2025-01-16

Postura

Empresarios cierran filas y exigen la anulación de la disposición sobre decomisos

Este jueves, autoridades del Ejecutivo recibieron a los miembros de la Cámara Nacional de la Industria, en representación de otras más, en instalaciones del Ministerio de Justicia para revisar la disposición.

Los empresarios, aglutinados en diversas cámaras, mantienen su posición de exigir la anulación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza decomisos en caso de agio y especulación. Indicaron que recibieron la alternativa presentada por el Gobierno, pero aún no la han revisado y aseguraron que no están dispuestos a cambiar su postura.

Este jueves, autoridades del Ejecutivo recibieron a los miembros de la Cámara Nacional de la Industria (CNI), en representación de otras más, en instalaciones del Ministerio de Justicia para revisar la disposición.

Pablo Camacho, presidente de la CNI, explicó que en este encuentro hizo conocer la postura de rechazo a la citada disposición porque indicó “va a ser discrecional, arbitraria y va a terminar siendo extorsiva de acuerdo con la interpretación del funcionario”.

Sin embargo, señaló que el Gobierno les presentó una alternativa, la que minimizó por tratarse de regulación, y es más dijo que no la leyeron porque ya existe una postura clara al respecto.

“Un tema de regulación, pero es lo mismo, sigue siendo regulación, no lo hemos leído, nos han entregado, le hemos dicho ya entréguelo lo vamos a revisar, pero más allá de eso, yo ya tenía una posición clara que la habíamos definido”, reveló el empresario.

Camacho insistió en que la medida debe ser derogada porque no se puede comenzar el año del Bicentenario de Bolivia con amenazas de bloqueo de caminos porque cada vez son más los sectores que se suman al pedido de dejar sin efecto la disposición.

El viceministro de Defensa del Consumidor y del Usuario, Jorge Silva, afirmó que la disposición cuestionada no va en contra de aquellas personas que se dedican al comercio lícito, quienes necesariamente deben tener un stock para garantizar el abastecimiento del producto en el mercado.

“Va en contra de aquellas personas que almacenan productos, especialmente en las zonas fronterizas del país, con fines de contrabando”, apuntó.

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