Cierre de Diremar: tiene 44 días para concluir operaciones y transferir sus archivos

La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos (Diremar) tiene un plazo de 44 días para su cierre operativo y definitivo, tiempo en el cual debe transferir a la Cancillería y Procuraduría General del Estado, toda su documentación de actuados en la demanda marítima y el Silala, procesos pendientes, pasivos y otros, según establece el Decreto Supremo 5376 aprobado el miércoles por el gabinete del presidente Luis Arce.

La norma, en su artículo 2, parágrafo I, establece como fecha de cierre operativo de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales el 31 de mayo de 2025. Y el parágrafo II fija como fecha de cierre definitivo de la entidad el 30 de junio de 2025.

Del 1 al 30 de junio de 2025, la dirección mantendrá el personal mínimo necesario para realizar el cierre definitivo y la presentación de los estados financieros.

El Decreto en su artículo 3 indica que los activos y pasivos, incluidas las obligaciones sociales y laborales, serán transferidos por Diremar y asumidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, la Cancillería asumirá los procesos judiciales y administrativos que tenga pendiente esa dirección y los que pudieran surgir, sea en calidad de demandante o de demandado.

Diremar fue creada mediante el Decreto Supremo 0834, el 5 de abril de 2011, al igual que el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima. Según la propia entidad, nació para prestar apoyo necesario en cualquier acción diplomática, jurisdiccional y administrativa —emergente de la demanda marítima boliviana—, al Consejo de Reivindicación Marítima, al Consejo permanente de ex presidentes, ex cancilleres, personalidades e intelectuales y al agente o coagente del Estado ante tribunales internacionales, así como en la demanda del Silala y en cuestiones relativas a recursos hídricos internacionales.

Archivo y documentación

El Decreto también establece que la documentación física, el archivo institucional, biblioteca e información en formato digital de Diremar serán entregados al Ministerio de Relaciones Exteriores, debidamente foliados y catalogados, según corresponda; así como clasificados y codificados, identificando el grado de confidencialidad, bajo inventario, mediante actas de entrega y recepción verificadas.

Esa cartera de Estado remitirá una fotocopia legalizada de los originales a la Procuraduría General del Estado, de acuerdo a sus atribuciones legales de los actuados procesales generados a partir de la demanda marítima de Bolivia contra Chile "Obligación de negociar el acceso al Océano Pacífico" y la demanda del Silala "Controversia sobre el estatus y uso de las Aguas del Silala", incluyendo los fallos y resoluciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia.

La Procuraduría deberá mantener confidencialidad y reserva.

Resguardo

El Decreto dispone que, por razones de seguridad nacional y por la naturaleza estratégica de las actuaciones del Estado en materia de reivindicación marítima y de defensa de los manantiales del Silala y/o de recursos hídricos internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores resguardará la información identificada como confidencial y reservada, generada por la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales.

La información identificada como confidencial y reservada, no podrá ser publicada, utilizada o difundida por ninguna persona natural o jurídica, con excepción del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No basta el cierre formal

El analista internacional Francisco Xavier Solares opinó que el decreto solo establece el cierre formal de Diremar, pero nunca hubo una evaluación objetiva del trabajo de Diremar y del cumplimiento de sus objetivos y metas fijadas por año desde su creación.

“Se puede cerrar Diremar y seguir los pasos formales que se exigen, pero en el fondo nunca hubo una autoevaluación de la entidad de cada año de gestión. Se creó y generó un gasto al Estado que pudo ser asumido por la Cancillería”, precisó.

Solares sostuvo que esa Dirección solo fue creada por el Gobierno de entonces con fines políticos y de propaganda, ya que la demanda marítima en La Haya, estaba en puertas de un proceso electoral.

“Diremar fue usada políticamente en una estrategia electoral, y se canalice un liderazgo político, se sumó la improvisación, la falta de planificación y no se consideró a otras instancias con una visión diferente”, apuntó.

Solares insistió que a la fecha no se conoce de la presentación de un informe y evaluación y resultados alcanzados por Diremar a la Asamblea Legislativa y la Comisión de Relaciones Internacionales.

Agregó que Diremar debe presentar un informe general del proceso en La Haya por la reivindicación marítima y por las aguas del Silala y en sus estados financieros se debe detallar cuánto se pagó a los consorcios internacionales que apoyaron los procesos como a los voceros que acompañaron la demanda.

Este año, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 se contempló para Diremar, una asignación de 11,4 millones de bolivianos. En 14 años, al menos 346,7 millones de bolivianos fueron destinados por el Gobierno para el funcionamiento de esta dirección.

El 23 de marzo, el presidente Luis Arce anunció la disolución de Diremar, debido a que —según dijo— ya terminó su ciclo. La autoridad indicó que se realizará una “evaluación” de los procesos iniciados por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, mismo que estuvo bajo responsabilidad de esta institución.