Proceso
Por segunda vez, se suspende la audiencia del juicio "golpe de Estado" ante la ausencia de Pumari
El juicio por el denominado caso “golpe de Estado I” fue suspendido este lunes por segunda vez ante la ausencia del exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari, que no fue trasladado hasta el juzgado. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el principal acusado, llegó a la audiencia antes de las siete de mañana, trasladado desde el penal de Chonchocoro.
En la última audiencia, el pasado 25 de noviembre, el juicio fue también postergado hasta este lunes, ante la ausencia de Pumari.
Al promediar las nueve de la mañana, Camacho fue llevado nuevamente al penal de Chonchocoro. “Se ha suspendido la audiencia del día de hoy, sin una nueva fecha, porque se ha determinado la suspensión de plazos procesales”, dijo el abogado de Pumari, Diego Gutiérrez, a los medios.
“Los motivos son porque Pumari no ha sido trasladado y porque uno de los jueces todavía está con baja médica”, añadió el abogado.
El ministro de Justicia, César Siles, señaló hace poco que este juicio se encontraba en la etapa final y señaló que en unas semanas más se podía tener una sentencia sobre este caso.
Sin embargo, el abogado Martín Camacho señaló que aún se encontraban en una etapa de ofrecimiento y producción de pruebas, por lo que el juicio demorará más tiempo del que estimaba el ministro.
“Literalmente recién está comenzando, y lo que esperamos es poder escuchar cuál es la prueba del Ministerio de Gobierno y presentar nuestra exclusión probatoria como se hizo en las últimas dos audiencias con las pruebas del Ministerio Público”, expresó el abogado Camacho a la red Unitel.
La expresidenta Jeanine Añez fue apartada de este juicio tras ganar un incidente de doble juzgamiento. Además de Camacho y Pumari, hay cinco sindicados más por el caso.
De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, el principal procesado es Camacho, quien en 2019 dirigía el Comité Pro Santa Cruz. La sindicación es por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros delitos.