El peor incendio en la historia de Bolivia ocurrió en 2024: 12,6 MM de ha quemadas

En 2024, Bolivia sufrió el peor incendio forestal de su historia, con 12,6 millones de hectáreas afectadas, según una investigación de la Fundación Tierra titulada Incendios Forestales 2024: Tras las huellas del fuego. Además, el estudio plantea seis recomendaciones de políticas públicas para frenar la escalada de este desastre ambiental en el país.

“A nivel nacional, el área quemada durante el año 2024 alcanza a 12,6 millones de hectáreas. Es la cifra más alta registrada en la historia boliviana, dejando en segundo lugar lo sucedido en 2019, cuando se quemaron 5,3 millones de hectáreas en Bolivia”, señala la investigación.

De acuerdo con Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, por ejemplo, “una hectárea de quema ha provocado, en promedio, 10 hectáreas de incendio; esa es la relación que se tiene entre el fuego intencionado y el fuego no intencionado, que es propiamente el incendio forestal”.

El estudio, que se presentará  la próxima semana, establece que Santa Cruz es el departamento más afectado, con una superficie quemada que asciende a 8,5 millones de hectáreas; esta cifra representa el 68% respecto al total nacional.

El segundo departamento más afectado es Beni, con una superficie quemada de 3,4 millones de hectáreas, equivalentes a un 28% del total. Ambas regiones concentran el 96% de la superficie quemada en Bolivia.

La investigación da cuenta que el 60% (7,6 millones de hectáreas) del área quemada es bosque, mientras que el resto, el 40% está conformado por pasturas, sabanas y zonas de vegetación no boscosa.

Existe, sin embargo, una marcada diferencia entre Santa Cruz y Beni porque los incendios en el primero afectaron mayormente a zonas boscosas, mientras que en Beni se concentraron en áreas de ganadería extensiva, pasturas y áreas de inundación. El 89% del bosque quemado se encuentra en el departamento de Santa Cruz, el 10% en Beni y 1% en el resto de los departamentos.

Los incendios, en Santa Cruz, han impactado, principalmente, en territorios indígenas, áreas protegidas y tierras fiscales, seguidos por empresas agropecuarias y nuevas ocupaciones. La distribución de los incendios sugiere una mayor vulnerabilidad en regiones con alta cobertura boscosa y zonas de conservación.

No obstante, el hecho de que los incendios estén concentrados mayormente en las TCO, áreas protegidas y tierras fiscales no significa necesariamente que son los responsables directos, debido a que el fuego no se originó por igual en todas las zonas, sino que se propagó a partir de determinados puntos y zonas de origen.

En el estudio se optó por una clasificación del origen del incendio en dos grandes categorías: fuego intencionado o “deseado” y fuego no intencionado o “indeseado”. El primero se refiere a la quema malintencionada, entendida como acciones deliberadas sin fines productivos inmediatos ni desmontes planificados. En cambio, el segundo podría especificarse solamente como “incendio forestal”, ya que se refiere a la propagación descontrolada del fuego que se origina en las quemas agropecuarias o malintencionadas.

Siempre, según el estudio, en Santa Cruz, el fuego mayormente se originó en las llamadas quemas malintencionadas y en menor medida en las quemas agropecuarias. Ambos tipos de quemas califican como fuego intencionado. Las quemas malintencionadas representan el 66% del fuego intencionado y el restante 34% está compuesto por quemas agropecuarias.

Estas tasas de participación evidencian que las quemas no planificadas y no controladas causaron la mayor parte de los incendios, lo que devela la existencia de grandes debilidades en el manejo integral del fuego, uso planificado y fiscalizado del fuego, trabajos preparatorios y preventivos en terreno, entre otros. Las quemas también evidencian que hay incumplimiento de las tareas de fiscalización y monitoreo por parte de las autoridades agroambientales.

Responsables directos de los incendios
La investigación señala cuatro responsables que son, los asentamientos y predios ilegales dentro de áreas protegidas, dentro de las TCO o territorios indígenas, empresas agropecuarias legalmente establecidas y nuevas comunidades en tierras fiscales.

