A 8 meses de la revuelta militar: investigan a 32 imputados y a un supuesto "enlace" con EEUU

Tras ocho meses de la revuelta militar del 26 de junio de 2024, dirigida por el entonces general Juan José Zúñiga, 32 personas fueron imputadas por la Fiscalía bajo la figura penal de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

Entre los procesados figuran militares que aún pertenecen al servicio activo, cinco oficiales de alto rango dados de baja, al menos cinco del servicio pasivo, dos civiles señalados como “ideólogos” del alzamiento y una persona que es señalada como supuesto "enlace" con la Embajada de Estados Unidos (EEUU).

De los 32 implicados, según informó el abogado Eusebio Vera a Visión 360, tres militares renunciaron a su derecho a un juicio oral y contradictorio y admitieron su responsabilidad. Por medio de memoriales, solicitaron a la Fiscalía y al juez del caso someterse a un proceso abreviado, pero por un solo delito: alzamiento armado, sancionado con una condena de entre cinco y 10 años de cárcel.

Por ello, la autoridad judicial dictó una condena en su contra. No obstante, la sentencia fue de solo tres años, debido a que los tres fueron juzgados en calidad de cómplices.

Con ese tipo de proceso y el fallo, los tres militares se aseguraron de no permanecer en la cárcel más tiempo del que ya estuvieron, pues, al ser su primera condena, se acogieron a la figura del perdón judicial. Los sentenciados son: el capitán Marco Caviedes, quien fuera ayudante del entonces general Zúñiga; el mayor Leonel Sanjinés Velarde, quien fungía como comandante de la Compañía de Inteligencia, una unidad creada meses antes; la misma suerte corrió su camarada el mayor Miguel Iriarte Sandoval, segundo comandante de dicha unidad.

Amigos de básquet

Vera afirma que sus clientes, Caviedes e Iriarte, tuvieron una participación fortuita y “contraria a sus deseos”, por lo que se consideran inocentes, pero debido a la gravedad de las acusaciones decidieron buscar una salida alternativa. En el caso de Caviedes, aseguró que él no estaba de guardia el 26 de junio, pero debido a que el oficial que debía cumplir la función de edecán de Zúñiga pidió permiso, él se quedó y obedeció la orden de acompañar al entonces jefe del Ejército en la asonada militar.

Caviedes fue el primero en someterse al juicio abreviado, el 6 de septiembre del año pasado y ya está en libertad, “rehaciendo su vida, tomando lo que ha llamado una segunda oportunidad, para lo cual ya inició otros estudios y se prepara para ejercer otra carrera”, explicó Vera.

En tanto, Iriarte y Sanjinés, recién se sometieron al proceso abreviado en esta gestión y obtuvieron la sentencia el 7 de marzo. Estas dos sentencias son las más recientes acciones judiciales que se dieron en el proceso penal que también fue llamado “autogolpe de Estado”.

El denominativo se debe a las acciones confusas en las que incurrió el personal militar aquel 26 de junio, también cuestionadas por la amistad que había entre el entonces general Zúñiga y el presidente Luis Arce, quienes tenían la costumbre de jugar básquetbol los fines de semana.

Otro factor observado fue que Zúñiga era hombre de confianza de Arce, por ello fue elegido para el ascenso a general, pese a que el oficial tenía antecedentes en la instancia disciplinaria, por una sanción a raíz de un sumario militar en su contra, que equivale a una sentencia ejecutoriada en la vía penal.

Zúñiga y otros subalternos fueron procesados por robo de 2,7 millones de bolivianos, dinero que provenía del pago del Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad, que los militares debían pagar a comunarios de Viacha. Además, el momento en que el presidente Arce decidió ascenderlo a general, Zúñiga ocupaba el puesto 48 entre los 65 miembros de su promoción, lo que significa que había 47 oficiales mejor calificados para ocupar el cargo de Comandante del Ejército y, pese a ello, fue favorecido por el mandatario.

Última imputación

De acuerdo con el documento al que Visión 360 tuvo acceso, el 19 de febrero, los fiscales José Omar Yujra, Omar Mejillones, José Alberto Rodríguez y Franklin Alborta emitieron una imputación formal contra tres oficiales del servicio pasivo, por los delitos de terrorismo en calidad de autores y como cómplices por la figura de alzamiento armado, para quienes piden la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro.

