Números rojos: estudio ubica a Bolivia como el país más corrupto de América Latina y el segundo a nivel global 

El Índice de Estado de Derecho de World Justice Project  (WJP) ubica a Bolivia en el último puesto en la región, por debajo de Venezuela, y en el penúltimo a nivel global en el indicador “ausencia de corrupción” en el Estado, solo por encima de Congo. El trabajo se realizó con base en los datos de 2024. El Gobierno aún no se pronunció al respecto. 

Según los datos de ese índice, a nivel de América Latina y el Caribe, Bolivia se ubica en el puesto de 32 de 32 países medidos -en el último lugar- en el indicador “ausencia de corrupción”.  A escala global, Bolivia se ubica en el puesto 141 de 142 países analizados, en el penúltimo lugar, solo por encima del Congo. 

Lee también: Microempresarios ven insuficientes las medidas del Gobierno y piden rotación de militares en el control del contrabando para evitar corrupción

Bolivia obtuvo 0,23 puntos en el índice, lo que significa una caída de cuatro posiciones respecto al anterior informe de WJP. En la medición de 2023, a escala global, el país se ubicó en el puesto 137 de 142 países analizados. A nivel regional, se ubicó en el penúltimo puesto, solo por encima de Haití, con 0,25 puntos.  

El ítem “ausencia de corrupción” que mide  WJP se basa en cuatro puntos: 1) Que los funcionarios del Ejecutivo no utilicen el cargo para fines privados; 2) Que los funcionarios del Poder Judicial eviten el uso indebido del cargo para beneficio personal; 3) Que los integrantes de la Policía y el Ejército no aprovechen su posición para obtener ventajas privadas; y 4) Que los funcionarios del Poder Legislativo no se beneficien personalmente del cargo.

Lee también: Comisión abre periodo para recibir información sobre denuncias de corrupción en YPFB y Botrading

El Índice WJP

"El Índice de Estado de Derecho del WJP mide la ausencia de corrupción en el gobierno”, se señala en el portal de la organización. Ese indicador considera tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados, y malversación de fondos públicos u otros recursos. 

Para el trabajo realizado, se señala en ese espacio, esas tres formas de corrupción se examinan con respecto a funcionarios gubernamentales del poder ejecutivo, el poder judicial, las fuerzas armadas, la policía y el poder legislativo.