Penales
Reos de San Pedro y Palmasola protestan, denuncian favoritismo del TSJ y exigen trato equitativo
Privados de libertad del penal de San Pedro de La Paz y de Palmasola en Santa Cruz protagonizaron protestas la mañana de este lunes, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara revisar los tiempos de detención preventiva de expresidenta Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, quienes afrontan procesos vinculados al caso “Golpe de Estado”.
Los reos de otras cárceles consideran un trato preferencial la instrucción del TSJ. También protagonizaron revueltas los internos del penal de Villa Busch, en Pando, quienes mediante comunicados demandaron un trato igualitario conforme a la Constitución.
La protesta se inició en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde reclusos se ubicaron detrás de la puerta principal del recinto con pancartas de protesta.
“Todos somos iguales ante la ley”, “exigimos justicia para todos”, “no al favoritismo político”, son algunos de los mensajes de los presos del penal de San Pedro, donde esta madrugada llegó el excívico Marco Antonio Pumari.
La molestia de los internos surge a raíz del instructivo emitido por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, que ordena a los tribunales departamentales revisar de oficio los plazos procesales de la detención preventiva de Añez, Camacho y Pumari, estos últimos tienen audiencia programada para las 14.00 de este lunes. La audiencia en el caso de Añez comenzó desde las 10.30 aproximadamente.
“Nosotros también tenemos los mismos derechos. A partir de este momento, San Pedro se declara en emergencia”, manifestó uno de los reclusos en entrevista con Bolivia Tv.
Los presos cuestionan que el instructivo solo beneficie a esos tres casos, cuando -según dijeron- existen cientos de personas en detención preventiva por largos periodos sin revisión judicial.
“Que se extienda a todos. También tenemos el derecho de que se revise nuestra situación jurídica. No puede haber justicia solo para algunos”, expresó otro recluso.
El instructivo del TSJ tendría como objetivo evitar vulneraciones a derechos por detenciones prolongadas. En el país, según el Código Penal la detención preventiva no debe exceder los 180 días.