España
Un juez envía a prisión por corrupción a Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE
EFE / Madrid
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán por su presunto papel en una trama de reparto de mordidas por supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública.
El magistrado, que ha atendido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones, considera que el ex número tres del PSOE pudo incurrir en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Así lo explica en el auto donde acuerda la medida más gravosa desde que abrió la causa, que también se dirige contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes tienen la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
La razón, según el magistrado, es el "peligro fundado" de que el ex número 3 del PSOE pueda "ocultar, alterar o destruir" pruebas porque, a diferencia de los otros investigados, no ha sido objeto de un registro policial, ni tampoco se ha practicado aún "la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial", ya encargada a la UCO.
El magistrado, que rechaza que haya riesgo de fuga o de reiteración delictiva, habla del estado "muy inicial" de una investigación en la que, sin embargo, "se le atribuyen indicios muy consistentes".
El exdirigente del PSOE ya ha ingresado en la cárcel madrileña de Soto del Real. Fuentes próximas al caso han indicado a EFE que el que fuera secretario de Organización del PSOE y diputado de este partido ha llegado al centro penitenciario en un furgón de la Guardia Civil poco antes de las cinco de esta tarde.
Ahora, Cerdán tendrá que someterse a los trámites previstos en los ingresos antes de adjudicarle el módulo donde permanecerá en prisión preventiva.
El juez destaca el "específico papel" que tendría Santos Cerdán en la trama en la que ubica junto a él a Ábalos y a Koldo García, quienes "en compañía y con el auxilio de terceros", podrían haber conformado una organización criminal orientada "a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública".
Santos Cerdán, explica, sería "quien se encargaba de reclamar a las constructoras" las cantidades adeudadas, "las recaudaba y las hacia llegar después" a Ábalos y Koldo García, con quienes tendría un "relación vertical" de "cierta preeminencia".
Él sería, subraya, "el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos" obtenidos, y recuerda que, según las conversaciones grabadas por Koldo García, era a Santos Cerdán a quien pedían "inequívocamente" las cantidades adeudadas, e incluso él mismo se comprometió a reclamarlas.
Resalta así la "posición funcional" de Santos Cerdán en la trama, al ser quien, presuntamente, "interactuaba con las empresas" adjudicatarias, se comprometía a reclamar los pagos, y los distribuía, "al menos", a Ábalos y a Koldo García, quienes, sin embargo, podrían desconocer quiénes eran los supuestos corruptores y cuánto pagaban.
Obras de más de 500 millones
El magistrado da importancia al total de obras adjudicadas a Acciona que están bajo sospecha, de unos 537,2 millones de euros, y sostiene que "el botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para" Ábalos y García se sitúa en torno a un millón de euros.
Esta cantidad, dice, es "un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas", y lanza por hipótesis: si el "premio" fuese un 1% del valor de las adjudicaciones -"porcentaje aún muy contenido"-, este "equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros".
Algo que, concluye, "refuerza" la idea de que más personas, "físicas o jurídicas" se puedan haber lucrado.
El juez destaca también el "elocuente denominador común" de las obras presuntamente amañadas en diferentes provincias (Logroño, Sevilla, Murcia, Barcelona): todas fueron adjudicadas a Acciona Construcción, que concurría en UTE con empresas de menor envergadura, sin que en ningún caso la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, sino que fue favorecida por criterios de valoración subjetiva.