Escalier rechaza demandas penales del Ejecutivo edil por las tarifas y las califica de “amenazas”

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Escalier, rechazó este martes las demandas penales presentadas por el Ejecutivo municipal por la aprobación del proyecto de ley que congela las tarifas del transporte público, y las calificó de “amenazas” ante las que no cederá.

"No vamos a ceder ante presiones ni amenazas. Estamos aquí para defender a los paceños y garantizar que sus derechos no sean vulnerados", afirmó el concejal, quien es uno de los que firmó el ahora proyecto de ley cuestionado.

Escalier observó que la norma aún no fue promulgada; sin embargo, el Ejecutivo edil ya presentó las demandas, por lo que está adelantándose a los hechos, según una nota de prensa. 

Agregó que las acciones del alcalde Iván Arias son “arbitrarias” y van en perjuicio de la población, contrariamente el Concejo lo que hace es velar por los intereses de la gente y proteger sus bolsillos.

El concejal también criticó el incremento de tarifas impulsado por el Ejecutivo municipal y señaló que la Secretaría de Movilidad Urbana determinó técnicamente un aumento a Bs 2,17, pero el alcalde optó por aplicar el máximo valor.

"¿Por qué el alcalde empleó el mayor rango de incremento en detrimento de la economía de los paceños? Es una decisión arbitraria porque no hubo consenso con los sectores involucrados y afecta directamente el bolsillo de la población", cuestionó.

Mencionó que no es la primera vez que el alcalde rechaza una norma aprobada por el Concejo Municipal.

"La Ley de Fiscalización está plenamente vigente porque fue promulgada por el Concejo, pese a la negativa del Ejecutivo", sostuvo.

Además, criticó la intervención del director de Gobernabilidad de la Alcaldía, Gonzalo Barrientos, exasambleísta departamental de Potosí. "Ni siquiera es paceño, no debería opinar sobre los temas que afectan a nuestra ciudad”, cuestionó Escalier.

Amparo Morales, directora Jurídica de la Alcaldía, informó horas antes que se presentaron dos denuncias penales contra los concejales que han aprobado el proyecto de ley, en consideración a la usurpación de funciones que estarían realizando y también por ser una resolución contraria a las leyes y a la Constitución Política del Estado.