Régimen
Ortega y Murillo amplían su mandato por un año más, la ONU está "profundamente preocupada"
EFE y DW / Managua
Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidaron su mando absoluto en Nicaragua que como presidente y "copresidenta" controlarán todos los poderes del Estado y a la sociedad civil, según una reforma constitucional ratificada este jueves por el Parlamento.
El mandato de gobierno pasa de cinco a seis años y la ya poderosa Murillo sube de rango, de vicepresidenta a "copresidenta", según la reforma aprobada en noviembre en un primer periodo legislativo y ahora en el segundo necesario para que entre en vigor.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar en Nicaragua una "dictadura familiar", junto a su esposa, de 73 años.
La reforma, aprobada por "unanimidad" por un Congreso dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), establece que los copresidentes coordinarán "a los órganos legislativo, judicial, electoral", antes reconocidos como poderes independientes.
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó una "profunda preocupación" por la aprobación de las reformas constitucionales impulsadas por Ortega.
Según un comunicado emitido por la entidad, entre estas modificaciones "elimina el artículo que garantizaba explícitamente la separación de poderes, junto con la referencia al pluralismo político", otorgando más poder a "la Presidencia que pasa a coordinar los órganos legislativo, judicial y electoral".
“El pluralismo político es una garantía esencial para que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes. Las personas deben ser libres de apoyar u oponerse a diferentes opciones políticas sin temor a la manipulación o la influencia indebida que afecte su autonomía”, afirmó el representante encargado de OACNUDH para la región, Andrés Sánchez Thorin.
Resalta el comunicado de la OACNUDH que "el texto fue aprobado de manera unánime, sin abstenciones ni votos en contra, por los 91 miembros de la Asamblea Nacional sin ninguna oposición".
La organización manifiesta que la reforma, junto con leyes aprobadas en los últimos meses de 2024, "refuerzan mecanismos de control y represión tanto nacionales, como transnacionales contra individuos y organizaciones".
La OACNUDH también ha puesto de manifiesto su preocupación por las restricciones adicionales en materia de "libertad de expresión y de prensa", así como por la eliminación de derechos laborales fundamentales como el derecho a huelga. La reforma "debilita las garantías procesales" esenciales tales como el derecho a ser informado de los cargos y defensa adecuada y elimina la prohibición explícita de la tortura".
En el ámbito de la seguridad, otorga al Ejecutivo la capacidad de ordenar intervenciones militares sin controles adicionales y consolida cuerpos de seguridad como la Policía Voluntaria, vinculada a violaciones de derechos humanos, según informes de la OACNUDH.
"Estos cambios drásticos marcan la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua", aseguró el abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU que evalúa los derechos humanos en Nicaragua.
Nicaragua es definida ahora como un Estado "revolucionario" y "socialista", e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla de izquierda que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
El parlamento "ha sellado un nuevo capítulo en nuestra historia de bendición, de libertad, de dignidad nacional, de orgullo nacional, aprobando de manera unánime la nueva Constitución", dijo Murillo, al destacar que Nicaragua es un "modelo de democracia directa".