón de Bolivia, en parte de la Amazonia boliviana.
Desde ese centro fuerte de operaciones del narcotráfico se proyectan las actividades del narcotráfico al resto de los departamentos y, a través de las fronteras, al exterior. Es así que vemos megafábricas de cocaína que producen 400 kilos de drogas.
Esto ocurre -principalmente- a causa de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico a través de la aprobación de varias normativas respecto a la producción de la hoja de coca y al desalojo o repliegue de la DEA, que apoyaba esta tarea.
Otro factor de lo que ocurre es la justicia, que hace investigaciones que terminan en las personas de niveles básicos e intermedios de jerarquía de una estructura criminal o un cártel. Los procesos no se realizan a los principales cabecillas o líderes de la organización criminal. Y al estar intactos se mantienen trabajando con el narcotráfico.
“El Gobierno estigmatiza al Chapare”
Héctor Arce, diputado del ala "evista"
A partir de 2022, el gobierno de Lucho (Luis) Arce a través de sus ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el de Defensa, Edmundo Novillo, se han dado a la tarea de estigmatizar a esta región, de intentar posicionar en la opinión pública (que el Trópico de Cochabamba) vive del narcotráfico. Lo ha dicho el Ministro, también este sujeto incompetente, el viceministro (de Defensa Social y Sustancias Controladas) Jaime Mamani y esa intención sigue.
El gobierno de Lucho Arce intenta posicionar que es una región que vive del narcotráfico, que es falso. La región del Trópico es altamente productiva y hoy intentan afirmar que es una republiqueta sin ley, falso.
Ahí están todas las instituciones operando; la Policía se ha replegado del Trópico de Cochabamba, sí, pero no por instrucción y amedrentamiento de las organizaciones sociales, no, sino por una instrucción de su comandante general de la Policía, que ha replegado a todos los policías de todas las provincias de todos los departamentos, de todas las capitales de departamento, para que vayan e intervengan en los puntos de bloqueo.
Como toda región, hay problemas allá, como los hay en algunas regiones de Bolivia y como los hay en otros países del mundo.