Asociaciones periodísticas rechazan la citación judicial a siete periodistas y trabajadores de la prensa

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las asociaciones departamentales de periodistas de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Oruro, Beni y Pando rechazan la citación judicial realizada por la Fiscalía de La Paz a siete periodistas y trabajadores de la prensa de Santa Cruz, quienes deben comparecer como testigos en un caso que no tiene relación con su labor periodística. Una de las convocadas es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera.

La citación fue emitida por el fiscal anticorrupción Hernán Kieffer y entregada a través de WhatsApp por el policía en el marco de un proceso penal interpuesto contra el concejal Gilbert Tapia, acusado de financiar los bloqueos que derivaron en graves hechos de violencia contra policías y periodistas en el municipio de Mairana.  

"Recordamos que los periodistas no pueden ser procesados por la vía penal o comparecer como testigos bajo amenaza de aprehensión por divulgar información. Por lo tanto, exigimos revisar y rectificar las referidas citaciones en apego a las garantías establecidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y 19 de la Declaración de Derechos Humanos que garantizan el trabajo de la prensa", se lee en el comunicado de la ANPB y las asociaciones departamentales. 

Los representantes del gremio periodístico denuncia que "las citaciones en un caso que es ajeno al trabajo periodístico vulneran los derechos de los periodistas a la libertad de expresión, de prensa y a informar sin ningún tipo de censura ni restricciones indebidas".  "Reclamamos el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que garantizan la    protección de las fuentes y considera que obligar a los periodistas a revelarlas constituye una violación de este derecho", agrega.

"Denunciamos que el accionar de la Fiscalía de La Paz es un acto de hostigamiento con fines políticos hacia los periodistas, contrario a los estándares de protección de la libertad de expresión. La CIDH ha manifestado su preocupación por el acoso a periodistas y ha instado a los Estados a garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo", se lee el documento.

Según  los periodistas, este caso plantea serias preocupaciones sobre la libertad de prensa, el derecho a la reserva de fuentes, el debido proceso y el hostigamiento a periodistas, todos aspectos que son fundamentales para el respeto de los derechos humanos según los estándares de la CIDH.  

"Recordamos a las autoridades judiciales que son las llamadas a garantizar la vigencia de la Ley de Imprenta que establece que ningún periodista debe ser procesado por la vía penal u ordinaria por dar información y, asimismo, señala el deber de las y los periodistas de respetar la confidencialidad de la fuente", indican.

Ante esta situación, los representantes de los periodistas del país se declaran en alerta ante  cualquier amenaza contra la libertad de prensa, la independencia de los medios y la labor periodística.