Libertad de expresión
Asociaciones de periodistas rechazan la "criminalización de opiniones difundidas en RRSS" tras aprehensión de tiktoker
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), rechazaron este miércoles la aprehensión del tiktoker cruceño Juan Carlos Villafuerte y expresaron su preocupación “por el uso del aparato estatal para criminalizar opiniones difundidas en redes sociales, particularmente cuando se trata de contenidos críticos”.
“La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) acusó a Villafuerte por el supuesto delito de difusión de información falsa por emitir opiniones sobre la escasez de dólares y la devaluación del boliviano, en una clara vulneración al derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos”, dijeron los periodistas en un comunicado.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por el uso del aparato estatal para criminalizar opiniones difundidas en redes sociales, particularmente cuando se trata de contenidos críticos sobre temas innegables de interés público, como la situación económica del país sobre la que diferentes expertos y analistas se han manifestado con los mismos argumentos del tiktoker Villafuerte”, añade el texto.
Los periodistas consideran que estas acciones sientan un precedente peligroso para el ejercicio de las libertades democráticas y constituye una señal de amedrentamiento contra la ciudadanía y los creadores de contenido digital.
“Demandamos se investiguen las irregularidades señaladas por la defensa de Villafuerte, entre ellas la aprehensión sin citación previa y el intento de traslado forzoso a la ciudad de La Paz, lo que vulnera el debido proceso. Nos preocupa además la denuncia de presiones políticas adicionales por sus críticas a autoridades locales”, se lee en el texto.
Además, recordaron que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a opinar, investigar y difundir información sin censura previa ni represalias. “Penalizar la expresión de percepciones sobre hechos que son de dominio público no solo es inaceptable, sino que debilita los fundamentos democráticos del país”.