Justicia
Mesa critica al Gobierno por rechazar informe de Grupo del Trabajo de la ONU sobre gobernador Camacho
El expresidente Carlos Mesa sostuvo este lunes que la justicia internacional debe “condenar y sancionar” que el Gobierno rechace la conclusión del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el encarcelamiento del gobernador Luis Fernando Camacho, por los sucesos del año 2019.
“La decisión del gobierno de rechazar la conclusión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, y de negarse a liberar al gobernador Luis Fernando Camacho, es una nueva evidencia de la naturaleza de Luis Arce, que la justicia internacional debe condenar y sancionar”, indicó Mesa desde la red X.
Añadió que el gobernador “es víctima de una persecución política que empezó con su secuestro y encarcelamiento ilegal” y que su liberación es un “imperativo democrático”.
Este fin de semana, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de ONU concluyó que la detención de líder opositor es arbitraria y exhortó al gobierno de Luis Arce a liberarlo de manera inmediata.
En el informe, el organismo determinó que la privación de libertad del político viola “el principio de igualdad de los seres humanos” y que estuvo motivada por “su opinión política”.
Según el documento, la detención del gobernador vulnera ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tras evaluar el caso, el Grupo de Trabajo concluyó que corresponde su liberación inmediata, además de garantizarle el derecho a una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional. Por otro lado, instó al Gobierno de Bolivia a tomar las medidas necesarias para alinear la situación con las normativas internacionales, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, señaló que las recomendaciones del Grupo de Trabajo “no tienen carácter vinculante, obligatorio, ni pueden sustituir los procedimientos judiciales internos de los Estados, por tanto, Bolivia no reconoce ni admite su opinión respecto a la detención del gobernador de Santa Cruz”.