Un dato relevante es que los tres procesados están prófugos o declarados en la clandestinidad en la actualidad.

“En relación al domicilio se tiene que los hoy imputados: Tomás Héctor Peña y Lillo Tellería, Juan Carlos de la Riva Lezcano y Roberto Vargas Blacutt han sido buscados en el domicilio que señala el Segip (Servicio General de Identificación Personal) y Sereci (Servicio de Registro Cívico); sin embargo, no fueron hallados, es por ello que se tuvo la necesidad de citarlos mediante edictos, extremo que demuestra que al presente no cuentan con un domicilio conocido. En calidad de prueba (adjuntan) los antecedentes que están glosados en la notificación por edictos, lo que hace concurrente este riesgo procesal (de fuga)”, señala parte de la imputación.

Supuesto enlace con EEUU

En los fundamentos planteados por los fiscales en la imputación presentada ante el juez, llama la atención que se apunta a un sujeto de apellido Vargas, como supuesto enlace con la Embajada de EEUU y que es tomado en cuenta por Zúñiga como la persona que lograría el apoyo del país del norte, para consolidar la toma del Gobierno.

El mayor Sanjinés, que cuenta con detención domiciliaria, mientras se tramita la ejecución de su sentencia, relató que Zúñiga habló en varias reuniones con oficiales de su confianza sobre la supuesta injerencia que EEUU tenía en Bolivia y luego le ordenó, días antes de la revuelta militar, realizar un “trabajo de inteligencia” para tomar contacto con personal de la embajada de ese país en Bolivia.

“Sin embargo, es de conocimiento general que es casi imposible tomar contacto con gente de la embajada americana”, afirmó Sanjinés.

En esa línea, Zúñiga pidió a Sanjinés que contacte al exasesor de la expresidenta Jeanine Añez, Erik Foronda, pero no logró este cometido. Posteriormente, Sanjinés habría logrado hacer contacto con el exmilitar Osvaldo Flores, quien se afirma que vive en el país del norte y, según esa declaración, dictó una línea discursiva para generar una fachada política en favor de Zúñiga, a quien le instruye hacer declaraciones contra el expresidente Evo Morales, para demostrar al Gobierno norteamericano que tiene una línea ideológica distinta de la del MAS.

Los documentos revelan que, a su vez, Flores los contacta con otros dos exmilitares, uno de ellos conocido por el sobrenombre de “Oveja Vargas”, un supuesto exmiembro del grupo de inteligencia, “Vargas B., quien es funcionario de la embajada americana y quien le da el número de Fernando Hamdan, activista mediático de la ciudad de Santa Cruz; es así que el lunes 24 de junio del año 2024 por la tarde (Sanjinés) sostiene una reunión con el señor Roberto Vargas Blacutt en el café del Hotel Torino (en la ciudad de La Paz), reunión donde le dice que los militares del servicio pasivo están dispuestos a apoyar al general Zúñiga, que tiene contactos en la embajada y que iba también a gestionar apoyo por ese lado”, menciona la declaración de Sanjinés, citada por los fiscales en la imputación.

El expediente también contiene una declaración de Iriarte, por medio de la cual se confirma este hecho y precisa que la reunión entre Vargas y Sanjinés en efecto se realizó el lunes 24 de junio y que esta duró una hora.

Sobre este tema, una oficial de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia aclaró que “el señor Vargas no trabaja en la Embajada. No ha trabajado para la Embajada hace ya varios años atrás”.

Además, refirió que en julio del 2024 el Gobierno de ese país comunicó a la prensa que "definitivamente no estaban involucrados" en este caso: "Hemos visto las falsas acusaciones de la participación de EEUU en los eventos de Bolivia el 26 de junio. Y sé que es algo que ha surgido un par de veces. Así que, quiero asegurarme de que quede claro que EEUU no tuvo ninguna participación en eso. Miren, ciertamente condenamos — condenamos enérgicamente el despliegue de unidades del ejército en Bolivia en cualquier intento de subvertir un orden constitucional. Y vamos a continuar — y lo dije la semana pasada — vamos a continuar — o la semana anterior — apoyando la democracia y al pueblo de Bolivia. Y eso es — eso es donde vamos a seguir estando" (Secretaria de Prensa Karine Jean-Pierre, 3 de julio de 2024). 

