2025-07-03

Existe rechazo al tratamiento

Cuarto intermedio en sesión de Diputados que debía tratar el contrato de litio con el consorcio chino CBC

El litio no se regala, el litio no se vende”, fue el grito que parlamentarios que rechazan el debate de la ley de contratos expresaban mientras estaban apostados en la parte frontal del hemiciclo.

La sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, ingresó en cuarto intermedio, cuando se aprestaba a debatir uno de los contratos de industrialización del litio con el consorcio chino CBC.

La tensión regresó al hemiciclo cuando cerca de las 13.40, tras haberse instalado la sesión en la Cámara de Diputados, parlamentarios que se oponen al contrato, rechazaban el inicio del debate, reportó la red televisiva Unitel.

”El litio no se regala, el litio no se vende”, era el grito que parlamentarios que rechazan el debate de la ley de contratos expresaban mientras estaban apostados en la parte frontal del hemiciclo.

Ese contrato es deservicios con el consorcio chino CBC (CATL, BRUMP y CMOC) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que  prevé implementar dos plantas industriales, cada una en dos fases, una con capacidad de 25.000 toneladas métrica al año y otra de 10.000 toneladas métricas al año, con una inversión de 1.030 millones de dólares. Fue suscrito en noviembre de 2024.

El presidente de Diputados, Omar Yujra, determinó dar un cuarto intermedio en sala a la espera de continuar con el tratamiento de este punto, que está en el orden del día.

Los diputados que rechazan la norma anunciaron que no se moverán del lugar hasta conseguir que el debate de la norma se aplace hasta la próxima legislatura, es decir, hasta después de noviembre.

Horas antes, la Policía desalojó a miembros de un bloque de Comcipo que también solicitó la suspensión del tratamiento de la norma.

Aspectos polémicos del contrato

Las fundaciones Jubileo, Solón y otras instituciones alertaron sobre varias cláusulas en los contratos de litio con Uranium Group y CBC que van en desmedro de los intereses del país.

Por ejemplo, no contemplan la realización de procesos de consulta para obtener el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas, a pesar de que las afectaciones a fuentes de agua dulce tendrán lugar dentro de la TCO Nor Lípez.

Con CBC estas son algunos puntos polémicos del contrato: 

1.- Cláusula quinta

Está relacionada con la planta de procesamiento de salmuera residual. Esta establece que, en cualquiera de sus fases, si el suministro de salmuera residual no garantiza la viabilidad económica del proyecto para CBC, “YLB deberá proporcionar financiamiento a CBC para transformar la planta de salmuera residual en una planta de extracción de salmuera de pozo con la misma capacidad productiva, e YLB se obliga a proporcionar salmuera de pozo a CBC en lugar de salmuera residual” (Cláusula 5.3).

2.- Cláusula novena

La cláusula novena del contrato introduce un mecanismo interesante: si las plantas no logran producir los volúmenes acordados de producto según el plan de operación y mantenimiento durante tres meses consecutivos, ambas partes deben investigar la causa de dicha falla. En caso de que se determine que una de las partes es responsable, esta deberá indemnizar a la otra por las pérdidas económicas ocasionadas.

El contrato con CBC plantea, según el Gobierno, una inversión de 1.030 millones de dólares, pero en realidad, la fundación Solón y otras instituciones señalan que se trata de un préstamo que deberá devolver el país. 

El crédito tiene una tasa de interés del 12% como señala la documentación del anexo financiero del contrato chino con CBC.  

Además, YLB contratará a CBC para la operación y mantenimiento de las plantas industriales, servicio que será remunerado en especie, es decir, con carbonato de litio grado batería (Cláusula 13.1). Según el anexo financiero del contrato con CBC, YLB pagará la inversión inicial en un periodo de 20 años. Durante los primeros 10 años de operación se pagará el 90% de la inversión, y los siguientes 10 años el 10% restante. 

Por otro lado, por la tasa de interés de 12%, CBC cobrará adicionalmente 1.700 dólares por tonelada producida de carbonato de litio, por concepto de la Licencia de Servicio Técnico, es decir, el pago por el uso de su tecnología de EDL (Extracción Directa de Litio).

El pago de la Licencia de Servicio Técnico (1.700 USD) a CBC es más del doble del pago de regalías, que actualmente es el 3% del precio de venta.

Otras observaciones

La Fundación Jubileo, la Fundación Milenio, la Fundación Solón, el Club de Ginebra, y el Cedib emitieron el miércoles un pronunciamiento, en el que expresaron su firme rechazo y se declararon en estado de alerta ante esta tentativa de comprometer el futuro del país en un momento crítico de inestabilidad política y profunda crisis económica.

Señalan que los contratos:

  • Son incompletos, confusos e incongruentes en su redacción y alcance.
  • No muestran ninguna garantía de éxito técnico de una tecnología cuya utilización no se ha demostrado en las condiciones de los salares bolivianos
  • No presentan un plan de negocios serio y confiable que demuestre una viabilidad económica de las inversiones ante un escenario internacional altamente incierto y volátil. Los precios del Li2CO3 actuales en el mercado internacional no cubren los costos de explotación, los que a su vez aún no han sido evaluados con seriedad y menos socializados por el gobierno.
  • Trasladan los riesgos financieros al Estado, al comprometer a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a reembolsar a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones, mediante la producción de carbonato de litio.
  • Se basan en proyecciones financieras de YLB sobredimensionadas y poco realistas. • Incluyen cláusulas técnicas y financieras que favorecen desproporcionadamente a las empresas CBC y Uranium One, minimizando sus riesgos y maximizando sus beneficios, en detrimento de la rentabilidad que debería corresponder a Bolivia.
  • No abordan adecuadamente los impactos ambientales por falta de información científica básica, ni establecen mecanismos claros de mitigación.
  • No garantizan el cumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informado de las comunidades afectadas.
  • Dificultan la posibilidad de renegociar a futuro un aumento en las regalías mineras (actualmente en 3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores.
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