Reacción
Evo, que fue sindicado por “persecución política” contra opositores, dice que en Bolivia se persigue a quienes piensan diferente
El exmandatario Evo Morales, quien durante su gestión como presidente fue acusado de llevar adelante una “persecución política” contra sus opositores, sostuvo este lunes que en el país con el Gobierno “no hay Estado de derecho”, sino un “terrorismo de “Estado que difama, persigue y encarcela a los bolivianos que piensan diferente”.
La reacción de Morales se da luego de la detención de la juez Lilian Moreno, quien emitió una resolución que anuló la orden de aprehensión contra él, que había emitido la fiscalía de Tarija, por los delitos de trata y tráfico de personas. Sin embargo, ese fallo fue revertido por otro juez de La Paz.
“Desde hace tiempo voy denunciando que en Bolivia, con el gobierno actual, no hay estado de Derecho. Aquí rige el terrorismo de estado que difama, persigue y encarcela a los bolivianos que piensan diferente. No buscan justicia sino venganza brutal. Usan para eso operaciones policiales, ilegales y abusivas, propias de las dictaduras”, indicó Morales, desde la red X.
En su post, el dirigente cocalero señala que “el Gobierno ni siquiera respeta a jueces de garantías constitucionales que solo buscan el respeto al debido proceso”.
Por ello, pidió a “organismos internacionales actuar ante el irrespeto de los derechos humanos y constitucionales del gobierno contra sus ciudadanos indefensos, perseguidos y amenazados permanentemente”.
Un informe de Human Rights Watch, difundido el 11 de septiembre de 2020, indica que "muchos de los rivales políticos y críticos de Morales fueron procesados o investigados en función de acusaciones que parecen haber estado motivadas políticamente". Entre los casos que cita ese reporte está el denominado caso Terrorismo.
El caso más emblemático de vulneraciones contra el debido proceso, durante el gobierno de Morales, fue el que está relacionado con Marco Antonio Aramayo, quien denunció los millonarios desfalcos y casos de corrupción en el Fondo Indígena. El gobierno de Morales le abrió 256 procesos penales. Al final el exfuncionario murió en la cárcel en abril de 2022. Tenía 54 años y estuvo preso desde 2015.