El primero se trata de comunidades o predios individuales ilegalmente asentados en zonas no permitidas para nuevas ocupaciones con fines agropecuarios.

El segundo, aunque son de dominio colectivo e inalienable de comunidades indígenas, en los hechos, grandes áreas de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) están bajo control de ajenos o “terceros”.

El tercero hace referencia a las medianas y grandes propiedades ganaderas que ya fueron saneadas y tienen títulos de derecho propietario; pero la mayoría de ellas está implicada en procesos irregulares de conversión de tierras.

El cuarto responsable de los incendios tiene que ver con los  asentamientos autorizados y no autorizados de comunidades interculturales que desmontaron en los años recientes grandes áreas para la agricultura mecanizada y ganadería comercial.

Recomendaciones
La investigación plantea seis recomendaciones. La primera se refiere de transitar de quemas malintencionadas a quemas controladas o planificadas, lo que es un desafío crítico y complejo por lo que se necesitan reformas integrales en lugar de medidas puntuales o aisladas. Las sanciones, que tienen que ser más duras, deben estar acompañadas por la fiscalización.

La segunda se refiere a la  intervención preventiva y focalizada en zonas neurálgicas o estratégicas. Los principales puntos de origen del fuego son relativamente pocos y mayormente están concentrados en zonas conocidas y accesibles. Por tanto, los controles preventivos establecidos en puntos estratégicos pueden marcar la diferencia y podrían resultar mucho más efectivos y menos costosos que los operativos de combate del fuego descontrolado.

En la tercera, se plantea una auditoría técnica y legal de las autorizaciones de desmontes en zonas de bosques protegidos y tierras ganaderas, porque existen varios indicios fundados en información verificable sobre el otorgamiento indiscriminado de permisos y autorizaciones para el cambio del uso del suelo, desmontes y quemas en áreas boscosas.

En la cuarta recomendación se sugiere la realización de una rendición pública de cuentas sobre los asentamientos de comunidades en tierras fiscales.

En la quinta, se recomienda la  verificación de asentamientos y mercados irregulares de tierras dentro de las TCO o territorios indígenas. Este informe muestra que los territorios indígenas si bien han sido mayormente víctimas de incendios provocados en otras zonas, también han sido puntos de origen del fuego intencionado.

En la sexta sugerencia, se plantea la zonificación de la agricultura mecanizada. La exacerbación de los incendios evidencia que los mecanismos vigentes de planificación del uso del suelo no han logrado regular y mantener bajo control la expansión desordenada de los monocultivos y tampoco coadyuvó a la protección de la agricultura biodiversa y bosques.

Socialización
Colque dijo que esta investigación será socializada y también entregada a los miembros de la Asamblea Legislativa con el fin de que presten atención a estos hechos y puedan fiscalizarlos, y en particular al gobierno departamental de Santa Cruz, que está interesado en conocer esta temática.

“Nuestra intención es que las autoridades recojan las recomendaciones que estamos haciendo en este estudio para evitar a partir de julio que otra vez tengamos este desastre natural”, indicó el investigador de la fundación.

Aunque, añadió que muchas veces este tipo de estudios y documentos no son utilizados.
El incendio de magnitud que afectó al territorio nacional,  según Colque, puso de manifiesto que se tiene un país que está erosionando las bases fundamentales de convivencia como sociedad. “Tenemos una crisis económica, ambiental y social”, agregó.

Consideró que los incendios tienen que ver fundamentalmente con el interés de hacer negocios con la agricultura mecanizada que ha sido incentivada desde el poder político como una oportunidad de negocio, porque hay pocos sectores que exportan y tienen altas tasas de ganancias.

El sector de la agricultura mecanizada es uno de los pocos que tiene alta rentabilidad económica, insistió Colque, y ese atractivo fundamentalmente viene a partir de la subvención al diésel, de los precios altos para la exportación, por ejemplo, de soya y derivados, y también ahora a partir de la demanda de estos productos para la producción de biocombustibles por parte del Estado.