Demandas
Empresarios advierten con movilizarse si el Gobierno no deroga disposición del PGE sobre decomisos
Este martes se realizó en La Paz el encuentro multisectorial de los sectores productivos que rechazan la disposición transitoria séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que establece una serie de medidas para el decomiso de productos. Quienes se reunieron exigen que se deje sin efecto la disposición, de lo contario advirtieron que asumirán medidas a partir del 10 de febrero.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Luis Farah, anunció que a partir del 10 de febrero habrá movilizaciones si el Gobierno no deroga esa ley.
“Llamamos a todos, al Legislativo y Ejecutivo para que trabajen por el bienestar de todos los bolivianos. Los bloqueos perjudican al aparato productivo, por ello vamos a ver qué mecanismos y qué acciones tomaremos, el bloqueo es perjudicial, pero ¿qué otros mecanismos hay dentro de una protesta?”, declaró Farah tras el encuentro.
“El Estado tiene que sentarse a dialogar con todos los sectores”, añadió. “El país necesita soluciones y no más reuniones”, demandó el dirigente de los agropecuarios.
Los empresarios consideraron como un “ataque a los privados” esa disposición. “No lo vamos a permitir y no estamos de acuerdo”, reclamó por su parte Oswaldo Barriga, gerente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).
Barriga aseguró que “no participarán de más reuniones” y demandó al presidente Luis Arce la derogación de la norma, en coordinación con el Legislativo.
Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), expresó que Arce tiene la “oportunidad histórica” de devolver la paz al país. “La disposición séptima es arbitraria, discrecional y va a terminar siendo extorsiva”, advirtió Camacho.
Remarcó que los sectores reunidos este martes comparten esa preocupación. “No podemos arriesgar nuestros centros productivos y nuestras industrias”, advirtió.
El jueves pasado los emoresarios se reunieron con miembros de la CNI, y demandaron esa norma que autoriza decomisos en caso de agio y especulación. El viceministro de Defensa del Consumidor y del Usuario, Jorge Silva, afirmó que la disposición cuestionada no va en contra de aquellas personas que se dedican al comercio lícito, quienes necesariamente deben tener un stock para garantizar el abastecimiento del producto en el mercado.