Apoyo internacional

Por otro lado, en el documento se cita la declaración de uno de los militares del servicio pasivo, también imputado, José Antonio Ágreda Medivil. El jubilado relató que a las 12.30 del 26 de junio, en la reunión realizada en el despacho de Zúñiga, en el cuartel del Estado Mayor, de la zona Miraflores, horas antes de que las tanquetas y personal militar cercaran la plaza Murillo y trataran de tomar Palacio Quemado, el aún comandante del Ejército aseguró que contaba con apoyo internacional.

“Con un marcador escribió los nombres de los países que lo apoyaban entre los que se encontraban EEUU, la Unión Europea, Israel, entre otros, que el general Zúñiga ya habría ordenado el desplazamiento de tanques desde Challapta, Viacha y Patacamaya hacia la ciudad de La Paz con la finalidad de tomar el poder, que era un golpe de Estado abierto (…). Que el desplazamiento de unidades militares siempre tiene un objetivo, y el objetivo de Zúñiga era tomar el poder, es decir realizar un acto de insubordinación y amotinamiento militar. Incluso decía que tenía apoyo internacional. Que fueron tres aspectos los que le dieron a entender que lo que pretendía Zúñiga era un golpe de Estado, una de ellas cuando él refirió en varias oportunidades que tenía apoyo internacional”, declaró Ágreda.

El militar jubilado afirmó que estuvo en dicha reunión, pero que fue convocado de forma casual, ya que estaba en el Estado Mayor para hacer otros trámites y que se enteró de los planes de Zúñiga en ese momento. No obstante, otro implicado, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), exgeneral Marcelo Zegarra, señaló a Ágreda como la persona que entregó a Zúñiga el discurso que horas más tarde daría ante los periodistas en plaza Murillo.

Francotiradores

Entre los otros detalles que se revelaron en la imputación del 19 de febrero, está la movilización de grupos de élite, con francotiradores, desde la unidad del grupo especial ubicada en la zona Cotapachi, del departamento de Cochabamba, conocida como Comando F-10, compuesta por 40 oficiales entrenados en operaciones especiales.

De acuerdo con la declaración del sargento segundo Bismark Valer Sevillanos, con especialidad de francotirador, el comandante de esa unidad, mayor Vladimir Lupa Salamanca, ordenó a las 12.00 del 26 de junio, que “cinco instructores, dos operadores y tres francotiradores” se desplacen, llevando su armamento en avión hacia La Paz, sin darles explicación sobre las operaciones que realizarían.

Sin embargo, al llegar a la sede de Gobierno, luego de varias horas de incertidumbre les ordenaron replegarse.

Bajas definitivas

36 días después de la asonada militar, el Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas (FFAA) dispuso la baja definitiva de cinco exjefes militares implicados en los hechos del 26 de junio. El primero de la lista fue el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.

Junto a él, los otros militares desvinculados de las Fuerzas Armadas fueron el excomandante de la Armada, vicealmirante Juan Arnez; el excomandante de la FAB, general Marcelo Zegarra; el exinspector general del Ejército, general Juan Mario Paulsen; y el exjefe del Departamento Tercero de Operaciones, general Franz Ordoñez.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, explicó que, de acuerdo con la resolución del Tribunal Superior del Personal, la baja implica la separación definitiva del servicio activo sin goce de haberes, así como el retiro de grados, honores y el uniforme.

Recordemos que luego del fallido golpe de Estado, en puertas del cuartel de Miraflores, mientras era aprehendido, Zúñiga afirmó que se trataba de un “autogolpe” de Estado y que él ordenó la movilización de vehículos blindados por órdenes del presidente Arce, con el fin de lograr que la imagen personal del mandatario mejorara, ante la crisis que paulatinamente se agudizaba en el país, y quien le había pedido el domingo previo, “preparar algo para mejorar su popularidad”.

Antecedentes

• Autogolpe. El 26 de junio, en puertas del cuartel de Miraflores, mientras era aprehendido, los periodistas preguntaron al aún comandante del Ejército, Juan José Zúñiga: “¿Fue un autogolpe, general?”. Antes de ser subido a la patrulla policial, el militar respondió nuevamente con firmeza: “Sí, sí... montado”, aseguró.
• Segundo Proceso. Pese a que el caso data de 2013, en febrero de este año la Fiscalía inició un segundo proceso contra Zúñiga, por el robo de 2,7 millones de bolivianos del Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad.
• Cárcel. Zúñiga, dado de baja de las FFAA, está recluido en celdas del Abra.