GAFI
Gobierno propone incluir agentes encubiertos en investigaciones de ganancias ilícitas
Luego de que el Grupo de Acción Financiera (GAF) incluyera a Bolivia en su “lista gris”, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, anunció este miércoles que se enviará a la Asamblea Legislativa dos cambios en la ley para introducir “nuevas técnicas de investigación”, que incluyen el uso de “agentes encubiertos” en la lucha contra el crimen organizado y la legitimación de ganancias ilícitas.
“Una de las recomendaciones del GAFI es incorporar técnicas de investigación sobre delitos de mucho riesgo que tienen que ver con organizaciones criminales, como el financiamiento al terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas; en ese sentido, se está enviando a la Asamblea un anteproyecto de ley que solicita la modificación de las técnicas de investigación en el código de procedimiento penal”, manifestó la nueva ministra en una conferencia de prensa.
Saravia explicó que esas técnicas incluyen agentes encubiertos, “referida a la intervención de policías especializados, provistos de una identidad falsa, cuyo fin es colectar mayor información”.
Además, proponen “entregas vigiladas” que tiene por finalidad realizar el seguimiento de una remesa ilícita para que esta llegue a su destino sin ser interceptada con el objetivo de identificar a los miembros que componen esa red.
La ministra indicó que estas técnicas “implican operaciones complejas y sofisticadas que generalmente están relacionadas con estructuras ilegales que se esconden a través de empresas fachada, cuentas en el exterior de las que no se puede hacer seguimiento. Se trata de estructuras clandestinas que hacen transacciones con diferentes monedas”, explicó.
La semana pasada, GAFI agregó a Bolivia a su "lista gris" de países sometidos a una supervisión reforzada y anunció que trabaja "activamente" para "corregir las deficiencias estratégicas orientadas a detectar y prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva".
En esa misma conferencia, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que el país tiene dos años para modificar la normativa y salir de esa lista, pero advirtió que, si no se hacen esos cambios en el plazo, “Bolivia no sólo no saldrá de la lista gris, sino que ingresará a una lista negra”.