Decomisos: El Gobierno asegura que la oposición a la medida es política y rechaza las medidas de presión por su derogación

El Gobierno salió al frente de los anuncios de movilizaciones en contra de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que faculta el decomiso de alimentos en caso de agio y especulación. El Ejecutivo asegura que la postura es política y sin argumentos.

Cámaras empresariales, industriales y de exportadores reunidos en Sucre este jueves determinaron realizar un paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero, en caso de que el Gobierno no derogue esa disposición del PGE.

En una entrevista con Bolivia TV, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que la política de Gobierno, siempre fue de diálogo y hubiese sido interesante que en lugar de atrincherarse en una postura cerrada, el sector productivo y empresarial asista a las reuniones de discusión con el Ejecutivo.

Añadió que los sectores que rechazan esa disposición del PGE, no tienen argumentos técnico-legales, para contrarrestar la posición del Gobierno de luchar contra las actividades ilícitas que afectan el abastecimiento y el aumento de precios de los alimentos esenciales de la canasta familiar.

“No entendemos qué es lo que   busca el  sector industrial empresarial, la disposición adicional séptima, no les afecta, pero lo asumen como tal. No sabemos si lo hacen intencionalmente para proteger y fomentar a la delincuencia, a las organizaciones criminales que se dedican a cometer el delito de contrabando a la inversa sacando productos de canasta familiar y afectando la oferta mercado interno y a los precios”, manifestó Silva.

Según la autoridad, se apuesta a un escenario estrictamente político, porque la disposición adicional séptima del PGE se aplica para combatir las actividades ilícitas en las que incurren algunas personas que almacenan grandes cantidades de productos para venderlos a contrabandistas de países vecinos.

"¿Qué nos decían cuando visitamos los galpones y encontramos grandes cantidades de arroz almacenado? No es el productor quien comete contrabando, sino que se almacena para que los contrabandistas de Perú o Brasil lo lleven fuera del país. Son ellos los que generan un desfase en los precios", subrayó.

Añadió que los trabajadores en carne, indicaron en una reciente reunión, que los ganaderos de Beni, aumentaron el precio, porque los brasileños vienen y ofrece hasta 21 bolivianos por kilo gancho, mientras que internamente solo se vende en 17 y 19 bolivianos, para que al consumidor se comercialice en 38 a 40 bolivianos. Pero, en el exterior se vende a mayor valor, por eso el incentivo a que se saque carne, arroz y aceite.

El jueves, la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), la Caneb, Cadex y Congabol,  ratificaron el compromiso de trabajar por los bolivianos en las distintas actividades que desarrollan, como cadenas de producción y abastecimiento.

En vista de que no se tiene respuesta del Gobierno Nacional ni de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la derogación de la Disposición Adicional Séptima, los empresarios determinaron:

1.- Exigir al Poder Ejecutivo realizar gestiones inmediatas para la derogación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto 2025.

2.- Exigir al presidente de la Asamblea Legislativa Nacional que ponga sus buenos oficios de inmediato para derogar dicha disposición.

3.- En los próximos días, anunciaron que  presentarán una propuesta de Ley para la respectiva derogación.

3.- En caso de no tener la derogación, los integrantes de la cadena de abastecimiento ratificaron  un paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero de 2025.

4.- Ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado, ni las que forman parte de las cadenas de abastecimiento, asistirá a la reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición.

5.- Se pide a las autoridades que piensen en la población y les permitan trabajar para continuar produciendo en favor del país.

¿Qué dice la disposición adicional séptima de la  Ley del PGE 2025?

I.- Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación, y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

II.- Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar información de producción, transformación  y comercialización,  misma que  tendrá calidad de declaración jurada  y será tratada  bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada  por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.